Saúl Hernández Bolívar,
Cualquiera creería que el fin de un año y el comienzo del nuevo pondría casi en stand by el frenesí de acontecimientos nacionales, pero no hay tal y menos con un gobierno que está empecinado con llevarse a este país por los cuernos. Un gobierno que, por cierto, llegó al poder con fuerte injerencia rusa, como lo ha confirmado la plataforma Twitter y su propietario, Elon Musk.
No en vano, desde el gobierno del asesino Vladímir Putin vienen a adular a Gustavo Petro con el cuento de que ha hecho más por la paz de Colombia, en pocos meses, que Iván Duque en cuatro años. Como si el lejano Kremlin tuviera algo que opinar al respecto o se le olvidara al embajador de Rusia ante la ONU que hoy su país es repudiado mundialmente por su criminal invasión a Ucrania. ¿Será que eso es hacer algo por la paz? El abrazo del oso ruso.
Y si vamos a los hechos, la famosa «paz total» de Petro es una aberración. No solo hay crisis en la mesa con el ELN por declarar una tregua que no se había acordado, sino que la misma Fiscalía General de la Nación ha tenido que negarse a la solicitud inconstitucional del Gobierno de levantar órdenes de captura de líderes narcoparamilitares. Por fortuna, un sector de la Iglesia Católica se ha amarrado bien la sotana para expresar que «es ingenuo creer que guerrilleros y narcotraficantes van a dejar sus rentas ilícitas a cambio de lo que el gobierno ofrece para ingresar a la legalidad». La conclusión es que seguirán delinquiendo.
Mientras tanto, vemos cosas indignantes como lo ocurrido en Policarpa, Nariño, donde un grupo de unos 15 guerrilleros de las FARC patrulla por el pueblo mientras una docena de policías permanece encerrada en la estación con la orden de «no salir y no intervenir». Es decir, se desconoce el mandato constitucional en detrimento de la institucionalidad.
Así, es triste y aberrante ver un país arrodillado a la delincuencia, donde el ministerio de Justicia está obsesionado con la idea de que los presos salgan a trabajar de día y vuelvan a la cárcel solo a pasar la noche. Y no es que crea que esto es Dinamarca, sino que está buscando una justificación para que bandidos de la peor ralea salgan de las cárceles o no tengan órdenes de captura para que sean partícipes de la «paz total». Debería aprender de su par chileno, que renunció y creó una crisis en el gobierno de ese país por oponerse al indulto que Gabriel Boric les concedió a 13 criminales que encabezaron las revueltas del llamado «estallido social».
Por otra parte, entre las polémicas de fin de año hay que mencionar la frustrada compra de aviones de combate para remplazar a los viejos Kfir, dejando vencer a propósito el documento Conpes respectivo con el fin de tener una disculpa para no comprar. Dicen los expertos que todo país debe tener cierto armamento para disuadir a sus vecinos belicosos. En ese sentido, los aviones de combate son una de las armas más estratégicas, pero es obvio que Petro, de todas maneras, no los iba a usar contra sus amigos, sean Venezuela, Nicaragua, Brasil u organizaciones criminales como el ELN, las FARC o las Autodefensas Gaitanistas. De ahí que dijera que hay que ver las «nuevas realidades de seguridad del país». Por tanto, en su gobierno serían una compra inoficiosa, como cuando alguien adquiere un carro, pero ni siquiera lo saca del garaje, y tantos billones no se pueden desperdiciar así.
Tampoco se puede desperdiciar el ahorro pensional de los colombianos en proyectos demenciales como ciertas obras de infraestructura que no tienen estudios ni son necesarios. Un ejemplo es el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla que costaría más de 600 billones de pesos, en el que se enterrarían los recursos de Colpensiones, según ha dejado entrever su presidente Jaime Dussán. Un desvarío que hace recordar las chifladuras que proponía un deschavetado candidato presidencial llamado Gabriel Goyeneche, como pavimentar el río Magdalena.
Una obra incoherente la del tren porque sería para trasladar mercancías de países ricos entre los dos océanos y eso a Petro no le gusta. De hecho, ha indicado que gastamos mucho dinero en vías de cuarta y quinta generación que solo favorecen a los ricos y a sus mercancías importadas. Por eso también es incoherente que Petro prometa una supercarretera para reponer el tramo destruido por el invierno en Rosas, Cauca. Promesas de quien no pudo ni tapar los huecos de las calles cuando era alcalde de Bogotá.
En cuanto a las finanzas, la destinación que le dé el Gobierno a cada centavo, este año, va a dolernos. Habiendo cerrado 2022 con una inflación del 13,12 %, y con un incremento de 16 % para el salario mínimo, se hace perentorio controlar el aumento de precios al consumidor, pero la administración hace lo contrario. Este año, los hoteles y las aerolíneas cobran nuevamente la tarifa de IVA de 19 % y los restaurantes el impuesto al consumo de 8 %. Por cierto, los tiquetes de avión suben 40 % justo cuando se quiere promover el turismo, y el hablantinoso ministro de Transporte les sugiere a las aerolíneas disminuir costos despidiendo personal. Entretanto, la promesa de no aumentar el precio del diésel hasta junio, ya se incumplió, aunque la incompetente ministra de Minas, Irene Vélez, dijo que solo era un ajuste por inflación…, ¡precisamente!
Pero no solo el gobierno se equivoca. El sector privado, como predijo Lenin, anda vendiendo la soga con la que han de ahorcarle. No solo se han prestado al juego Lafaurie y los ganaderos o la Federación de Cafeteros, cambiando su gerente por una llamada de Palacio, sino el grupo Ardila Lulle que para cuidar su azuquitar y sus gaseosas le dio la espalda a La Hora de la Verdad, de Fernando Londoño, y le soltó una millonada a Gustavo Bolívar a cambio de una de esas porquerías que escribe. Es que, para sacarles dinero a este Bolívar, como a los demás izquierdistas, sí le gustan los ricos. Claro que, tal vez, la estrategia sí le funcione al grupo Ardila; es lo que hacen los Santodomingo hace años entregándoles El Espectador y Noticias Caracol a los mamertos para que nadie se meta con sus cervezas.
Lamentablemente, tenemos un gobierno que desde el brindis de año nuevo viene acelerando en su propósito de acabar con todo. La desaparición de las EPS pondrá en juego las vidas de mucha gente. La terminación de los contratos de prestación de servicios nos sumirá en el caos. La falta de Bienestarina agudizará los casos de desnutrición infantil. La importación de gas venezolano nos hará dependientes de esa dictadura (para eso pidió permiso Ecopetrol a los gringos para negociar con PDVSA)…
Por desgracia, esta breve semblanza de nuestra actualidad política no es el sumario de una truculenta novela sino un sucinto repaso de lo ocurrido en el despuntar del nuevo año. Un amargo preludio de lo que nos espera.