La filtración de un memorando enviado a los comisionados condales por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, puso sobre la mesa la posibilidad de que las pruebas de detección del COVID-19 tengan un costo para quienes no poseen seguro médico en el Gran Miami.
Dadilia Garcés, epidemióloga y docente del Miami Dade College (MDC), dijo que al trascender la noticia “fue algo que causó mucha alarma”, por cuanto el costo promedio de una prueba PCR de coronavirus es de 150 dólares y “muchas personas para regresar al trabajo, después de tener la enfermedad, deben realizarse dos pruebas”.
“Estaríamos hablando de 300 dólares. No todo el mundo tiene la capacidad económica ni un seguro que pueda cubrir ese costo en menos de una semana”, afirmó la especialista.
La preocupación surgió tras una nota que dirigió Levine Cava a los comisionados del condado en el que les notificaba que las pruebas de COVID-19 para personas sin seguro podrían tener un costo a pagar a partir de julio por fondos “no presupuestados”. En otras palabras, la edil les dijo a los legisladores que no había recursos para seguir financiando ese servicio gratuito y se imponía la necesidad de buscar una solución.
Sin embargo, horas después la misma alcaldesa comunicó en una rueda de prensa que el Condado había llegado a un acuerdo con la compañía Nomi Health, que realiza las pruebas, para continuar el programa de muestras gratuitas hasta una fecha que no ha sido especificada. En principio, las pruebas serían gratuitas hasta los primeros días de julio, ahora se desconoce hasta cuándo.
“No es el momento”
Para la epidemióloga del MDC, la situación económica actual, pero principalmente el aumento en el impacto creciente del virus serían dos factores que pesarían en el contexto de la pandemia en el sur de la Florida, si las pruebas tuvieran un costo para los residentes desprovistos de un seguro.
“Además de que estamos pasando por una situación económica muy difícil, y que el poder adquisitivo ha bajado mucho en la población, esto incluye también a personas que son los inmigrantes ilegales que no van a tener la cobertura de un seguro”, apuntó.
Asimismo, mencionó a “personas que trabajan a medio tiempo y tampoco tienen un seguro”, un aspecto que, junto a los anteriores, a su juicio, podría desencadenar problemas mayores por cuanto “muchas personas enfermas no se van a realizar la prueba” por no contar con recursos que les permitan costear ese servicio.
La prueba PCR es más confiable para los médicos, aunque su valor y tiempo de respuesta en laboratorio es mayor. La otra opción es una muestra de antígenos, que popularmente se conoce como “prueba rápida”, cuyo costo, según Garcés, oscila entre 50 y 75 dólares.
“El problema es que algunas compañías exigen la prueba PCR”, afirmó.
Reacciones
Meylin Fajardo, una cubana que radica en el sector de Kendall, se ha practicado 23 muestras de coronavirus desde el primer momento de la pandemia y, según dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, ha estado contagiada de esa enfermedad en dos ocasiones.
La habanera contó que “si me hubiera tocado pagar por todas esas pruebas, hoy mi salario estaría por el suelo” y, agregó: “una persona que gane 11 o 12 pesos por hora de trabajo no puede pagar eso con lo caro que está todo por estos días”.
Fajardo es empleada de un casino que funciona en el suroeste de Miami-Dade, en donde le ofrecen un seguro médico privado, pero debido a sus modestos ingresos y condición de madre soltera prefiere estar afiliada al sistema de salud público estatal de Medicaid.
Griselda Soto, por otra parte, es una venezolana que lleva ocho meses en Estados Unidos y entró al país por la ciudad de San Diego. Hoy trabaja en Miami en un supermercado, “haciendo de todo un poco”, de acuerdo con su relato.
Solo se ha realizado una prueba de COVID-19 desde que se encuentra en suelo estadounidense. “Me pusieron un grillete (electrónico, para saber dónde estoy), me mandaron a un hotel, pero antes me hicieron una prueba (de coronavirus) que salió negativa. Ahorita me sentí con algo de gripe, pero no me atrevo a hacerme otra porque no tengo mis documentos al día y tampoco tengo un seguro”, señaló a este rotativo.
En los sitios de pruebas en el condado no exigen documentos de identificación, solo piden ingresar una serie de datos en una aplicación a la que se puede acceder a través del teléfono móvil.
COVID y otras enfermedades
La probabilidad de que quienes no poseen un seguro médico tengan que pagar la prueba de COVID-19, se asoma en momentos en que el virus vuelve a tener un impacto importante entre la comunidad, a lo que se suma un brote de gripe y problemas alérgicos.
Hasta días recientes, los índices de contagio de COVID-19 se elevaban al 21% en Miami-Dade, con sitios de pruebas nuevamente visitados por eventuales pacientes de la enfermedad y un temor que hizo retomar en muchos el uso de la mascarilla.
Al hacer un “balance” de los “síndromes respiratorios” que se presentan en verano, Garcés dijo que “lo primero es tener claro que seguimos en pandemia”, que “la influenza golpea fuerte en estos meses, lo mismo que la gripe común”, pero “no debemos olvidar las alergias que se disparan cuando hay mucho polen en el ambiente”.
Dijo que es importante “diferenciar los síntomas” del COVID-19 y otras enfermedades.
“Las nuevas subvariantes de la ómicron traen cansancio y fiebre, mientras que la influenza puede o no puede producir fiebre. El resfriado común trae malestar, pero más congestión en nariz y garganta”, explicó.
Por todo esto, la epidemióloga cree “muy necesario” que ante cualquier síntoma asociado con problemas respiratorios o nasales las personas afectadas se hagan una prueba de COVID-19.
“Hay que descartar primero que tenga COVID-19, y si no lo tiene también hay que descartar que tenga influenza, porque eso es lo que hay que atacar de manera más rápida, porque son las enfermedades más agresivas y pueden tener mayor impacto en la salud de la persona”, puntualizó.
El consejo final de Garcés es que cualquier malestar parecido a un resfriado que tienda a agravarse debe ser puesto a consideración de un médico y no esperar a que la situación empeore.
El temor latente por el costo de las pruebas de COVID-19
