El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió este martes (27.07.2021) a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma para que los delitos de corrupción no prescriban y se pueda procesar a quienes fueron funcionarios de Gobiernos anteriores.
La medida, llevada al Congreso por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, estipula la modificación de artículo 32 del Código Procesal Penal para incluir los delitos de corrupción. Dicha norma señala que actualmente no prescriben los delitos de tortura, terrorismo, secuestro, genocidio, desaparición forzada y los crímenes sexuales contra niñas o niños. La iniciativa también busca que la reforma se declare de «orden público» para que aplique a delitos cuyo periodo de persecución penal haya concluido.
La Constitución salvadoreña estipula que las leyes no pueden tener un efecto retroactivo, salvo cuando sean de orden público y en materia penal «sea favorable al delincuente». También, estipula que los funcionarios solo podrán ser procesados penalmente por enriquecimiento ilícito en los siguientes 10 años al fin de su gestión.
«Si usted es o fue corrupto, ya no dormirá tranquilo. Si usted es un salvadoreño honrado, estará feliz por esta nueva etapa en nuestro país», publicó Bukele en su cuenta de Twitter.
No es la primera vez que el Congreso recibe propuestas para que la persecución penal por los delitos de corrupción no prescriba. El presidente de la Asamblea Legislativa y exsecretario privado de Bukele, Ernesto Castro, recibió la iniciativa y dijo que «se terminaron las épocas en la que aparentemente los ladrones y corruptos salían bien librados». El funcionario agregó en una conferencia de prensa que «este es un mensaje no solo para los Gobiernos anteriores, sino que para los de este Gobierno».
La lucha contra la corrupción fue uno de los principales puntos de la campaña que llevó a Bukele a la Presidencia en 2019. Durante su gestión, principalmente con la llegada de la pandemia, diversas investigaciones periodísticas han señalado el supuesto manejo irregular de recursos estatales.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó 12 avisos a la Fiscalía para que investigara el uso de los fondos destinados a la atención de la pandemia. El 4 de junio pasado, Bukele anunció la ruptura del acuerdo con la OEA que dio vida a la CICIES.
Las denuncias de la CICIES derivaron en investigaciones de la Fiscalía y allanamientos de instituciones gubernamentales. Se desconoce si estas investigaciones siguen en pie tras la destitución el 1 de mayo pasado del fiscal Raúl Melara y la elección de Rodolfo Delgado, un exasesor del Gobierno, como su sucesor.
Fuente: DW