A mes y medio de haber iniciado las precampañas electorales en las que se disputarán quince gubernaturas y más de mil puestos de elección popular, el proceso electoral que se considera el más grande en la historia de México, por el número de cargos públicos y electores, también puede terminar siendo el más violento. Al menos ocho aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados o han sufrido atentados de muerte.
Los ataques violentos se han concentrado hasta ahora en el convulsionado estado de Guerrero. Antonio Hernández Godínez, precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Chilapa, fue ejecutado a tiros el 25 de noviembre. El 21 de diciembre corrió la misma suerte el líder campesino Efrén Balois Morales, precandidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Pilcaya; y ese mismo día otro morenista, Mario Figueroa Mundo, precandidato a la alcaldía Taxco, fue baleado y gravemente herido.
El segundo estado violento es Veracruz con otros tres precandidatos ejecutados. El 8 de febrero fue asesinado a tiros Carlos Fernández Rocha, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a regidor en el municipio de San Andrés Tuxtla. Tres días después ocurrió lo mismo a Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la presidencia de municipio Úrsulo Galván. Y apenas el 15 de febrero le dieron muerte a Karla Merlín quien buscaba ser la candidata, también por Morena, a la alcaldía de Cosoleacaque, junto con su madre Gladys Merlín, quien había sido presidenta del mismo municipio.
El diputado local Juan Antonio Acosta Cano del PAN, buscaba la candidatura para la presidencia municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, en Guanajuato. Fue asesinado el 12 de enero con un disparo en la cabeza mientras hacía su rutina de ejercicio en la vía pública. Y la octava víctima de este proceso electoral fue el aspirante de Morena a la alcaldía de Uxpanana, Oaxaca, ultimado el 6 de enero también en la vía pública.
En el proceso electoral del 2018, que incluyo la elección presidencial, fueron asesinados violentamente al menos 40 precandidatos y candidatos de todos los partidos políticos.
Electores atrapados
En este contexto de violencia, el principal damnificado es el ciudadano que está atrapado entre los fuegos de intereses, mientras la democracia queda en vilo.
Por un lado, los partidos políticos imponen candidatos nocivos a través de procesos poco transparentes, incluso para sus propios militantes. Se da prioridad a los intereses de las facciones de poder dentro de cada organización política que al interés colectivo de los ciudadanos. Un ejemplo ya emblemático es el caso del senador de Morena con licencia, Felix Salgado Macedonio, quien como fue preanunciado en esta colaboración ya fue inscrito como candidato formal de ese partido a la gubernatura de Guerrero, aunque internamente el organismo político aún ni siquiera concluye la simulada investigación sobre las graves acusaciones de violencia sexual en su contra, y pese al historial documentado de su convivencia con el crimen organizado cuando fue alcalde de Acapulco.
Anabel Hernández, periodista mexicana y autora de esta columna
Por otro lado, está la imposición a través de la violencia extrema de quienes pueden y quienes no pueden ser candidatos fuera de los mecanismos formales de los partidos políticos. Aún no es claro si esta violencia viene del crimen organizado o de la delincuencia política. Por desgracia, unos y otros tienen interés en influir o controlar a los aspirantes a cargos de elección popular.
Los grupos del crimen organizado necesitan ejercer control territorial para desarrollar sus negocios de droga, extorsión, tráfico de personas, etc, y para lograrlo muchas veces compran a las autoridades desde las candidaturas a través de financiamiento de las campañas, o los intimidan. También los grupos políticos y empresariales quieren tener influencia en los candidatos porque ven una gubernatura, una diputación o una alcaldía una fuente de negocios ilícitos a través de la corrupción, así que también influyen en los candidatos ayudándolos a obtener la candidatura o financiando sus campañas.
El plomo
El Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego, en Texas, acaba de publicar en julio de 2020 el informe «Crimen organizado y violencia en México”. Se trata de un estudio hecho por el grupo Justicia México, fundamentado en bases de datos del gobierno de México y análisis de la propia universidad, que reflejan cómo estos dos intereses, el de la política y e del crimen organizado, tienen una correlación.
«Asesinatos de presidentes municipales actuales, anteriores, electos o suplentes en México son motivo de una seria preocupación. El asesinato de autoridades electas amenaza el proceso democrático y socava el estado de derecho”, afirma el estudio. Afirma que la Asociación Nacional de Alcaldes de México reporta que de 2006 a 2019, al menos 158 alcaldes o ex alcaldes han sido asesinados.
En Europa, y en cualquier otra democracia avanzada, este tipo de fenómeno sería impensable, inaceptable. En un país con una violencia y falta de justicia generalizada, por desgracia es común.
Los propios análisis de la Universidad afirman que de 2002 a 2019 al menos han sido ejecutados en México 264 alcaldes, ex alcaldes o candidatos a serlo. Siendo el 2019 el año mas violento con 25 casos, 10 eran del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 4 del PRD, 3 de Morena, 2 autoridades elegidas bajo la modalidad de «usos y costumbres”, 1 del Partido Verde Ecologista y otro del PAN, siendo Oaxaca el estado donde ocurrieron más casos.
En el 2020 fueron asesinados al menos 2 alcaldes, 11 ex presidentes municipales, según la publicación Alcaldes de México, y el 18 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco, fue ejecutado mientras cenada en un restaurante custodiado por sus escoltas, Aristóteles Sandoval, del PRI, quien fuera gobernador de ese estado de 2013 a 2018.
La plata
Otro mecanismo que existirá en las próximas elecciones para imponer candidatos, además de la violencia extrema, y las facciones partidistas, serán los millones y millones de pesos que cada partido político y candidato podrá gastar para promocionarse como la mejor opción, aunque no la sea.
No importa la pobreza, no importa el constante desfalco y los saqueos a las arcas públicas de un gobierno u otro en México. De acuerdo a las reglas electorales que rigen en el país, año con año, religiosamente miles de millones de pesos provenientes de los recursos públicos son distribuidos entre los partidos políticos para sus gastos de operación. Y en años electorales, la suma aumenta para las campañas políticas.
En este 2021, con todo y la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que ha provocado, se repartirán en México entre diez partidos políticos más de 7 mil 190 millones de pesos (equivalente a 354 millones de dólares). Irán a las dirigencias del PAN, PRI, PRD, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.
Se trata de un grandísimo botín en el que todos quieren meter mano y obtener una tajada. Los gastos se dividen principalmente en cuatro rubros: financiamiento para actividades ordinarias, 5 mil 251 millones de pesos; financiamiento para actividades específicas, 157.7 millones de pesos; para Franquicia Postal, 210 millones de pesos, y para Franquicia Telegráfica, 693 mil pesos. Para financiar las campañas electorales de este año, se repartirán otros mil 575 millones de pesos.
El partido político que recibirá más fondos públicos este año, los cuales son calculados en proporción a los votos obtenidos en 2018, es el ahora partido oficialista Morena, cuyo líder moral es el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, y el líder administrativo Mario Delgado. La organización política fundada por AMLO obtendrá en 2021 más de 2 mil 198 millones de pesos de dinero público. Seguido por el PAN, que recibirá casi la mitad, mil 216 millones; y el PRI, a quien entregarán mil 147 millones.
De acuerdo a la ley electoral, además del financiamiento público, los partidos políticos y candidatos pueden obtener financiamiento privado. Es ahí donde históricamente han entrado en juego diversos carteles de la droga, grupos empresariales nacionales e internacionales, para comprarse candidatos a presidentes de la república, gobernadores, diputados federales y locales, alcaldes, síndicos, regidores, con los fines explicados anteriormente.
Es así como este proceso electoral histórico en México el cual culminará en las urnas el 6 de junio, se desarrolla ya, vertiginosamente, entre el plomo y la plata.
Fuente: DW