Ibéyise Pacheco
El régimen avanza en la imposición de un Estado comunitario centralizado bajo una nueva Constitución, no hay otra forma de decirlo. Lo hace sin que el liderazgo político -salvo excepciones- de señales de haberse enterado.
El oficialismo ha activado todo lo que necesita para ese objetivo. Inició a través de las redes sociales una consulta pública con la narrativa elaborada para la transformación de las leyes del Poder Popular. En paralelo, la militancia oficialista lleva a cabo encuentros en los que debaten y se organizan “para grandes desafíos” de la economía comunal. También tienen un ministro, Jorge Arreaza, encargado de comunas y movimientos sociales que monitorea lo que su ilegal Asamblea Nacional hace por la reforma de la ley de los Consejos Comunales.
El plan original Chávez lo intentó ejecutar en el 2007 cuando fue derrotado en su pretensión de reformar la máxima ley con la que aspiraba moldear un Estado socialista al darle fundamento constitucional a la Ley Orgánica del Poder Popular y a la Ley Orgánica de las Comunas.
Ahora, el acelerador lo pisó Nicolás Maduro el pasado 20 de octubre cuando ordenó hacer una revisión integral de leyes e infraestructura del poder popular. El plan es evidente: desaparecer cualquier obstáculo burocrático para la instalación del Estado Comunal en Venezuela. Esto es sentar las bases de una nueva estructura política que deberá operar a través de Consejos Comunales con el fin ulterior de que la cúpula del Poder Ejecutivo los tenga bajo su control.
El precandidato presidencial César Pérez Vivas advierte “que se pretende imponer el modelo cubano al extrapolar a nuestra legislación elementos conceptuales e instancias de gobiernos típicos del castrismo caribeño para continuar con la destrucción de la República democrática y el reforzamiento del presidencialismo y el centralismo”.
Al respecto, el madurismo ha avanzado en su afán por crear, en paralelo a los municipios, una instancia de gobierno colectivista de los asentamientos humanos, totalmente dependiente del gobierno nacional. Está muy claro que, en la nueva estructura política regional planteada, los municipios serían eliminados. Razón tienen quienes sentencian que sería la muerte de la democracia representativa.
El camino, expresado a rajatabla, es hacia el totalitarismo. Para ello primero tienen que acabar con el gobierno local autónomo lo que atropella hasta a sus partidarios (y ellos parece que no lo ven). Esta visión del poder, puntualmente calificada como estalinista, procura garantizar el control en forma directa de toda persona, entidad, empresa y organización existente en la sociedad.
Sin embargo, Pérez Vivas tiene algo de optimismo: “de lo que ellos no se han dado cuenta es de que esas ideas decimonónicas no tienen vida en este siglo, por ser en su esencia, contrarias a los valores de la libertad y la modernidad”.
La orden de Maduro se ha topado con algunas dificultades legales que el mismo abogado Hermán Escarrá, arrogado como padre de la criatura, admitió: “en el Texto Fundamental vigente hay muy poco sobre la comuna y los consejos legislativos relacionados a ella, por lo que pudiera irse a una enmienda o reforma constitucional”. Sabemos que saltarse la ley es divertimento para la dictadura. Si tienen que reformar la Constitución, lo harán a su manera, evento que Escarrá alienta al aseverar que las comunas son factor fundamental de la propuesta de la revolución en cuanto a la organización del pueblo.
El obstáculo constitucional no ha detenido las reformas a la normativa del Poder Popular. Catorce leyes constituyen el marco jurídico de este nuevo aparato de dominio que amolda a toda marcha la Asamblea Nacional madurista y que para el politólogo Nicmer Evans “son inconstitucionales, atentan contra la descentralización al establecer el centralismo democrático, eliminando prácticamente alcaldías y gobernaciones, y colocando el escenario para las elecciones de tercer grado como en Cuba”.
El chavismo ha practicado el nuevo esquema. Bautizada como la nueva geometría del poder, eligieron a los jefes de calle, para seguir con las UBCH hasta llegar a los consejos comunales. En esas elecciones internas sometieron a prueba las estructuras del proceso, incluidos puntos de control, y probaron la metodología que les sirvió para actualizar la base de datos de la población.
Tan frenética actividad parece inquietar a algunos pocos del sector opositor, entre ellos al economista y diputado José Guerra que a partir de la aprobación de la ley de presupuesto de 2023 alertó: “los números no engañan; el plan es debilitar a las entidades regionales a las cuales se les arrebató lo que de derecho les corresponde por concepto de Situado Constitucional para favorecer la instalación del Consejo Comunal”.