Aunque sea por sólo un instante se cubre de gloria el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, al otorgar una suspensión contra la reforma electoral completa impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido Morena y que pretendía cambiar muchas reglas del juego, lo que se interpretaba como tomar el control del Instituto Nacional Electoral (INE).
En un comunicado emitido por la SCJN, esta institución -que por otro lado nunca hay que perder de vista que ha sostenido un perfil altamente cercano al supremacismo progresista-, dio a conocer que admitió la demanda presentada por el INE “contra las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos”, y concedió la suspensión solicitada.
Fue el Ministro Ponente Laynez Potisek quien admitió la demanda de Controversia Constitucional que había interpuesto el INE contra el decreto que buscaba reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expedía una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, confirmó la SCJN.
De esta manera, las autoridades demandadas, que son el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, tendrán que presentar su contestación en el plazo legal fijado.
Asimismo, el ministro Laynez ha concedido que se suspendan todos los artículos que impugnaba el decreto referido, de manera que hoy toda la operación del INE se mantendrá tal y como funcionaba con las disposiciones previas vigentes.
Algunos de los puntos relevantes de la suspensión, son los siguientes: Se evitarán despidos masivos -incluyendo los que afectaban a directivos, técnicos y hasta la vigilancia- y no se podrá replantear el esquema organizativo del INE; seguirán habiendo mandos centrales; se mantienen las prestaciones sociales; Edmundo Jacobo Molina, titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, no será removido.
Por supuesto, la reacción del partido oficialista, Morena (adscrito al Foro de Sao Paulo), no se hizo esperar. Su líder nacional, Mario Delgado, salió a declarar que la suspensión del Plan B del INE “es ilegal y parcial”.
“La decisión del ministro Javier Laynez Potisek es ilegal y parcial; está tomando una decisión unilateral, con consignas que favorecen a los conservadores y sin respetar la investidura que representa. Su decisión es contraria al derecho”, tuiteó.
Y en un comunicado, Delgado expuso que el ministro instructor, “de oficio o a petición, puede otorgar una suspensión antes que se dicte sentencia”, pero “no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales, como es este caso, por ello, el ministro incurrió en una falta que nos hace dudar de su imparcialidad”, consideró.
También dio a entender que el tema no estaba cerrado, porque falta la evaluación del pleno de la SCJN: “Es una determinación de uno de los 11 ministros, no del Pleno de la Corte, y respaldaremos las decisiones que sabemos tomarán el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión para impugnar esta medida arbitraria e ilegal, y esperamos que con autonomía sea el Pleno de la Suprema Corte el que se pronuncie por la legalidad y revoque esta suspensión porque dicha reforma no viola de ninguna manera la Constitución”, juzgó el dirigente izquierdista.
La cosa es que la SCJN está mejor evaluada y genera más confianza en la población que López Obrador, según una encuesta realizada por el diario El Financiero este 21 de marzo.
El nivel de confianza en la SCJN se ubicó en un 61%, contra un 54% por AMLO, de acuerdo con los resultados que arrojaron entrevistas telefónicas a 600 personas del país.
Hay que recordar además que en un acto masivo de López Obrador el pasado 18 de marzo, que conmemoraba la “expropiación petrolera” hecha por el presidente marxista Lázaro Cárdenas en 1938, la imagen de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, fue puesta en llamas, en un acto francamente de odio contra la líder de un poder independiente, como lo es el Judicial.
De esta manera, por lo pronto, el INE, que es la joya de la Corona de la democracia mexicana, y que ha costado décadas de esfuerzo y sangre, sudor y lágrimas, seguirá operando de forma autónoma, pese a que la ola de Morena lo vigila para acabar con él en cuanto pueda y regresar a México a los tiempos cuando los comicios los controlaba el gobierno desde la secretaría de Gobernación.