La alianza de partidos que respalda a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, presentó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una demanda para suspender al Movimiento al Socialismo (MAS) de las elecciones previstas para el 6 de septiembre. El oficialismo acusa al candidato del MAS, Luis Arce, de haber difundido una encuesta propia, lo que en Bolivia constituye un delito electoral y se sanciona con la inhabilitación. Arce ha rechazado la acusación. La posibilidad de impedir que el MAS participe de las elecciones ha estado en el discurso de la derecha radical boliviana desde que se convocó a las elecciones. La novedad es que ahora la iniciativa ha surgido desde el frente que respalda a Áñez, y tiene posibilidades de concretarse.
La Ley del Régimen Electoral fue diseñada y aprobada por el propio MAS en junio de 2010. Su artículo 136 establece que las “organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral por cualquier medio, serán sancionadas (…) con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”. Esta dura sanción se aplicó una sola vez, en medio de un gran escándalo, en las elecciones regionales y municipales de 2015. El partido regional que entonces quedó eliminado fue justamente el de Áñez, que postulaba a la Gobernación de Beni a Ernesto Suárez, el mentor político de la presidenta.
Luis Arce mencionó un sondeo por televisión y quedó bajo fuego. El impacto político de una suspensión de Arce, sin embargo, será mucho mayor que aquel de 2015. Arce es el favorito para ganar la primera vuelta electoral, aunque no se sabe si con la diferencia necesaria para evitar un balotaje. Los sindicatos relacionados con el MAS han amenazado, además, con promover la “convulsión social” si el partido del expresidente Evo Morales es eliminado de la disputa.
El MAS sostiene que Arce no buscó difundir una encuesta partidaria, que es lo que intenta evitar la ley, sino que respondió a la pregunta de un periodista sobre el sondeo en cuestión. También argumenta que los comentarios de Arce se dieron antes de que el calendario electoral se reanudara, es decir, fuera del periodo en que los partidos están bajo los efectos de la Ley de Régimen Electoral.
Quienes impugnan al MAS –se cuentan, además de Áñez, los postulantes conservadores Luis Fernando Camacho y Jorge Quiroga– afirman que el reloj electoral volvió a ponerse en marcha el 25 de junio (Arce habló en la televisión el 14 de julio). En cambio, para el MAS, el 25 de junio únicamente se publicó el calendario electoral y, por lo tanto, la campaña comenzó un mes después.
La decisión final está en manos del Tribunal Electoral, integrado por personalidades elegidas en enero tras un acuerdo de todos los partidos. La conformación supone cierta independencia.
La disputa complica aún más la ya accidentada realización de estas elecciones, convocadas para superar la crisis política abierta por el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre pasado. Hace un mes, y en medio de pugnas, el Gobierno fijó las elecciones para el 6 de septiembre. Hoy, la mayor parte de los partidos políticos buscan postergar esta fecha con el argumento de que la situación sanitaria derivada de la pandemia impide su celebración. Solamente Arce y, parcialmente, Carlos Mesa, sostienen la fecha establecida. Estos son los dos candidatos con mayor preferencia electoral. Para ellos, los grupos políticos que buscan aplazar las elecciones lo hacen porque están mal ubicados en las encuestas.