Parece que a la política argentina no le alcanzó el desastre de la ley de regulación de precios de alquileres que impulsó el diputado macrista Daniel Lipovetzky. Fue tan grande el fracaso de la normativa (y tan predecible) que ahora se le llama “efecto Lipovetzky” a cualquier acción que genere los efectos opuestos a los que supuestamente apuntaba. A pesar de los fallidos de la década del ochenta y del setenta, los legisladores argentinos cayeron una vez más en la estupidez de buscar regular un precio fundamental, en lugar de atacar las causas que deprecian la moneda permanentemente.
Si algo le faltaba al desastre de la regulación de los contratos fue el “congelamiento” de precios que llegó con la pandemia y la cuarentena peronista. El Poder Ejecutivo, empecinado en continuar con la irresponsabilidad económica total, decidió hace unos meses fijar los precios de las cuotas y prohibir los desalojos por falta de pago. La aberración jurídica y económica vencía este 31 de enero. Como era de esperar, en lugar de comenzar a corregir los desajustes y solucionar los problemas de fondo, Alberto Fernández y compañía se decidieron por extender la distorsión y mantener la situación de emergencia.
“Ya se está trabajando en una prórroga del decreto”, confirmaron desde el Ejecutivo al diario kirchnerista Página 12. Los burócratas confundidos e irresponsables que están detrás de la iniciativa son el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Jorge Ferraresi y la economista Cecilia Todesca. “Buscamos evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda”, señalaron. Conseguirán exactamente eso: agravar la problemática.
La problemática socialista que rompe del contrato al ladrillo
A lo largo de la historia, todos los experimentos socialistas fracasaron por la misma razón: al vulnerar o eliminar la propiedad privada se deshace el sistema de precios. Sin esas señales que conducen la economía, la coordinación de los agentes, como explican los economistas austríacos, se hace imposible. Los incentivos desaparecen y los países comunistas se congelan en el tiempo. No hay innovación, desarrollo ni construcción, más allá de lo vulgar y absurdo que construye el Estado.
Con la regulación de los contratos de alquiler, los “congelamientos de precios” (que ya no son precios) y la imposibilidad de desalojar a inquilinos morosos, lo único que hace el Gobierno argentino es destruir el mercado inmobiliario. Claro que los que tienen un departamento lo quitan del mercado, pero esa es solamente la primera parte del colapso.
La señal que dan las autoridades es la de evitar la inversión en el sector. Es decir, no construir más edificios ni departamentos. El sector de la construcción se resiente, sus proveedores ven mermar su demanda, la gente pierde sus empleos, y el joven arquitecto recién recibido de la Universidad de Buenos Aires decide desarrollar su carrera en el exterior. Esa es la foto de uno de los tantos sectores de la economía que se encuentra bajo la aniquilación irresponsable del populismo peronista. Cada vez que el kirchnerismo rompe un precio o un sector, con una finalidad de corto plazo, genera consecuencias que, en el mejor de los casos, tardarán décadas en reconstruirse.