El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, sigue avanzando en su furor autoritario. En los últimos años ya ha detenido a un diputado por el delito de opinión (a quién la Constitución garantiza el derecho de libre expresión); ya censuró a periodistas como Allan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo y otros; ya negó la gracia presidencial que él mismo había dado con un voto previo que era indiscutible. La semana pasada censuró a la empresa de mensajería Telegram. Obligó a la red social a borrar su mensaje que criticaba la PL 2630 («PL da Censura» para la oposición) e incluso obligó a publicar un mensaje que él quería alegando «abuso de poder económico».
Un extracto de la decisión explica las razones enumeradas por el ministro Alexandre de Moraes:
«La conducta de Telegram constituye, en teoría, no sólo un abuso de poder económico en vísperas de la votación del Proyecto de Ley, por tratar de impactar ilegal e inmoralmente en la opinión pública y el voto de los parlamentarios, sino también una flagrante inducción e instigación a mantener diversos actos delictivos. Conductas practicadas por las milicias digitales investigadas en la INQ 4.874, con agravación de riesgos a la seguridad de los parlamentarios, miembros del Supremo Tribunal Federal y del propio Estado Democrático de Derecho, cuya protección es causa de la instauración de la INQ 4.781«.
Es decir, acusa (y ya juzga) que Telegram intentó impactar de manera ilegal e inmoral en la opinión pública y el voto de los parlamentarios; y en el fondo considera ser crítico con el proyecto de ley 2630 que él defiende como un ataque mismo al Estado democrático de derecho. Parece una relectura actualizada del monarca Luis XIV y ahora dice: «El Estado democrático de derecho soy yo».
La repercusión en los medios brasileños ha sido enorme. Incluso Folha de São Paulo, que es un periódico de izquierda y generalmente simpatizante del gobierno de Lula, publicó un artículo cuestionando el abuso. El diario Folha de São Paulo dijo que «Alexandre de Moraes no señala qué artículos de la ley habría violado la empresa, a pesar de hablar de conducta ilícita».
La abogada Flávia Lefèvre, especialista en derecho digital y del consumidor, en un extracto del informe Folha considera «que la decisión de determinar el bloqueo en caso de incumplimiento fue desproporcionada y dejó abierto un principio de las decisiones judiciales, que es el de bien- motivación fundada».
El diario Estado de São Paulo, que criticó duramente al gobierno de Bolsonaro, señaló los abusos de esa decisión. El diario paulista publicó un artículo titulado: «Alexandre de Moraes, el censor» también afirmó que el proyecto de ley debe garantizar y no dejar dudas de que no habrá censura. Y finalizó su texto reaccionando a esta acción del ministro contra Telegram: «La censura en el debate público es intolerable».
El escritor y periodista JR Guzzo fue aún más mordaz en sus críticas. En su artículo «El STF está en guerra contra la Constitución y los derechos de las personas» publicado en el diario Gazeta do Povo, Guzzo calificó de escandaloso el ataque del STF a Telegram:
«El ataque conjunto del STF y las alas extremistas del gobierno de Lula contra la aplicación de mensajería Telegram es el escándalo más reciente en esta guerra abierta contra la Constitución y los derechos de los ciudadanos. El ministro Alexandre de Moraes, sin ninguna ley brasileña que lo autorice a hacer lo que hizo, obligó a Telegram a retirar de circulación un texto de opinión, criticando el proyecto de control de las redes sociales que el gobierno y el STF quieren imponer a Brasil«.
El experimentado periodista incluso cuestionó: «¿Desde cuándo está prohibido criticar un proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso?». Incluso mencionó que a Telegram no solo se le prohibió expresar su opinión, sino que se le obligó a publicar una opinión exactamente contraria a lo que piensa. Concluyó además que este tipo de actitud es «cosa nazi, o típica del antiguo régimen soviético«.
Esta censura no corresponde a actos aislados del ministro Alexandre de Moraes. El periodista Augusto Nunes recuerda otros episodios de autoritarismo, injerencia en otros poderes y violación de la ley del ministro Moraes. Nunes recuerda que en 2020 prohibió el nombramiento de Alexandre Ramagem cuando la ley dice que es competencia exclusiva del presidente de la República (era presidente Bolsonaro en ese momento); en 2021, el jurista suspendió la inmunidad parlamentaria de Daniel Silveira para arrestarlo; y recientemente suspendió la gracia que Bolsonaro le había dado a Silveira aun cuando es competencia exclusiva del presidente.
El mismo Alexandre de Moraes había afirmado algo exactamente contrario a lo que hace actualmente: «La gracia de que trata este decreto es incondicional y se concederá independientemente de la sentencia firme e inapelable de la sentencia penal condenatoria«, y concluía: «Esta es una atribución del presidente de la República, nos guste o no«.
Por tanto, lo que hace el ministro Alexandre de Moraes es precisamente atacar el Estado de derecho cuando pretende defenderlo. Cuanto más habla del estado de derecho, más viola el juez las garantías más elementales.
En La Gaceta de la Iberosfera en noviembre del año pasado se reseñó el asalto a la democracia que ya venían realizando las altas cortes brasileñas. Se citó un comentario del fiscal Cleber Tavares Neto, quien explicó que el derecho en «Inquérito 4781» es un proceso «líquido y orwelliano«. «Líquido» en el sentido del filósofo Bauman y que nadie sabe cómo se ejercerá; y «orwelliano» por la sensación de que estamos siendo observados por el «Gran Hermano Supremo«. El mismo Cleber Tavares Neto explica que el derecho en Brasil en las acciones de Moraes todavía tiene un carácter «bárbaro», en el sentido de un marco jurídico anterior a la Edad Media que se basaba en la venganza y la voluntad del soberano.
La escalada autoritaria crece cada día en Brasil. Lo peor es que las violaciones vienen de la misma Corte Suprema que debería ser la guardiana de la Constitución. Lo que vemos en el país sudamericano es una aberración tiránica mal disfrazada de tecnicismos legales. Lo que realmente sucede en Brasil es una mezcla distópica.
Las averiguaciones judiciales del ministro tienen mucho de «El Proceso» de Kafka, en el que los acusados nunca tienen acceso a los elementos por los que se les acusa, en un enredo jurídico indescifrable; mezcladas con la barbarie de una voluntad personal del juristócrata. A esto se suma una especie de justicia soviética y un aparato de persecución similar a la Stasi de Alemania Oriental, siempre a disposición de de Moraes para llevar a cabo cualquier decisión sin importar la legalidad.
Todo esto sucede bajo la infame premisa de «defender el estado de derecho» y la «democracia«. Una gran burla para la sociedad brasileña.