El régimen de Daniel Ortega ha cancelado la personalidad jurídica a otras 100 ONG. Así ya serían 1.768 las organizaciones proscritas por la tiranía nicaragüense desde las protestas contra la dictadura efectuadas en 2018.
La orden para perseguir a dichas instituciones emanó esta vez del Ministerio de Gobernación, y se basa -al igual que en casos anteriores- en la Ley orteguista para la Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, un instrumento jurídico que ha utilizado el régimen para señalar que las mismas han incumplido a la hora de presentar informes sobre las fuentes de financiamiento que las sostienen en pie.
Entre las organizaciones canceladas destacan la Asociación de Jubilados de Nicaragua, la Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para Garantizar la Vida y Paz Ciudadana, y la Asociación Alimenta los Niños.
La represión encabezada por el propio Ortega ha enfilado fundamentalmente contra ONG que realizan distintos tipos de labores comunitarias en Nicaragua, así como contra todas las instituciones afines a la Iglesia católica, que desde 2018 ha mantenido una postura de firme oposición a las acciones de la tiranía sandinista.