Las empresas son propiedad de sus accionistas, puesto que son ellos quienes las han creado con su propio capital. Y crearlas con su propio capital implica que son ellos quienes están haciendo el esfuerzo de ahorrar y quienes están soportando los riesgos patrimoniales de poner en marcha tales empresas. Los trabajadores, al igual que el resto de proveedores, pueden ser muy importantes para que la compañía pueda funcionar, pero no son ellos quienes la están financiando ni quienes centralizan las pérdidas vinculadas a su actividad. Por consiguiente, si no son partícipes de su creación ni son responsables patrimonialmente de sus pérdidas, debería resultar evidente que no han de ser ellos quienes tomen decisiones internas, pues existe una fortísima y radical desalienación de intereses (tomar decisiones sobre el patrimonio ajeno).
legalmente la incorporación de los trabajadores en el consejo de administración de las empresas: es decir, el órgano que toma muchas de las principales decisiones en la vida de una empresa que no hayan de ser aprobadas por la Junta General de Accionistas. Sin invertir sus ahorros en la empresa se les habilitará a tomar decisiones sobre la empresa simplemente porque trabajan en ella. Como si trabajar en la Administración General del Estado otorgara, por esa mera circunstancia, el derecho a tener un representante propio en el Consejo de Ministros.
Todo este disparate económico, que supone incrementar los costes de mantener una gran empresa en España frente al traslado de su sede al exterior, viene de un error marxista muy elemental: no es verdad que el trabajador sea el único que genere valor en la economía. Tal como explico detalladamente en mi libro «Anti-Marx: una crítica a la economía política marxista», el capitalista también crea valor porque internaliza el tiempo de espera y el riesgo propios de todo proceso de producción. Sin ellos, o el trabajador tendría que internalizarlos o no podría producirse. Pero Díaz pretende expropiar a los capitalistas parte de sus derechos legítimos que les corresponden sobre su capital. El resultado es que habrá menos capital en España, esto es, menos inversión de la que habría sin esta reforma con aroma socialista.