OMAR ESTACIO Z.,
Domingo de la semana pasada. Termino de escribir la presente crónica. 6:30 de la tarde marca el reloj. Después de tres meses, la Imprenta Nacional, todavía, no ha publicado la misteriosa reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Popular, sancionada por la Asamblea Nacional el 28 de mayo del año en curso.
Misteriosas, muy misteriosas, porque las nuevas “elecciones” tuvieron lugar ¿ayer? — Sí, porque ayer 25 de agosto también se celebraron «elecciones» en Venezuela— fueron convocadas con base en la citada reforma legal. Hasta que esta última no sea publicada en la Gaceta de la República, los pretendidos millones y millones de votantes —son los mismos millones y millonas (sic) que sufragaron en el referendo sobre el esequibo, que nadie vio, a excepción de la mendaz publicidad oficialista— no sabrán a ciencia cierta, para qué y por quién votaron.
El ministro de comunas, conjuntamente con Nicolás Maduro había anunciado que el 25 de agosto, un millón 500 mil voceros se disponían a representar a 4.505 ilusorios circuitos que, a su vez, integran los no menos ilusorios 49.000 consejos comunales del país. “También han sido postulados—agregó el Primer Desmandatario— un total de 27.420 proyectos a razón de seis proyectos por cada circuito comunal, en algunos hay siete, en otros cinco”.
El legendario “Plan Marshall” con el que EEUU, ayudó a la reconstrucción de toda Europa tras la Segunda Guerra Mundial, es una muy modesta caricatura, comparada con la avalancha de obras públicas, planificadas y a ejecutar por los mismísimos planificadores, desdoblados en contratistas, todos camaradas del PSUV. No serán capaces ni de iniciarlas y si las inician, las paralizarán o las abandonarán, apenas cobren los correspondientes anticipos. No hace falta ser muy zahorí para predecirlo ¿Qué sabe burro de pasta de dientes? -excusas a esas nobles criaturas de Dios por la comparación. Y usted, amable lector, ahí, leyendo la prensa sin enterarse en lo absoluto, porque la pretendida elección del pasado domingo ha sido todo un misterio, como lo afirmamos al comienzo.
Nadie piense que entre esos 27.420 “proyectos”, los hipotéticos electores seleccionarán los mejores a brazo alzado o “voto sobaquero” (la palabreja tan poco lírica, es porque el término “axila”, ha sido proscrito por la RAE, por su insuficiente aroma selvático) ¡No señor! La votación fue observada, en toda regla, porque para eso están dos instituciones altamente especializadas. Quiere decir, el “Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela)” dirigido por un tal, Eugenio Chicas, exguerrillero, radical, del Frente Farabundo Martí salvadoreño y/o por el “Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional” OPEIR, apéndice de la SICLAR, tan o más rusa que Vladimir Putin y alabanciosa del bigote, monigote, cachalote, como se constata en su cuenta de YouTube. Es que los muy desvergonzados, ya no guardan ni las apariencias.
Las “expertas” electorales, internacionales, imparciales, OPEIR y SICLAR forman parte de la comparsa de alcahuetas que han oficiado y que mientras se lo permitan, seguirán oficiando como supuestos observadores electorales al servicio del narco tirano. Apenas el rector Amoroso, declaró reelecto al susodicho en las pasadas Presidenciales, salieron disparadas a ver cuál iba a ser el primero en avalar el fraude. Son las mismas “auditoras” que, posteriormente, mutilaron, alteraron, desordenaron, echaron al tacho la basura miles de actas, contaminaron, en general, la data de las referidas votaciones presidenciales. Además de certificar, falsamente la reelección del narco tirano, fueron nombradas para tal mutilación, por la Sala Electoral del TSJ. Ya nunca, jamás, ese material podrá ser objeto de experticia alguna, incluido el peritaje internacional que demandan, en forma unánime, la ONU, la OEA, EE. UU., la Unión Europea, 14 países latinoamericanos y, en general, la gente decente alrededor del Mundo. Con ello pretenden forzar una nueva elección Presidencial salpicada, aún más, de peores trampas.
En paralelo, la reforma parcial de la referida Ley Orgánica del Poder Popular, del pasado 29 de mayo, lo que de veras se propone es vaciar de atribuciones la Presidencia de la República, antes de la inevitable toma de posesión de Edmundo González Urrutia. Hay otras 12 leyes promulgadas por la AN, que tampoco han sido publicadas en la Gaceta Oficial que persiguen lo mismo. La narco tiranía aspira, antes de la mencionada toma de posesión, fijada maliciosamente para enero del próximo año, publicar tal paquete legislativo con sus textos alterados, y con ello, transferir funciones inherentes a la jefatura de Estado a los frotaesquinas del Poder Popular.
Mientras tanto, los mamporreros —perdón— los susodichos, expertos electorales, «imparciales», «internacionales», han montado carpa en Caracas para pasar los días, 15 y último de cada mes, por la ventanilla de la partida secreta del palacio presidencial de Miraflores.
Los narcotraficantes no salen por las buenas. A los entronizados en el gobierno de nuestra amada, Venezuela habrá que hacerlos entender por las menos buenas.