La alta deuda pública y, sobre todo, el déficit fiscal siempre han sido un dolor de cabeza para el país. Pero esta vez es una migraña crónica. La deuda ha llegado a umbrales nunca alcanzados, según revelan los datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva y ha encendido la alarma de los analistas.
De enero hasta octubre, la deuda pública total, que incluye al sector público no financiero (SPNF) y el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), subió $2,847.3 millones, cuando en promedio ha aumentado $850 millones cada año en el último quinquenio, según una recopilación estadística de LPG Datos.
En la última década, la deuda pasó de 50.8% del PIB en 2008 a 71.4% en 2019, «siendo el país con el nivel de endeudamiento más alto en la región, y el cuarto más endeudado de América Latina, antes de la pandemia», rezaba el informe de coyuntura del tercer trimestre de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Este año ese 71.4% pasará a ser de 81.7% del PIB, es decir que implica un aumento de 18 puntos, advierte José Andrés Oliva, investigador del departamento de Estudios Económicos de FUSADES.
«Como porcentaje del PIB pasan dos cosas con el aumento, o es más dinero o es la calidad del PIB. Si hacemos el ejercicio de desglosar estos 18 puntos, 9 puntos son por la caída del PIB y los otros 9 son por recursos, porque se inyectaron más recursos al sector público vía endeudamiento», explica.
Según FUSADES, el Gobierno ha solicitado préstamos este año por $4,148.8 millones para la pandemia y cubrir otros gastos (aunque difiere lo ratificado y ejecutado).
«La situación se complica mucho, porque hay muchos créditos, hay muchos destinos y una cantidad descomunal de dinero, sin precedentes. Ver esto ordenadamente es el desafío que el país está teniendo porque allá en la Asamblea Legislativa y en el ejecutivo se hablan de cifras y van cambiado cada dos semanas», detalla Oliva.
Déficit histórico
Ante el incremento exponencial del gasto y la caída de la recaudación (en menor proporción), el déficit fiscal, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos del Gobierno, también es el más alto al que se ha incurrido en la historia del país.
FUSADES proyecta que este llegaría a ser del 12.3 % al cierre del año, un porcentaje sin precedentes.
La única excepción fue en 1981, en plena guerra civil cuando el déficit del país llegó a los 13.8 % del PIB. Mientras que en la última crisis económica que vivió El Salvador (y el mundo) en 2009 fue de 5.7 % del PIB.
Si se observa en montos, este déficit rondará los $2,644.6 millones, «un incremento de la brecha de 220 %, lo que marcaría un hito y sería más del doble del alcanzado en 2009, que fue de $1,171.6 millones», dice FUSADES.
Para Oliva, el panorama fiscal resulta más complicado hacia adelante porque en 2021 la proyección es que este alcanzará el 16.8 % del PIB (al incorporar el déficit planteado en el presupuesto y parte del decreto 608 que no han ratificado, más la sobrestimación) este ronda los $4,262 millones.
Es más, según el Proyecto del Presupuesto General de la Nación en discusión, la proyección indica que «la deuda incrementa 15 puntos, en lugar de estabilizarse o quedarse en 89.7% llega hasta 104.5%», acota. Eso implica que de cada $100 que produce El Salvador, se debe $104.
A ello se agrega cuánto tiene que pagar el país solo en intereses por la deuda.
Previo a la pandemia, la proyección es que en 2021 estos sería 4.3 % del PIB y con la caída del PIB y el nuevo presupuesto, pasan a 5.4% y en 2022 son 6.2%. «Sube el compromiso de pagar intereses hacia adelante»…. y así sigue si no se toman medidas, detalla el analista.
Si se miden como porcentaje de los ingresos, el pago de intereses fue del 20 % de los ingresos en 2019.
Este porcentaje ha tenido una tendencia incrementalista, ya que era el 14 % en 2008 y en 2021 llegará al de 26 %.
«Si antes tenía 80 centavos por dólar, después de pagar los intereses esta vez serán 74 centavos, se va apretando, se va apretando el margen» , recalca Oliva.
Más riesgo
La situación fiscal calificada como insostenible también afecta la imagen y pone en riesgo la nota soberana del país.
En octubre, la agencia calificadora Fitch Ratings señalaba que de aprobarse la propuesta del presupuesto general tal cual está planteado, generaría más presión en la calificación.
«Esto implicaría un déficit fiscal del 7.5% del PIB, una relación deuda sobre el PIB del 94 % y necesidades de financiamiento de casi $1,855 millones, que creemos que satisfacerlas sería un desafío», indica el informe de Fitch Ratings.
Pero Fitch no es la única en advertir la situación, el 16 de noviembre, la calificadora de riesgo Moody’s señaló que había puesto en revisión la nota B3 que mantiene sobre el país.
«El factor clave detrás de la decisión es el alto riesgo de liquidez del gobierno debido a un gran aumento en las necesidades de financiamiento bruto, las estrictas condiciones de financiamiento externo y la capacidad limitada para aumentar la dependencia del mercado interno», dijo en su momento Moody’s.
En agosto, esta calificadora ya había puesto el dedo en el renglón, al señalar que El Salvador es el país que más ha aumentado sus gastos, pasando de 26 % del PIB en 2019 a 31 % este año.
Adicionalmente, el Emerging Markets Bond Index (EMBI), que mide el riesgo del país para los inversores, pasó de estar en 5.15 en diciembre de 2019 a llegar a 8.25 el 30 de noviembre pasado. El máximo lo tocó en marzo cuando rondó los 9.91, según los reportes.
Fuente: El Economista