WASHINGTON.- Elliott Abrams, quien en 2019 fue designado por el gobierno de Donald Trump como «emisario especial» para tratar la situación de Venezuela durante el gobierno interino de Juan Guaidó, cuestionó la política del presidente Joe Biden sobre el país suramericano, que vive en dictadura.
En un artículo, publicado este lunes 28 de agosto y titulado «Venezuela: política estadounidense, sanciones estadounidenses y humillación por parte del régimen de Maduro», Abrams aseveró que el mandatario de Estados Unidos persiste en lo que califica como «una fallida política hacia Venezuela».
Argumentó que la principal característica de esta política, a su juicio, es «fingir que el régimen de Maduro busca un compromiso y seguir ofreciendo concesiones en las sanciones estadounidenses a pesar del aumento de la represión».
Las afirmaciones fueron esgrimidas luego de que, recientemente, trascendiera que funcionarios de EEUU redactan una propuesta para aliviar las sanciones al sector petrolero venezolano, con lo cual más empresas y países podrían importar su petróleo crudo «si el país sudamericano avanza hacia unas elecciones presidenciales libres y justas».
De esta manera, se refirió a titulares como el de Bloomberg según el cual “EEUU está en conversaciones con Venezuela sobre alivio de sanciones a cambio de elecciones justas”, y las respuestas despectivas e incluso humillantes del régimen, que demuestran una y otra vez que no habrá elecciones justas».
Sin embargo, Elliott Abrams advirtió que, pese al fracaso de una propuesta similar en 2022, EEUU repite el intento. Refirió que, en noviembre de 2022, el gobierno de Biden otorgó a la gigante petrolera Chevron Corp. una licencia para reanudar la producción de petróleo en Venezuela luego de que las sanciones estadounidenses detuvieran todas las actividades de perforación hace casi tres años.
«Se suponía que esto incentivaría las negociaciones entre el régimen y la oposición democrática, pero no hay negociaciones», puntualizó.
Al mismo tiempo, Abrams enfatizó: «El régimen de Maduro está demostrando día tras día que no permitirá elecciones libres. El 21 de agosto, el régimen anunció que buscaba una orden de arresto para el líder opositor Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas que vive exiliado en España. Ledezma es un importante partidario y asesor de María Corina Machado, actualmente la principal candidata de la oposición a la presidencia».
Subrayó también: «La farsa continúa, como si la administración Biden realmente creyera que Maduro permitirá elecciones libres. Pero tal vez ‘farsa’ es la palabra equivocada, porque no hay nada divertido en la política de la administración. Envía una señal clara al régimen y a la oposición de que la administración quiere desesperadamente un acuerdo y está dispuesta a comprometer los derechos políticos de los venezolanos para conseguirlo. Parece que el petróleo pesa más que los derechos humanos cuando se trata de la política de la administración Biden en Venezuela».
Cuestionamientos hacia el nuevo CNE
Por otra parte, en su artículo, Elliot Abrams dijo que el régimen de Nicolás Maduro «hizo que su títere, la Asamblea Nacional, designara un nuevo Consejo Nacional Electoral. Este es el organismo encargado de gestionar las elecciones y garantizar su imparcialidad».
No obstante, el exfuncionario de la administración de Trump fustigó que fuera escogido Elvis Amoroso, hasta hace poco contralor General de Venezuela, como presidente del CNE.
En ese sentido, recordó: «Amoroso ha descalificado recientemente, en su capacidad de Contralor General, las candidaturas de la mayoría de los líderes de la oposición. Comenzando por María Corina Machado e incluyendo a otros líderes destacados como Leopoldo López, lo que hace imposibles unas elecciones justas».
Refirió que, en 2019, el mismo Amoroso inhabilitó por 15 años a Juan Guaidó, entonces presidente del gobierno interino de Venezuela. » Amoroso ha estado bajo sanciones de Estados Unidos y Canadá desde 2017. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó como parte de un grupo “asociado con la subversión de los procesos electorales, la censura de los medios o la corrupción en los programas de alimentos administrados por el gobierno en Venezuela”.