Ceferino Membreño fue encontrado sin vida, desnudo, con heridas en su cuerpo y mutilados sus genitales, en medio de un matorral en Matiguas, en el departamento de Matagalpa, al norte del país.
En esa misma localidad en el sector de la Dalia, a Rafael Antonio Prado, cuatro hombres armados lo secuestraron en su propia casa, le cercenaron una mano de un disparo y le propinaron dos machetazos en el cráneo, está con vida y se recupera de las graves lesiones en un hospital.
Con esas prácticas de terror reprime el régimen de Daniel Ortega a los opositores en el campo y en la zona urbana. Los casos de Membreño y de Prado, son los dos más recientes ejemplos de violencia y persecución en el campo. La madre de Rafael, Carmen Miranda, es concejal del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, en La Dalia; y Ceferino participó en las protestas, confirmó Kenia Gutiérrez, dirigente del Movimiento Campesino.
Tras el estallido social en Nicaragua, los crímenes en la zona rural se han incrementado contra ese sector que vivió en carne propia la guerra y la persecución del sandinismo durante la primera dictadura (1979-1990), y que se enfrenta nuevamente a Ortega, tras la firma de la Ley del Canal con la que el régimen pretende despojarlos de sus tierras en la franja de tierra que supuestamente utilizarían para la construcción de un canal interoceánico.
El Movimiento Campesino ha documentado 113 asesinatos de octubre de 2018 a la fecha. Las razones son políticas, afirma Gutiérrez. Los hechos ocurren a la vista y con aceptación del Ejército y la Policía que se han alineado al régimen sandinista, mientras que en la zona urbana los órganos represivos encarcelan y reprimen a opositores.
Entre tanto, un sector de la oposición anunció la creación de la Coalición Nacional, que tiene el reto de convencer al resto de los opositores que se muestran escépticos porque ese grupo aglutina a exiliados de Ortega durante la primera dictadura y que crearon organizaciones. Algunas de ellas, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el Movimiento por el Rescate al Sandinismo (MPRS), y Articulación de Movimientos Sociales; empresarios aliados del régimen hasta abril de 2018, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán, protagonista del pacto que le permitió a Ortega retornar al poder; el partido indígena Yátama, El Frente Democrático Nicaragüense y el Movimiento Campesino.
Gemma Serrano es una joven periodista que se encuentra en el exilio junto a su familia; el régimen emitió una orden de captura en su contra por apoyar las protestas, lo perdió todo y desde el exilio observa con desconcierto lo que ocurre en su país al que no puede regresar mientras Ortega este en el poder.
Para ella la Coalición es un intento de revivir la Unión Nacional Opositora (UNO), la organización que llevó al poder a Violeta Barrios de Chamorro, pero en este caso, a su juicio, después de dos años de lucha, prevalece los intereses de cúpulas que buscan cómo posicionarse para ocupar el poder, intenciones que Azahalea Solís, de la Alianza Cívica y Violeta Granera, de la Unidad Azul y Blanco, no esconden al expresarlo en los medios de comunicación.
“La cultura política de las prebendas y cuotas de poder se antepone ante cualquier necesidad del pueblo, incluso a nivel interno se obstaculizan unos a otros y por lo tanto hasta el momento de esas alianzas no ha salido ningún liderazgo sólido. Se ha hablado de la inclusión, pero hasta el momento solo han hecho acuerdos de cúpulas, en una actitud totalmente soberbia (porque) se ha excluido la opinión de la población y de sectores que representaron parte importante de la lucha y hoy se encuentran exiliados”, señala Serrano.
En la Coalición convergen varias ideologías, pero Serrano en su análisis lo ve desde otra óptica.
“No veo la Coalición como mezcla de ideologías, si no de intereses, de ser así habría más apertura y no solo los protagonismos cansados de políticos con pasados muy reprochables, lo cual es su principal debilidad” aseguró la periodista.
“Los puestos están ocupados por viejos zorros que la población ya conoce, que lejos de fomentar la unidad, provocan el repudio generalizado, unos por ser cómplices de Ortega durante los 80, y otros por ser socios de la dictadura en periodos muy recientes. Si bien se necesita la experiencia política, esta puede ser aportada sin necesidad de protagonismos asqueantes. La gente quiere ver líderes verdaderos, caras nuevas sin vinculaciones a procesos de corrupción, participación de los diferentes sectores, políticos con buenas referencias y compromiso en pro de un cambio, no solo de presidente, si no de sistema, que nos permita alcanzar la democracia anhelada sin caer en el circulo vicioso que hasta hoy nos ha llevado a estancarnos en la repetición constante de la historia”, sostiene Gemma Serrano.
Leopoldo Gómez, es un joven político independiente que cree que hace falta mucho para lograr la unidad tan necesaria.
“Creo que la Alianza Cívica o Coalición tiene que pasar a las acciones como convocar a una marcha nacional para exigir la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos que este régimen no hace, deben convocar asumiendo cualquier costo ya que son ellos los que se dicen ser nuestro líderes en la oposición, no que vemos a ciudadanos comunes como Jaime Arellano y Don Lolo Blandino convocando a una marcha que hizo más bulla que la propia firma de unidad”, señaló Gómez.
Arellano y Blandino permanecen secuestrados en sus respectivas residencias por el régimen, tras haber convocado a una marcha por la liberación de los presos políticos.
El Movimiento campesino
Kenia Gutiérrez, dijo que el Movimiento Campesino será la voz del pueblo dentro de la Coalición, y fiscalizar que se haga lo correcto. “Son espacios que no debemos dejar”, sostiene para agregar que sumarse al proyecto fue decisión de sus bases en los territorios “que pide unidad, y les gusta la idea de la gran Coalición”.
Gutiérrez no habló sobre el principal objetivo de la Coalición, el electoral, a su juicio es demasiado temprano para disertar sobre el tema a solo 20 meses de los comicios. “No podemos estar pensando en elecciones sabiendo que tenemos tantas cosas que resolver en el país”, aseguró
Sostiene que las prioridades deben ser la liberación de los presos políticos y solucionar el tema de los asesinatos en el campo.
Sin embargo, los integrantes de la nueva agrupación hablan abiertamente de ese objetivo.
Elecciones
La opción de ir a comicios presidenciales en noviembre de 2021 con Ortega, permitirá al dictador, señalado de crímenes de lesa humanidad, seguir participando de manera ilegal e inconstitucional tras 15 años consecutivos de permanencia en el poder. En el caso de que Ortega pierda esas elecciones, quedaría protegido por la inmunidad que le otorga la diputación regalada por el pacto suscrito con Arnoldo Alemán.
“El problema, objetivamente—apartando las sospechas que merecen la gran mayoría de los líderes de la Coalición, apartando sus culpas sin reconocer, sus crímenes sin pagar, apartando (temerariamente) consideraciones éticas—es que la propuesta que estos políticos defienden, y la única que parece unirlos, es la de ir a elecciones con Ortega. En días recientes, con sus abundantes recursos financieros y la política de captación y cooptación que dichos recursos facilitan, han intensificado el redoble propagandístico alrededor de dos ejes”, escribió el doctor en economía Francisco Larios, en el blog Ciudadano X.
Esos ejes que alude Larios son: que no hay otra opción más que la electoral, y reescribir la historia como sucedió en 1990, cuando Ortega obligado por los cambios en el escenario internacional y el desgaste de la guerra con la “Contra”, integrada en su mayoría por campesinos, se vio obligado a ir a elecciones y fue derrotado.
Ese argumento, no lo comparte Larios, el escenario es distinto. A su juicio, las elecciones llevarían a una sucesión dinástica. “Esto es, lo dice la historia, una enorme falsedad. Si cada dictadura que surge terminara solo si el tirano acepta elecciones democráticas, habría dinastías eternas en el planeta. Hay que añadir que tampoco es cierto que no haya alternativa que no implique guerra civil”.
«Las elecciones del 25 de febrero de 1990 desplazaron a Ortega de la presidencia, a Sergio Ramírez de la vicepresidencia, y al FSLN del control de la Asamblea Nacional, pero nunca lograron despojarlos del poder real, del que se ufanó Ortega al lanzar su infame vamos a gobernar desde abajo. Que lo haya logrado, y que a partir de ahí volviera al poder absoluto, debería ser para nosotros una advertencia tan dramática como los huesos cruzados y la calavera que se coloca sobre las sustancias venenosas”, afirmó.
A lo anterior se suma que Ortega tiene el control de todos los poderes del estado, incluyendo el electoral, y una red electoral en las distintas zonas del país integrada por exagentes de la Seguridad del Estado y militantes sandinistas.
Larios opina que las sanciones internacionales contra la dictadura es uno de los métodos de presión que deben ser ampliados y que obligarían a Ortega a abandonar el poder.
Otros grupos opositores son de la línea de que la desobediencia civil y un paro nacional indefinido obligarían a Ortega a abandonar el poder, un riesgo que la cúpula empresarial no quiere asumir, mientras tanto la dictadura continúa reprimiendo y ejecutando opositores.
Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) acusó el pasado viernes al dictador de NicaraguaDaniel Ortega, de «dejar morir» el Memorando de Entendimiento suscrito hace tres años entre ambas partes y en el que el régimen se comprometía a implementar profundas reformas del sistema electoral.
Según un comunicado de la OEA, el avance en los tres años fue mínimo y el régimen sandinista no ha mostrado interés en renovar ese Memorándum a 20 meses de las elecciones de 2021.
Fuente: Diario las Américas
Elecciones en Nicaragua darían pie a sucesión dinástica
