El Gobierno de España se mantiene de momento en su negativa a reconocer la victoria de la oposición de Venezuela en las elecciones celebradas el pasado 28 de julio, tal y como le sigue reclamando el PP. En una comparecencia este martes en el Senado, el ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que la solución a las discrepancias sobre el resultado «tiene que ser un acuerdo pacífico entre los propios venezolanos en pleno ejercicio de su soberanía» y ha recriminado al partido de Alberto Núñez Feijóo que se «apoye en esta crisis» para «tratar de erosionar» a Pedro Sánchez.
Además, el jefe de la diplomacia española ha asegurado que el Ejecutivo central «valora y aprecia» la labor del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el régimen de Nicolás Maduro pese a haber hecho lobby para que el Grupo Puebla -que aglutina a representantes de la izquierda política latinoamericana y europea- no se uniera a las exigencias de transparencia del proceso de votación. Según ha defendido, su ayuda para «liberar a muchos presos» es también «reconocida» por el candidato opositor Edmundo González Urrutia y por la líder opositora María Corina Machado.
La Unión Europea ha reclamado «una verificación independiente de los registros electorales» en Venezuela, «si es posible por parte de una entidad de renombre internacional». De esta forma los 27 se han unido al grupo de países que desconocen los resultados oficiales suministrados por el chavismo en las presidenciales del 28-J y, por tanto, no reconocen la victoria del dirigente que ha estado al frente del Gobierno desde 2013, una posición de la que España no se desmarca.
En el PP, sin embargo, emplazan al Gobierno a aclarar «si está con los derechos humanos y la libertad o con el régimen de Maduro». Alicia García, portavoz del partido en el Senado, ha acusado al Ejecutivo de permanecer «desaparecido» y de mantener un «silencio cómplice» por no haber «condenado la represión que está sufriendo Venezuela, con 2.000 detenciones, entre ellas cien niños, según ha denunciado una misión diplomática de la ONU, torturas y desapariciones».
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reclamado «la divulgación de los resultados electorales», que sigue sin producirse 15 días después de la celebración de los comicios. «En conversación con Edmundo González he reafirmado la posición de la UE: publicación y verificación de actas, fin a la represión y necesidad de un diálogo con garantías que refleje la voluntad popular», escribió el lunes el también político socialista en un mensaje en la red social X.
DEBATE EN EL SENADO
Durante la celebración de una sesión extraordinaria de a Comisión de Asuntos Exteriores este martes en el Senado, Albares ha denunciado «los bulos y falsedades» que, a su juicio, han sido vertidos por dirigentes del PP desde la celebración de los comicios venezolanos sobre la actitud del Gobierno. En este sentido, ha incidido en que España fue «el primer país europeo y uno de los primeros del mundo en exigir la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables».
«Queríamos y lo seguimos queriendo hoy que se respete la voluntad democrática de los venezolanos, una línea que, por cierto, después han seguido nuestros socios europeos, y también fuimos el primer europeo y uno de los primeros del mundo en actuar para proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales de todos los venezolanos, especialmente el derecho de reunión y de manifestación pacífica. Este liderazgo lo han reconocido y han expresado su agradecimiento por múltiples vías los líderes de la oposición venezolana, incluidos Edmundo González y María Corina Machado, con los que estoy en contacto», ha agregado el ministro.
En el PP, por su parte, acusan a Albares de «subordinar la política exterior de España a los intereses del sanchismoy de Zapatero». Según la portavoz en el Senado, la «tibieza con la dictadura de Maduro» del jefe de la diplomacia española «no está a la altura de la gravedad de las circunstancias» y asegura que «no pinta nada», que «sólo obedece las órdenes» del presidente del Gobierno y de su antecesor socialista en La Moncloa.