La Asamblea Nacional de Nicaragua ha dado este jueves ‘luz verde’ a una enmienda que reforma tanto la Constitución como la ley orgánica del poder judicial para suprimir el porcentaje de presupuesto estatal que le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia.
En concreto, la enmienda reforma el artículo 159 de la Constitución, así como el artículo 84 de la ley del poder judicial, que establecen que el Supremo debe recibir no menos de un cuatro por ciento del presupuesto estatal, según el diario ‘La Prensa’.
La Asamblea Nacional ya aprobó a finales de octubre otra enmienda a la Constitución para eliminar la potestad del Supremo de supervisar la administración de los registros públicos de bienes inmuebles y el mercantil, que pasaron a formar parte de la Procuraduría General.
Esta nueva modificación se produce después de que la sede del Supremo fuera intervenida por la Policía y la presidenta de la corte, Alba Luz Ramos, fuera destituida del cargo en el marco de una campaña de despidos masivos dentro del poder judicial -hasta 900 funcionarios- liderada por el comisionado general retirado Horario Rocha, según informó el diario ‘Confidencial’.
En los últimos meses, el régimen de Daniel Ortega ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.