El Gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano.
El Ejecutivo avaló la extradición sobre la base de “la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República (PGR)”, enviada el pasado día 8, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), que asumirá la deliberación final, afirmó Pinto.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio, cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de este país insular de África occidental), en respuesta a una petición de EEUU cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
La PGR recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU y tenía un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.
Ahora, la defensa tiene de plazo hasta el jueves para interponer, ante la citada corte, un recurso contra la decisión del Gobierno.
“Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente”, aseguró a EFE Pinto en conversación telefónica en Praia, la capital caboverdiana.
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde para regresar al país.
La defensa de Saab argumenta que el empresario “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”.
En ese argumento se basarán los procedimientos del ex juez español Baltasar Garzón para defender a Saab ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas, tras haberse incorporado al equipo legal del empresario, señaló Pinto.
El ex juez, que ejerce como abogado, va a “liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab”, explicó Pinto a EFE este lunes.
Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, con una reclamación que se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.
Para conseguir sus objetivos, Saab ha contratado un amplio consorcio de abogados que incluye, además de Pinto y otros letrados caboverdianos, a reconocidos especialistas internacionales como el propio Garzón, el holandés Rutsel Martha (ex director de asuntos legales de Interpol) y la ucraniana Maryna Pogibko, experta vinculada a la firma británica Amadeus en Londres.
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas, Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Su detención acaeció después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles del “patrimonio ilícito” de Saab.
Según la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.