MIGUEL ÁNGEL MARTIN,
Las elecciones para presidente de la República y su resultado no detienen la justicia.
Los militares, policías, jueces y fiscales, como Luisa Ortega, Exfiscal General; General Cristopher Figuera, Exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Luisa Estela Morales, Expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros, han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional.
¡Llegó el momento de elecciones!
El órgano electoral de Maduro ha fijado el cronograma de elecciones atendiendo el pedido de la oposición y la comunidad internacional. El anuncio lo hace el 5 de marzo, la misma fecha en que el régimen de Cuba informó públicamente de la muerte de Chávez, aunque realmente falleció el 31 de diciembre de 2012, pero tenían que preparar el cambio de poder en Venezuela y necesitaban ganar tiempo. La fecha de la elección coincide con la fecha de nacimiento de Chávez, como una estrategia para movilizar la base chavista hacia el voto. Pero bueno, la oposición no puede hacer más nada, ya que ella fue la que exigió un cronograma. ¡Ahí lo tienen!
Las elecciones no detienen el juicio ante la Corte Penal Internacional
Apartando el reto que tiene la oposición de canalizar el clamor de libertad de la gente, hay que dejar bien claro que estas elecciones no van a detener el proceso que se sigue ante la Corte Penal Internacional, por lo que, todos los que han sido señalados como responsables dentro de la cadena de mando, en el caso de los militares y policías, así como los jueces y fiscales acusados, serán sometidos a la justicia internacional.
La Corte Penal Internacional rechazó un recurso de apelación del régimen venezolano, que exigía detener el avance de las investigaciones en su contra por posibles crímenes de lesa humanidad, según lo expresa el juez Marc Perrin de Brichambaut al tribunal con sede en La Haya.
Venezuela es el primer país de América Latina en el que la Corte Penal abre una investigación formal (noviembre 2021), luego de que el fiscal británico Karim Khan anunciara la apertura del caso conocido como «Venezuela I», por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante violentas protestas registradas contra el gobierno.
En el 2020, e; fiscal Khan dijo que había “bases razonables” para creer que funcionarios gubernamentales y militares habían perpetrado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas a disidentes durante las protestas de 2017, en las que fallecieron 125 personas.
La ONU y la OEA también están actuando ante la Corte Penal Internacional
También es digno recordar que la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, un mecanismo de la ONU con un mandato separado de la oficina del Alto Comisionado ha investigado y documentado casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
Asimismo, los informes del panel de expertos de la OEA remitido a la Corte Penal Internacional evidencian múltiples casos de posible lesa humanidad por parte de funcionarios militares, policiales, jueces y fiscales por asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, torturas, persecuciones y otros actos graves contra ciudadanos venezolanos. El 19 de julio de 2017, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dio a conocer su tercer Informe sobre la situación en Venezuela, en el que se planteó que existían evidencias que apuntaban al «uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano…” que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad a ser investigados por la Corte Penal Internacional.
Los responsables no pueden esconderse
Hemos observado cómo personas vinculadas a estos delitos de lesa humanidad pretenden vender ante los medios de comunicación que están luchando por la libertad de Venezuela, es decir quieren lavarse la cara, pero nada de esto va a ocurrir. Así tenemos el caso de Luisa Ortega, ExFiscal General de la República, sus directores de la fiscalía y por supuesto los fiscales de múltiples casos donde el Estado Venezolano por intermedio del ministerio público realizó detenciones arbitrarias de estudiantes, trabajadores y empresarios, algunos, después fueron asesinados, torturados, expropiados sus bienes y sometidos a demás vejámenes. Ahora, en televisión y prensa escrita intentan lavar sus nombres.
La exfiscal está denunciada ante el Tribunal Penal Internacional por la abogada venezolana Tamara Suju, que la acusa de instigar y permitir las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante la década en que ejerció como fiscal general.
Otro caso, que resulta un escándalo, es el exgeneral de división del Ejército Manuel Ricardo Cristopher Figuera, quien fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en sustitución del mayor general Gustavo González López. Este exmilitar también se desempeñó como subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, siendo además edecán de Chávez. Fue incluido en la lista de 25 oficiales funcionarios denunciados en la Corte Penal Internacional, por la abogada defensora de los derechos humanos Tamara Suju, directora del Instituto Casla, señalados de haber cometidos detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas contra ciudadanos perseguidos y sus familiares.
El partido Primero Justicia a través de un comunicado señaló que la designación de Cristopher Figuera «representa más tortura, más violaciones a los derechos humanos y más persecución”. También fue acusado por la organización opositora de ser el «responsable de todos los abusos y torturas» dentro de la Dgcim. Este señor pretende hacer valer el ultimo cargo que tuvo como “Ministro de la Defensa” del gobierno interino de Guaidó, intentando borrar la responsabilidad por delitos graves, utilizando la red de prensa que sigue en Miami a la orden del ex-interino y su grupo, quienes lo financian en Miami, para vender sus libros y aparecer en programas de televisión, intentando lavar su cara, presentándose como un luchador por la libertad. ¡Qué descaro!
El caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, otra línea dura del Estado venezolano para la ejecución de delitos graves contra los ciudadanos, así tenemos por ejemplo a Luisa Estela Morales, quien fue presidente del Tribunal, y todos los demás magistrados y jueces civiles y penales, que fueron artífices de delitos de lesa humanidad.
La diferencia de estos magistrados y jueces es que se mantienen callados, tratando de pasar agachados, esperando un milagro para salvarse, aunque aquí debemos señalar, que sus nombres están en los documentos que reposan en la Corte Penal Internacional. ¡No les será fácil salvarse!
En otras palabras las elecciones y su eventual resultado eligiendo un presidente de la República, no van a detener la justicia internacional, y la esperanza de quienes creemos en la justicia, es que será determinada la responsabilidad de todas las personas culpables por delitos de lesa humanidad contra la población venezolana. ¡Es cuestión de tiempo!