Lula da Silva, fundador junto a Fidel Castro del Foro de Sao Paulo, ha dado luz verde a una feroz persecución política contra su principal adversario: el expresidente Jair Bolsonaro. Y es que, como vaticinan algunos analistas y comunicadores, este año podrían producirse cambios políticos en Estados Unidos y Europa, lo que hace necesario para la izquierda internacional controlar el continente iberoamericano antes que los mismos ocurran. Por ello miembros y aliados del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla exacerban los conflictos para acelerar desenlaces.
En Brasil particularmente, desde hace meses, Bolsonaro viene siendo investigado por el Tribunal Supremo Federal por haber «conspirado» supuestamente en un intento golpe de Estado al poner en duda la victoria de Lula da Silva en las elecciones de 2022. Misma acusación que existe en contra de Donald Trump en Estados Unidos.
Hace varios días, el juez supremo Alexandre de Moraes -reconocido enemigo de Bolsonaro- decidió confiscarle el pasaporte al expresidente impidiendole su asistencia al CPAC de Washington. El magistrado ordenó además 34 allanamientos en domicilios de ex jefes de las Fuerzas Armadas y exministros de la gestión Bolsonaro.
El pasado 14 de febrero, el equipo legal del expresidente brasileño pidió la inhabilitación del juez de Moraes debido a que el alto magistrado «se describe como víctima directa» de las acciones que se investigan, lo que compromete su imparcialidad.
Bolsonaro ya había sido inhabilitado hasta 2030 por haber puesto en duda el sistema de votación brasileño, lo cual no debería sorprender, puesto que las denuncias de fraude en Iberoamérica y África se hacen cada vez más frecuentes, habida cuenta de las inconsistencias e irregularidades de los resultados comiciales, y Brasil no es la excepción.
La persecución contra Bolsonaro está alentada por medios internacionales de izquierda, entre otros, El País de España, que alienta a los jueces brasileños a que «depuren las responsabilidades por el fallido golpe de Estado (de Bolsonaro)» y a «aprovechar la coyuntura para aumentar el control civil sobre las Fuerzas Armadas de Brasil. Es vital para reforzar la democracia del país más poblado de América Latina».
En otras naciones iberoamericanas, como Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, también se ha «aprovechado la coyuntura» para desmantelar las instituciones armadas y sustituirlas por otras, que funcionan como guardia pretoriana de los regímenes totalitarios de esos países. Se trata de un requisito necesario para perpetuarse en el poder y aplastar toda forma de disidencia.
No es casual que, paralelamente, la justicia brasileña esté investigando también a dos hijos de Bolsonaro, Carlos y Renan, por otros motivos. Lula declaró públicamente que nada tiene que ver con estas investigaciones, pero es extraño que tres miembros de la familia sean perseguidos al mismo tiempo por diversos delitos.
En un reciente artículo, publicado en La Gaceta, expliqué que todos los integrantes del Foro de Sao Paulo están tomando medidas para controlar sus respectivos países, antes de las elecciones en Europa y Estados Unidos que auguran cambios políticos hacia la derecha.
En efecto, durante este mes, el presidente colombiano Gustavo Petro intentó presionar con manifestaciones violentas al sistema judicial para que no lo juzguen por la violación de los topes electorales de su campaña.
En Venezuela, el fiscal de Nicolás Maduro detuvo a varios dirigentes opositores acusándoles de delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. A los pocos dias de la nueva ola de detenciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, ordenó la expulsión de Venezuela del representante del Alto Comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas.
En Nicaragua, Daniel Ortega continuó encarcelando y/o exilando a la disidencia. Y toda la izquierda iberoamericana está coaligada contra el presidente argentino Javier Milei.
El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados no creen en la democracia y mucho menos en la division de poderes, porque son un sistema de exportación de dictadores. En cada nación inician el trabajo de la misma forma: promoviendo olas desestabilizadoras que se escudan en protestas sociales.
El más reciente comunicado del Grupo de Puebla fechado el 13 de febrero, culpabiliza a Jair Bolsonaro de intento de golpe de Estado y absuelve a Gustavo Petro de violar los topes electorales. ¿No cae el Grupo de Puebla en una indebida injerencia con ese comunicado? Y termina el escrito con una frase: «No a los golpes de Estado blandos en América Latina».
¿Qué quiere decir esa frase? ¿Que se eliminen los contrapesos y el control entre los poderes como debe existir en democracia? Esta frase fue utilizada ya por Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales y todos conocemos el talante de sus gestiones.