La detención cautelar dictada el martes sobre el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha puesto todos los focos sobre el actual mandatario, Iván Duque, y ha desatado una tormenta política. El jefe del Gobierno no solo defendió al que fue su mentor y líder del partido que le permitió ganar holgadamente las elecciones en 2018, sino que comenzó a presionar para una reforma de la justicia. En su opinión, “se necesitan garantías para que un ciudadano pueda ejercer su defensa en libertad”. Su postura avivó las críticas de la oposición.
Duque llegó al poder hace dos años aupado por el Centro Democrático, la formación conservadora fundada por Uribe en 2013. El presidente, que esta semana llega al ecuador de su mandato, tiene un recorrido que va más allá del expresidente y su talante es distinto. Sin embargo, su capital político depende de esa corriente y para gobernar, aunque lo haga con un estilo más conciliador, necesita el apoyo del uribismo. El mandatario defendió este miércoles la necesidad de poner en marcha una revisión del sistema de justicia, aunque trató de desvincularlo de los últimos hechos y de “la coyuntura”. “Se requiere una reforma de la justicia para corregir fallas, que le dé al ciudadano más confianza, más seguridad”, afirmó en una entrevista con la emisora colombiana FM.
Destacados miembros de su partido, sin embargo, fueron más allá y pidieron la creación de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. “Cuando el país se ve sacudido por una noticia que nos lastima en el interior del corazón […] queremos recordarles que Colombia necesita una gran reforma de la justicia, Colombia no puede seguir con una justicia politizada”, lanzó la senadora Paloma Valencia. “Hoy queremos proponerle al país una Constituyente”, agregó. Esa idea pretende evitar lo que ese sector considera una interdependencia entre el poder político y el judicial. “Una sola corte con magistrados íntegros y que no tenga ninguna puerta giratoria con la política”, continuó Valencia.
Estas posiciones se encuadran, en última instancia, en el rechazo al proceso de paz que impulsó el expresidente Juan Manuel Santos, que en 2016 puso fin a más de medio siglo de conflicto armado entre el Estado y las FARC y que llevó a la desmovilización de la organización insurgente, de la que quedan algunos grupos disidentes. Uribe y la plana mayor de su partido mantuvieron una oposición feroz a esos acuerdos, al igual que el propio Duque. El presidente se mostró más dispuesto a respetar la implementación de ese proceso. Una de las instituciones más criticadas por el Gobierno es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra. Varios dirigentes uribistas rechazaron, tras conocer la medida de arresto domiciliario dictada contra Uribe por un caso de soborno de testigos dentro de un proceso que investiga supuestos vínculos del expresidente con paramilitares, que mientras los exguerrilleros de las FARC ocupan escaños en el Congreso, el político esté privado de libertad.
La oposición, sin embargo, defiende la actuación de la justicia, que en los últimos días había recibido presiones indirectas. La orden de detención estuvo precedida por la polémica, en medio de pronunciamientos con declaraciones de Duque y el Centro Democrático, e incluso con una carta de defensa firmada por varios excolaboradores del Gobierno de Uribe y que incluía a funcionarios de la actual Administración. Entre ellos, el embajador en EE UU, Francisco Santos; el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el responsable para atender la crisis del coronavirus, Luis Guillermo Plata. Precisamente el miércoles, el partido de Uribe anunció que el exmandatario había dado positivo de covid-19 y que, debido a no presentar síntomas, se encontraba bien. Su entorno más cercano, en cambio, negó la información.
Una vez conocida la decisión de la Corte Suprema, el propio Duque sorprendió con unas declaraciones sin matices. “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”, declaró desde el atril presidencial. El jefe de Estado se refirió a Uribe y su familia como “víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones” a lo largo de su trayectoria pública.
Su reacción era la más esperada ante el terremoto político que constituye el fallo contra el fundador y líder indiscutible del Centro Democrático, el partido de Gobierno. ”Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen, y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad”, concluyó Duque, en un discurso de dos minutos y medio, escenificado como una alocución presidencial, que fue considerado por sus rivales como un desafío a la medida de detención domiciliaria.