Los cabecillas de las FARC serán condenados por la Justicia Especial para la Paz a ocho años por delitos de secuestro. Les imputan más de 21000 casos, pero no habrá cárcel, como se negoció en La Habana. La pena, más que simbólica, será ridícula y simulada: pura impunidad. Se habla de sembrar árboles como antes se hablaba de sembrar lechugas, solo que estas exigirían trabajo real: cosechar, empacar, comercializar…. Tampoco los pondrán a desminar, pues no son expertos. Si acaso, desde un escritorio señalarán los territorios donde debería hacerse la búsqueda y pare de contar.
El circo con el ELN será igual, pura impunidad. En esa negociación de yo con yo, los elenos recibirán aún más beneficios que las FARC, después de un largo tira y afloje en el que aparenten no querer nada para ellos y solo interesarles «la paz de Colombia». Un proceso pleno del cinismo de siempre que se inició liberando a la terrorista Violeta, en demostración de que las víctimas no importan y de que nunca estarán en el centro de la negociación. Pocos países se atreverían a liberar a alguien condenado por poner una bomba en un centro comercial.
Obviamente, este no es un país cualquiera ni está regido por un gobierno cualquiera: el hampa está en el poder; el M-19, el grupo terrorista que quemó el Palacio de Justicia inmolando a la Corte Suprema. Por eso, la pretendida «paz total» da para todo, sobre todo para echarle tierra a todo lo que pasa. No se puede decir muy duro que en este gobierno los muertos de la violencia se siguen contando por volquetadas, literalmente, como esa veintena que cayó en el Putumayo, en combates entre dos «disidencias» de las FARC, cuya desmovilización fue una farsa, solo que ahora se dedican de lleno al narcotráfico y dejaron de simular pretensiones políticas.
Y tampoco se puede hablar de vías cerradas, camiones incinerados, violencia y crimen desbordados en las ciudades, asesinatos de líderes sociales, las muertes de mujeres y menores, etc. Todo eso que las hordas petristas le achacaban al presidente Iván Duque en las redes sociales, hoy tratan de ocultarlo. Gustavo Petro no solo no ha podido hacer nada contra eso, sino que sus políticas de impunidad, de legalización de las drogas, de debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de Policía, etc., terminarán por empeorar la violencia disparando los índices delincuenciales y de homicidios.
De nada se puede hablar si no se quiere exponer uno a ser cancelado o silenciado. Ni siquiera se puede denunciar que el gobierno de Petro se gastó más de 230 millones en equipos de video para hacer los diez documentales en que elevan sus primeros cien días al altar de la historia patria, de obligatoria consulta y adoración en colegios y universidades, o el listado de requerimientos hechos por la Casa de Nariño para que el humilde presidente de los colombianos pudiera visitar por unos minutos la población de Sabanalarga, Atlántico, un moridero inundado por las lluvias y la pobreza: café descafeinado, aromáticas, Redbull, Gatorade, Coca-Cola Zero, Pony Malta, stevia, tabla de quesos y jamón, consomé de carne y papa, chocorramos y muchas otras cosas más. ¿Creyó que iba para un concierto? Es el gobierno de la «gente».
Las mentiras pululan y se repiten. Otra vez se echó mano del mito de La Escombrera, en Medellín, la que sedicentes defensores de derechos humanos magnifican con la falacia de ser «la fosa común más grande del mundo», donde aducen que están enterrados los supuestos desaparecidos de la Operación Orión, asesinados por los paramilitares y el Ejército. Se decía que allí había cerca de 10000 restos humanos, después se bajó la cifra a unos 2000, luego se especuló que podría ser medio millar y finalmente se habló de unas decenas. En 2015 se removieron 25000 metros cúbicos de tierra a un costo cercano a los 20000 millones de pesos y solo había unos huesos de perro. Hoy la historia se repite: excavaron en otro sector y solo encontraron unos fragmentos de hueso que Medicina Legal aún no ha certificado que sean humanos, pero que hacen más ruido que una volquetada de muertos.