«Nuestro mensaje es claro: hay que investigar este y los demás crímenes de guerra, ya sea la masacre del Mozote o la matanza de los jesuítas españoles, porque las víctimas tienen derecho a la verdad», aseguró a esta agencia Hof, embajador de los Países Bajos en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó el pasado martes al Ministerio de Defensa recabar el registro de la desaparecida Policía de Hacienda sobre el asesinato del periodista Koos Koster y su equipo, perpetrado por el Ejército el 12 de marzo de 1982, en una emboscada en Santa Rita, Chalatenango (norte).
El IAIP reclama en particular información sobre el plan de vuelos de los helicópteros desde enero a junio de 1982, especificando grado, nombre de tripulación, misión y tiempo de vuelo hacia y desde su despegue de la 4ta Brigada de Infantería del Paraíso.También reclama el libro de novedades y la nómina de la 4ta Brigada del Batallón Atonal en el período mencionado, así como los archivos de las unidades militares que pudieron estar involucradas en el área donde ocurrió el crimen.
“Este crimen sigue impune luego de casi cuatro décadas, y es un caso emblemático de atentado contra la libertad de prensa, que es fundamental en toda democracia”, agregó Hof, quien expresó su satisfacción por este avance en la búsqueda de la verdad.
El caso fue reabierto después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revocara la Ley de Amnistía de 1993, y ordenara la promulgación de una nueva normativa de reconciliación nacional que cumpliera estándares de justicia, verdad, reparación de las víctimas y garantías de no repetición.La medida del IAIP llega a pocos días de que expire la nueva prórroga dada por la Sala a la Asamblea Legislativa (Parlamento), para que apruebe la referida ley, tras varias propuestas que chocaron contra la falta de consenso entre los diputados, y la presión de grupos de poder que abogan por pasar página al capítulo de la guerra.
“Ese es un debate nacional que le corresponde a los salvadoreños y del cual los Países Bajos no somos parte; a nosotros nos interesa que los crímenes no queden en la impunidad; sabemos que ocurrieron hace mucho tiempo, pero las víctimas tienen derecho a la verdad”, enfatizó el diplomático.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones de los derechos humanos perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Fuente:SputNikNews