El Salvador necesitará hacer un ajuste de $1,460 millones en sus gastos e ingresos para estabilizar la deuda pública y hacer más sostenibles sus finanzas en los próximos años. Esta cifra equivale a un 5.7 % del PIB de 2021 (Producto Interno Bruto o la producción del país en bienes y servicios durante un año). «Una medida drástica con grandes implicaciones políticas y sociales», según advirtió la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
«Esto requeriría un fuerte aumento de impuestos, y/o, una gran reducción del gasto público, lo cual sería contraproducente mientras el país está aún en la crisis de la pandemia del covid-19 y en proceso de recuperación del crecimiento», señaló FUSADES en su más reciente análisis económico.
En marzo anterior, el Gobierno de El Salvador anunció la negociación de un Acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetaria Internacional (FMI). De concretarse dicho acuerdo, el país podrá acceder a entre $1,300 y $1,400 millones para financiar los déficits presupuestarios durante un periodo de tres años.
La semana pasada, y tras la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general por parte de La Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseveró que las pláticas con el FMI continúan; además, dijo que hay concordancia en el nivel de ajuste fiscal a realizar, el cual se sitúa en un 4 % del PIB.
«Estamos siendo responsables con los compromisos que vamos a asumir y nos solicitan que hagamos un ajuste fiscal por el orden del 4 % para un período de tres años, que estaría dividido en un 1.6 % en el lado del ingreso y 2.4 % de ajuste por el gasto. Eso estaríamos buscando», detalló Zelaya en una entrevista televisiva.
- Para FUSADES, un acuerdo con el FMI tiene sentido solo en caso de que el Gobierno se comprometa a ordenar las finanzas públicas, hacer un uso más eficiente de los recursos en función del desarrollo de las personas, impulsar un sistema tributario más eficiente, ser más transparente y combatir la corrupción.
«Sin medidas de política pública que incrementen ingresos, reduzcan gasto público, y que mejoren la tasa de crecimiento, la trayectoria de la deuda es ascendente, lo cual llevaría eventualmente al país a una crisis más grave», señaló FUSADES en el documento.
Al cierre de 2020, la deuda pública del país alcanzó un 89.9 % del PIB, por la caída de los ingresos, el aumento del gasto, y la contracción de la economía, indicó la entidad.
Para Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), un ajuste fiscal del 4 % solo serviría para estabilizar la deuda, ya que reducirla requiere un ajuste más amplio, en términos de monto y tiempo.
“Nos solicitan que hagamos un ajuste fiscal por el orden del 4 % para un período de tres años, que estaría dividido en un 1.6 % en el lado del ingreso y 2.4 % de ajuste por el gasto”.
Alejandro Zelaya, Ministro de Hacienda.
«Uno de los puntos que debe estar sobre la mesa es ¿en cuánto tiempo se debe lograr ese ajuste? Para mí, particularmente, un ajuste de cuatro puntos que se lleva de aquí al 2024, es demasiado grande, creo que tendría repercusiones muy negativas en la economía, no debemos olvidar que aún cuando hay perspectivas mejores de crecimiento para este año, todavía no vamos a lograr recuperar los niveles de producción de 2019», explicó.
Para Castaneda, el Gobierno lo único que ha indicado «es que se va decantar por el lado del gasto, es decir, esto significa un enfoque de austeridad (…) pero la historia lo que nos ha mostrado es que en realidad cuando se hacen ajustes por el lado del gasto, particularmente de la magnitud que se va a hacer en El Salvador, va a afectar el gasto social; es muy difícil que un monto tan grande no termine afectando a la población y en la previsión de bienes y servicios públicos».
El economista, señala que de no hacerse una reforma por el lado de los ingresos, quienes seguirán pagando serán las personas más pobres, teniendo en cuenta que la principal fuente de recaudación de impuestos es el IVA.
El ICEFI ha insistido en el aumento y mejora en los ingresos del Estado apegado al principio de capacidad de pago, es decir que los que tienen más paguen más.
«Desde el ICEFI hemos insistido en que no se debe aumentar el IVA. Un aumento del IVA del 13 al 15 % haría que alrededor de 155,000 personas que en estos momentos no están en situación de pobreza caerían en situación de pobreza «, expresó Castaneda.
Sin estrategia fiscal
Como parte de su análisis, FUSADES resalta que el deterioro de las finanzas públicas ya era evidente desde antes de la pandemia; sin embargo, aclara que esto último exacerbó la situación.
Parte del problema, según el análisis, es que en el país se ha privilegiado «un gasto creciente financiado con deuda, que hace crecer el pago de intereses, reduciendo los recursos que podrían servir para el desarrollo económico y social».
En este contexto, FUSADES subraya la necesidad de que el país adopte una estrategia fiscal de mediano plazo. Durante la presentación del último Presupuesto General del Estado, el Ministerio de Hacienda no adjuntó esta política.
El centro de pensamiento también considera que se debe de actualizar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Las metas que establecía esta normativa se dejaron de lado el año pasado, tras aprobarse los diferentes decretos por emergencia. El ministro de Hacienda ha declarado que esta se retomará, pero no ha dado una fecha específica.
Debido al desequilibrio en las finanzas públicas, FUSADES considera que se debe trabajar para aumentar los ingresos del Estado. En este aspecto, Hacienda ha expresado que se enfocará en la evasión, que implementará la factura electrónica y que se reactivará el cobro de la contribución a la seguridad ciudadana a los grandes contribuyentes (que ganan arriba de $500,000 en utilidad al año).
Otra de las medidas que se está considerando es la modificación del capítulo de precios de transferencia del código tributario.
En el caso de los impuestos, FUSADES considera que impuesto sobre la renta (ISR) es probable que la recaudación sea menor que lo proyectado en el presupuesto, debido a que la declaración de este año corresponde a las utilidades del 2020.
En lo que respecta al IVA, la fundación considera que el crecimiento observado a abril de 2021, un 22.9%, mayor que el proyectado en el Presupuesto 2021 (de 22%), está asociado con el efecto rebote de la economía y el crecimiento de las remesas familiares.
Respecto al gasto público, FUSADES considera que una de las medidas que se debería de considerar es «congelar la planilla del Estado». Los desembolsos para el pago de remuneraciones es una de las partidas ha ido en aumento en lo últimos años y que complican aún más un ajuste, señaló.
La entidad, además, sugiere considerar la reestructuración financiera de la deuda soberana tal como lo hizo Ecuador el año pasado, y así se asume «un compromiso fiscal creíble».
Fuente: El Economista