miércoles, noviembre 20, 2024
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El rechazo a la labor del presidente del Congreso anuncia una nueva crisis política en Perú

La permanencia del presidente del Congreso peruano pende de un hilo ante la avalancha de cuestionamientos en su contra, siendo la más delicada la de promover y votar a favor de una ley de prescripción que terminó favoreciéndole en un juicio que se le seguía por presunta estafa.

Alejandro Soto, del partido Alianza para el Progreso, fue elegido titular de la Mesa Directiva del Parlamento para el período anual de sesiones 2023-2024 el pasado 26 de julio con 77 votos a favor.

Soto encabezó una controvertida lista de candidatos que reunió bajo una misma fórmula a los, presuntamente, irreconciliables enemigos políticos que ya se habían enfrentado en las urnas en 2021: la bancada derechista Fuerza Popular y el bloque marxista leninista Perú Libre; estos últimos fueron quienes tuvieron como candidato al hoy preso Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva mientras se le investiga por los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras caer en desgracia el pasado 7 de diciembre luego de un patético golpe de Estado con el que pretendió hacerse del Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público.

Alianza para el Progreso (APP) es un partido que ha destacado por servir como bisagra en las heteróclitas negociaciones que se dan en el Congreso peruano, las cuales tienen mucho de compadrazgo y clientelismo disfrazado de realpolitik, aunque comprender -y capitalizar- la dinámica de informalidad y mediocridad que abunda en el Perú es puro instinto de supervivencia y aprovechamiento de la realidad como tal.

Quizá eso permitió que un personaje como Soto, un abogado y conductor de televisión regional, asiduo a la polémica, al verbo florido y a la confrontación, crezca como la espuma y se ubique, estratégicamente, justo por debajo de la débil presidente Dina Boluarte, quien al no contar con vicepresidentes -fue la vicepresidenta de Castillo, y tras asumir al cargo fue tildada de traidora por la izquierda-, sería reemplazada por el controvertido presidente del Parlamento en caso prosperara una vacancia.

Sin embargo, parece que Soto está más cerca a irse del cargo que la propia Boluarte, lo que anuncia una nueva crisis política, aunque, tratándose del Perú, una más es como sumarle una raya nueva al tigre.

Un 80% no cree en su palabra
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, no es respaldado por la ciudadanía ante la cantidad de denuncias en su contra, sobre las cuales no ha podido responder con claridad, prefiriendo mantener una actitud distante con la prensa y, en muchos casos, cierta hostilidad que no suma en nada a su imagen deteriorada.

Según la última encuesta de Ipsos para el diario Perú 21, Alejandro Soto ha perdido la confianza de la población y un 80 % de peruanos no creen en su palabra.

Con respecto a la censura que ya viene promoviendo un congresista de izquierda en su contra, un 53 % de los encuestados se muestra a favor y considera que se debería aplicar este mecanismo de control político.

Ministerio Público inicia diligencias en su contra
A eso habría que sumarle la decisión del Ministerio Público de iniciar diligencias preliminares en su contra por el presunto delito contra la administración pública-concusión, esto luego que el dominical Cuarto Poder revelara que trabajadores de su despacho hacen uso de cuentas falsas en redes sociales y actúan como ‘troles’ para responder a las críticas de los usuarios y «limpiar» la imagen del presidente del Congreso.

Congresistas empiezan a respaldar posible censura
El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, advirtió que Alejandro Soto está descalificado para continuar en el cargo tras la revelación de nuevas denuncias en su contra.

«En realidad es un tema muy serio y complicado. Nunca creo que haya habido un caso parecido. Está descalificado para continuar como presidente del Congreso con cada cosa que aparece. Hemos venido viendo día a día cómo va variando, pero acá los grandes responsables son los partidos que lo han puesto a él en ese puesto y son los que deberían hacer la gestión necesaria para cambiarlo. No se puede evadir esa responsabilidad, ya no solamente es él, sino los que lo llevaron a la presidencia», aseveró.

Respecto a si apoyará la moción de censura en contra de Soto, Montoya adelantó que aún no ha firmado el documento que viene impulsando el congresista Roberto Sánchez, un izquierdista que fue ministro de Pedro Castillo y está incluido en las investigaciones en torno al golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

«Cuando llegue al Pleno ahí apoyaremos la censura. Vamos a ver, no hemos conversado el tema (como bancada)», señaló.

Fuente: La gaceta de la Iberosfera

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