Regresemos por un instante al 12 de febrero de 2003. Ese día la policía nacional se amotinó en protesta contra una medida conocida como: el impuestazo.
El impuestazo consistía en la eliminación del crédito fiscal del salario de los trabajadores. En esa época ―hasta ahora se le puede hacer― los asalariados podían presentar facturas por un monto igual a sus obligaciones tributarias, y así mantener el poder adquisitivo de su salario. Con eso evitaban transferir parte de sus ingresos al Estado.
Muchos de los protagonistas del gobierno de esa época, entre ellos, Carlos Sánchez Berzaín, son autocríticos respecto a esa medida. Pues se tradujo en un enfrentamiento entre policías y militares con un saldo de más de una decena de muertos. Sin embargo, detrás de las protestas de la policía, el Movimiento al Socialismo (MAS) conspiraba desde las sombras.
En las elecciones del año 2002, el MAS había quedado segundo. Pero no estaba dispuesto a esperar cinco años de gestión en el lado opositor. Su verdadera meta era tomar el poder a cualquier costo. Fue el propio Evo Morales quien dijo: «Vamos a tumbar el gobierno de el gringo (en referencia al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada)».
Obviamente, sus métodos iban a ser el terrorismo callejero y el pandillaje rural (en acuerdo con Felipe Quispe). El impuestazo fue la chispa perfecta para que los piratas masistas se unieran a la policía para desestabilizar la gestión de Sánchez de Lozada. Fueron varios de los militantes del MAS que afirmaban: «El gobierno no puede estar sometido a los neoliberales del FMI y el Banco Mundial. El impuestazo afecta al bolsillo de los trabajadores». No obstante, y a pesar de toda la verborrea contra los impuestos, desde la llegada de Morales y sus secuaces al poder, Bolivia se convirtió en un infierno fiscal.
Por ejemplo, en el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial del año 2015, Bolivia ocupaba el lugar 117 entre 132 países analizados. De igual manera, en el Total Taxes Rate, para el año 2019, Bolivia se encontraba entre los cuatro países que más impuestos cobran en el mundo.
Adicionalmente, el Servicio de Impuestos Nacionales todos los días somete a los contribuyentes ―que en muchos casos se trata de padres de familia de origen humilde― a complicados libros, formularios, facturaciones y toda clase de engorrosos trámites. Gestiones que muchas veces ocasionan errores involuntarios que generan multas, intereses y actualizaciones millonarias, que terminan en procesos, embargos y remates.
El régimen del MAS presumió bastante de esos logros. Era obvia su alegría, puesto que le dejaban enormes cantidades de dinero para el derroche. Cuando el tamaño de sus gastos excedió a sus ingresos ―efecto que se refleja en el déficit fiscal que el país arrastra desde el 2014― no dudó en incrementar la deuda interna y externa.
Ahora va, otra vez, en búsqueda de meter mano a los bolsillos de los ciudadanos. Esta vez mediante el incremento de la alícuota del Impuesto al Consumo Especifico (ICE).
Ante el anunció de esta medida, trabajadores y representantes de La Cámara Nacional de Industria se declararon en emergencia. Parte de su comunicado versa lo siguiente:
En unidad, la familia industrial llama a las autoridades nacionales a proteger la industria y a precautelar por el empleo formal en Bolivia anulando el Proyecto de Ley 354/2021-2022 que amenaza la sostenibilidad de la producción de lo hecho en Bolivia.
Con todo, el saqueo masista no se limita al tema impositivo. Ya que en la emisión de bonos de febrero de este año quienes más «invirtieron» fueron las AFPS, algunos bancos y aseguradoras. Pero no los grandes capitales internacionales como dice la propaganda oficial. Es decir, el régimen usó el ahorro del sector privado nacional para compensar la falta de confianza de los acreedores internacionales en el país. Con el agravante de que esos recursos fueron destinados a darle oxígeno a un modelo económico sostenido en el gasto irracional.
El Movimiento al Socialismo ha demostrado ser un monstruo que está saqueando los ingresos actuales de los bolivianos y sus rentas de vejez. Un leviatán de un apetito insaciable que usa el sistema tributario para extorsionar a quienes tienen la osadía de emprender en Bolivia.