¿En manos de quién quedarán los lingotes de oro venezolano depositados en el Banco de Inglaterra? es una pregunta que comienza a colarse entre las fuerzas políticas opositoras y el régimen de Nicolás Maduro ante el anuncio del Tribunal Supremo del Reino Unido de evaluar entre el 19 y 21 de julio el caso relacionado con el acceso a las 31 barras valoradas en 1600 millones de euros, propiedad del Estado venezolano.
Se viene un mes y medio complejo, pues la máxima instancia judicial británica hará esta evaluación en medio del proceso de negociación que impulsa Juan Guaidó con el chavismo para pactar «elecciones libres» en busca de un proyecto de «salvación de Venezuela». Pero en el Palacio de Miraflores lo quieren todo. Ya Maduro puso tres condiciones, entre las que se incluye recuperar el acceso a los activos y cuentas de la nación en el exterior. El oro venezolano en Inglaterra no escapa de sus pretensiones.
Lo que ocurra marcará un antes y un después en la iniciativa del dirigente opositor que ya maneja a México como epicentro de la negociación porque las conversaciones deben ser “cuanto antes”, pero su premura abre una caja de desventajas para su figura de mandatario interino, considerando que la variable que podría definir un fallo sobre los lingotes será algo que Guaidó ha visto desvanecerse en los últimos meses: la legitimidad.
En Reino Unido no hay nadie con quien tratar
Vanessa Neumann, exembajadora del Gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido, dijo a PanAm Post que dada la compleja situación, lo más probable es que el Tribunal se inhiba y no haya una decisión a favor de uno u otro. Por su experiencia y contacto permanente con los británicos, se atreve a sostener que el oro “se quedará ahí hasta que haya elecciones libres” en Venezuela. “Y ahí se debe quedar”, opina.
No es un escenario fácil de dirimir. Más allá de lo que Maduro y Guaidó puedan negociar, se trata de un proceso jurídico sobre la legitimidad, basado en la doctrina británica. Si bien por un lado en Londres no se reconoce al régimen de Maduro. Por el otro, se ha ratificado el apoyo a Guaidó, pero este parece ser parcial, pues nunca hubo entrega de credenciales a Neumann como embajadora. Desde que presentó su renuncia a comienzos de diciembre pasado, el interinato no ha designado a un sucesor.
“No hay embajador que me haya reemplazado. Hay discusiones de que me quieren reemplazar y deberían reemplazarme pero no han llegado a ese acuerdo, y eso puede deberse a complicaciones en el G-4. Además, ahora con una comisión delegada es más complejo (…) Los británicos están muy al tanto del caso del oro, pero me han dicho que no están tratando con nadie porque no tienen nadie con quien tratar”.
Una pugna compleja
Sentarse con Maduro implica, de entrada, perder. Y la imagen de Guaidó ya está lo suficientemente desgatada para permitirse caer más. Insistir en pactar con el chavismo cava su propio fin al enviar señales equívocas a la comunidad internacional sobre su rol porque “nada garantiza que sus esfuerzos signifiquen el inicio del camino hacia la reinstitucionalización o hacia la vuelta a la democracia en el país”, señala el New York Times.
Así es. Pensar que la única negociación posible implica la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia y la renuncia del chavismo a todas sus cuotas de poder es tan ingenuo e irreal como, del otro lado, proponer como condiciones el levantamiento inmediato de todas las sanciones, el reconocimiento internacional de los poderes ilegítimamente constituidos y la recuperación de los activos y cuentas de la nación en el exterior.
Esa es la realidad. Además, sentarse con Maduro traduce, por un lado, que su gestión interina reconoce a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) designada a su vez por la Asamblea Nacional del régimen electa en unos comicios fraudulentos en diciembre, la cual Guaidó desconoce y, además, realizó una consulta para dar respaldo popular a este desconocimiento.
Por otra parte, sentarse con Maduro también significa una rendición de su investidura como presidente interino al reconocerlo como mandatario, dejando a un lado el prometido cese de la usurpación y las acusaciones de fraude que llevaron a más de 60 países a reconocer a Guaidó como legítimo jefe de Estado.
Ceder a las condiciones sería «un suicidio político»
Ante la pregunta ¿en manos de quién quedará el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra? La respuesta es: en manos de nadie. Por ahora. Las probabilidades de que el Tribunal falle a favor del Gobierno interino son escases. Vanessa Neumann subraya que “la legitimidad de Guaidó está más complicada que antes”. Adicionalmente, recuerda que no tiene control territorial –que es parte del argumento británico– y ahora ni siquiera tiene representante diplomático.
Pero, ¿significa esto entonces un escenario favorable para Maduro? Tampoco. “La posición de Maduro de ‘dame todo’ no es más que –como dirían los americanos– un ‘nice try’ (buen intento), pero ¿qué dará a cambio?”. La exembajadora señala que la única manera de que la negociación entre Maduro y Guaidó impacte la decisión de la corte sería que el líder opositor aceptara las condiciones del dictador y ordenara a sus abogados abandonar el caso en Reino Unido, lo cual considera políticamente improbable.
“Esto sería un suicidio político”, sentencia Vanessa Neumann, quien agrega que incluso si ocurriera, Guaidó tendría que enviar una carta firmada a la corte, renunciando al reclamo, pero esto tampoco le garantizaría a Maduro ponerle las manos al oro. Explica que el Reino Unido, a través de la Cancillería, tendría aún la opción de alegar que Maduro es un “cleptócrata” y, por lo tanto, eso impediría la entrega. E incluso hasta consiguiendo el aval diplomático, recuerda que el Banco de Inglaterra es autónomo y tiene protocolos contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que pondrían otro obstáculo al régimen.
Un largo camino judicial
Los abogados del bufete Zaiwalla & Co que representa la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) de Maduro están listos para la pugna legal por el oro venezolano en Inglaterra, así como los representantes de la junta ad hoc nombrada por Guaidó, del despacho Arnold & Porter; con los letrados del ministerio de Exteriores británico en el medio.
El Supremo examinará en julio un recurso elevado por la junta del BCV nombrada por Guaidó, donde se solicita la anulación del fallo emitido el pasado 5 de octubre por el Tribunal de Apelaciones que rechaza su reconocimiento como “presidente constitucional” por parte del Gobierno británico.
La Corte de Apelaciones invalidó así un dictamen del 2 de julio de 2020 del Tribunal Supremo, que otorgaba a la junta ad hoc de Juan Guaidó la autoridad sobre los activos depositados en Inglaterra.
Con esa anulación propició que el Tribunal Supremo se aboque nuevamente a analizar el caso sobre quién debe tener acceso al oro venezolana, si Maduro, que controla el territorio y las instituciones y con quien mantiene relaciones diplomáticas, o el líder opositor, al que reconoce como presidente interino.
Pero además, el fallo de la Corte de Apelaciones fue contrario a la postura del gobierno de Boris Johnson, que mantiene consonancia con la Administración estadounidense y con el Grupo Internacional de Contacto, la entidad promovida por la UE para mediar en la crisis venezolana.
Incluso, el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, procedente del ala dura del Partido Conservador, se declara «horrorizado y preocupado por lo que está pasando en Venezuela, por la crisis humanitaria de la región y por las violaciones de los derechos humanos». Su meta es que los responsables «rindan cuentas».
Fuente: PanamPost