Después de apenas cuatro meses de haber ganado las elecciones presidenciales en Colombia, Gustavo Petro ha comenzado a imponer con una velocidad pasmosa la mayoría de los puntos de la agenda radical que enarboló durante la campaña. La regularización de relaciones con la tiranía de Maduro, el impulso a una reforma tributaria y el cabildeo para caminar hacia la despenalización del comercio de marihuana -y vaya usted a saber si eventualmente también de la coca-, son apenas muestras de los cambios apuntalados por Petro en sus primeros días al frente de la Casa de Nariño.
Sin embargo, el asunto en el que Petro ha insistido más durante estos meses ha sido, sin duda, el relativo a regularizar el status de los grupos terroristas que han puesto en vilo la vida de los colombianos desde hace décadas. La llamada “paz total” del mandatario izquierdista se ha convertido en la punta de lanza de una política que, cobijada bajo unos diálogos auspiciados por Cuba y Venezuela, pretende hacer borrón y cuenta nueva con guerrillas criminales como la del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La apuesta es sencilla: otorgar el mayor grado de impunidad posible a dichas agrupaciones en medio del tránsito de las mismas a la “vida civilizada”, repitiendo la jugada puesta en marcha por Juan Manuel Santos en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En ese sentido el lunes fue aprobada en el Senado de Colombia la Ley de Orden Público, que a su vez convierte el proyecto de “paz total” de Petro en una política de Estado. El texto se transforma así, básicamente, en un conducto a través del cual el presidente podrá echar adelante sus negociaciones con los delincuentes del ELN. Dicha ley pasará ahora a ser discutida en la Cámara de Representantes, donde el petrismo pareciera tener los votos necesarios para convertirla en una realidad concreta.
Las críticas a esta iniciativa han surgido fundamentalmente desde las filas del Centro Democrático, en donde la senadora María Fernanda Cabal ha expresado su preocupación en torno a cómo Colombia ahora podría verse internacionalmente como una nación que da carta blanca a organizaciones criminales para desarrollar sus actividades y no experimentar penalidad alguna si posteriormente negocian el cese de las mismas con el Estado.
Para Cabal se trata, en todo caso, de cómo Petro está incrementando los incentivos al delito al promover una política de impunidad. “A mí me preocupa que en este mundo globalizado todos los delincuentes van a venir al paraíso de la impunidad total, porque recordemos que el lenguaje también puede ser usado como un arma de guerra. ¿Paz total? La paz total se me asemeja a mí a la paz de Maduro o de los Castro”, afirma la parlamentaria conservadora.
El también líder conservador y excandidato presidencial, Enrique Gómez, ha denunciado la “entrega” que está facilitando el Pacto Histórico “del país a los delincuentes”; todo ello en medio de un esquema en el que se ha relajado absolutamente la idea de perseguir a quien ha infringido la ley en Colombia.
“No solo hace lo que le viene en gana con la ley, cada día que pasa le entrega una porción del país a narcoguerrilleros, violadores de niños, asesinos y secuestradores. Lo increíble del asunto es que a los petristas no les dé vergüenza ser parte de un plan para acabar con Colombia”, señala Gómez a propósito de la iniciativa de “paz total” del Gobierno izquierdista colombiano.
La promoción de la impunidad a líderes de grupos terroristas queda demostrada cuando, esta misma semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió concederle una amnistía a uno de los líderes históricos de las FARC, Rodrigo Granda. Entre muchos crímenes, el otrora catalogado como “canciller” de la organización, es señalado por ser el autor intelectual del secuestro y posterior asesinato en marzo de 1999 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.
De acuerdo a lo que detalla la Revista Semana, el borrón y cuenta nueva en el caso de Granda incluye mucho más que una simple amnistía, siendo que la JEP ha decidido desincorporar al exguerrillero de 73 años de las bases de datos penales de la Contraloría General de la República, la Policía Nacional, la Procuraduría y el Instituto Nacional Penitenciario, dejándole espacio para que pueda comenzar de cero.
Aunque esto podría verse a través de una lectura eminentemente jurídica, se obviaría gran parte de lo importante en ello: lo sustantivo acá es que justamente cuando está en discusión la posibilidad de que el sistema político dé vía libre a Petro para negociar con el terrorismo se produce una medida que otorga beneficios amplios a un líder histórico de las FARC. La casualidad en este caso se asoma como una posibilidad remota.
¿Es la claudicación absoluta y sin cortapisas ante el narcoterrorismo la única vía que tiene Colombia para resolver el problema de la violencia histórica engendrada por estos grupos? Es una pregunta que le tocará responder a los colombianos en el futuro. Sin embargo, Petro ya ha comenzado a hacerlo transigiendo con los que han sembrado destrucción y muerte en la nación sudamericana.