El conflicto de Citgo tomó nuevos matices. Recientemente la petrolera inició una nueva operación y se trata de la emisión de bonos 2026 para redimir los bonos 2022. Estos últimos eran papeles de deudas emitidos al 6,25 % de cupón, por un período de ocho años, en una época en la que las tasas de interés eran mucho más altas que las actuales, es decir, en 2014.
De acuerdo con lo que explica la agencia AP, Citgo ha fijado un precio de capital total de 650 millones de dólares de los bonos a 6,375 % con vencimiento en 2026 en una oferta privada, exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Se espera que el cierre de la oferta ocurra el 11 de febrero de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La agencia de noticias también relata que dicha compañía tiene «la intención de utilizar los ingresos netos totales de la venta de los bonos», junto con el efectivo disponible, para redimir los 650 millones de dólares de sus bonos garantizados al 6,25 % con vencimiento en 2022. El canje de los bonos 2022 depende también de la consumación de la oferta.
Redimir un bono tiende a ser un procedimiento técnicamente sencillo. Esta operación se ejecuta normalmente si en la fecha de recompra las tasas de interés han disminuido. De esta forma, el ente emisor del bono, en este caso Citgo, puede ahorrar dinero al pagar el bono anterior emitiendo otro a una tasa de interés más baja.
Sin embargo, sobre una transacción que suele ser común, el tinte político levanta ciertas costras y despierta varias interrogantes sobre el tema. En este caso principalmente porque involucra a la Asamblea Nacional venezolana y las directivas designadas por el mencionado órgano legislativo.
Por ejemplo, sobre dicha operación detectada recientemente, la junta directiva emitió estos papeles de deuda sin aprobación de la Asamblea Nacional, usando las acciones de Citgo como respaldo. No hicieron comunicado ni anuncio alguno. Un escenario parecido se dio en 2020, cuando la fracción parlamentaria 16 de Julio confrontó a la junta Ad-hoc de PDVSA, por realizar un movimiento similar.
En aquel momento los diputados de esta agrupación dirigieron una carta a Luis Pacheco, funcionario que se desempeñaba como presidente de la junta Ad-hoc de PDVSA. Ante él exigieron información sobre el manejo de operaciones recientes de Citgo.
En la misiva se relataba que «desde mayo de 2019, nuestro grupo parlamentario viene expresando su preocupación respecto a la falta de información oportuna al pleno de la Asamblea Nacional (AN) –como legítimo representante de los ciudadanos venezolanos, principales accionistas de CITGO– sobre decisiones que no han sido consultadas, ni notificadas a los miembros de la AN».
En concreto, se referían a la última emisión de papeles de deuda que se realizó, la de los bonos 2025 de Citgo, por un monto de 1125 millones de dólares, según refleja Banca y Negocios. Esta cantidad fue el resultado final tras una ampliación de 50 % en el monto de la deuda, es decir, 375 millones adicionales sobre los 750 millones que se iban a pedir al inicio. El objetivo de esta operación era distribuir el dinero de la siguiente forma: 614 millones se utilizarían para extinguir una deuda previa que vencía en 2021 y 130 millones de dólares para «necesidades operativas internas».
El monto que subió astronómicamente y se aludió a la «positiva recepción del mercado» no pasó desapercibido. Por lo tanto, la fracción parlamentaria 16 de Julio mostró su desacuerdo con este proceder e indicó lo siguiente: «Consideramos que no es admisible argumentar que el monto se incrementó porque el mercado adquirió con avidez la emisión, pues ninguna empresa responsable se endeuda porque le ofrezcan financiamiento, sino con la finalidad de cubrir con esos fondos, proyectos necesarios y rentables».
En dicho momento se cuestionó a Pacheco no solo por la emisión de estos nuevos bonos por parte de Citgo, sino también por el proceso de licitación que permitió la designación de los agentes escogidos para asesorar a la empresa en la emisión y colocación de los títulos.
Entre otras cosas también se habló de los términos y condiciones en que se realizó la emisión, así como la colocación de tales títulos, al igual que se pidió una explicación sobre los montos, conceptos y destinos de las presuntas ayudas económicas realizadas con el objetivo de combatir la pandemia del COVID-19 y otros pagos relacionados con labores sociales implementadas por CITGO. Sobre este último punto no hay mayor detalle.
La actuación de la AN con los bonos de Citgo y los de PDVSA
La Asamblea Nacional ha estado en un camino difuso cuando se trata de hablar sobre los bonos venezolanos. Entre los tópicos merecedores de mención está el tema del bono PDVSA 2020, por ejemplo. Este papel de deuda ha sido un dolor de cabeza para el país, pues actualmente tiene como hipoteca el 50,1 % de las acciones de Citgo. Lo peor del caso es que desde 2019, Venezuela ha incurrido en un impago de los intereses de esta deuda y el caso fue a la Corte.
En 2019 el Gobierno interino inició un litigio a través de la junta ad-hoc de PDVSA con los acreedores de este bono, pues la Asamblea Nacional venezolana intervino en el proceso para decir que estos bonos no eran válidos, debido a que no fueron aprobados por el órgano legislativo y dicha operación desmejoraba las condiciones del contrato original (bonos PDVSA 2017), además “comprometía el interés público”, por lo que en ese caso debía pasar por aprobación del parlamento.
El año pasado la Asamblea Nacional venezolana argumentaba que la emisión del bono 2020 era ilegítima porque no había aprobación de la AN, a pesar de que ninguna emisión por parte de PDVSA ha pasado por el parlamento. Este argumento es el que ha incrementado también la pugna de la oposición con el chavismo.
Y es que ambas partes tienen un argumento para tratar el tema de los bonos venezolanos. Primero, Juan Guaidó ha reconocido el problema. Es cierto. Sin embargo, el opositor ha dejado claro que para llevar a cabo una reestructuración de algunas deudas, en concreto las que tienen que ver con los bonos PDVSA 2020, hay que resolver primero el tema político. Es decir, la salida de Nicolás Maduro del poder.
En cuanto a Nicolás Maduro, su cartilla está signada por la inacción. Para él no hay ningún tipo de incentivo para solucionar este tema. Sabe que mientras Estados Unidos esté del lado de Guaidó, Citgo se mantiene en manos de Venezuela. Solo espera y se sienta a ver cómo otros resuelven el problema que iniciaron Hugo Chávez y él.
Y es que Citgo hoy pende de un hilo. Dicha compañía es el mayor activo de Venezuela en el exterior. Muchos acreedores están tras ella y con toda razón. El caso se remonta a 2016. En aquel momento PDVSA tenía problemas para pagar la deuda que contrajo durante el régimen de Hugo Chávez. La solución de Maduro fue emitir bonos con vencimiento en 2017.
Los bonos tenían un valor 7000 millones de dólares. Sin embargo, no había tal cantidad de dinero para pagarle a los acreedores. Por ello, el régimen optó por un canje, difiriendo el pago de esos bonos por tres años. De ser bonos PDVSA 2017, pasaron a ser bonos PDVSA 2020.
Maduro puso a Citgo como garantía. Ahora tras un fallo en octubre, que se interpreta como un revés al Gobierno interino, estos bonos son vistos como «válidos» –contrario a lo que alegaba la Asamblea Nacional– la mora en el pago de intereses podría hacer que MUFG Union Bank, un fideicomisario, solicite la venta de la refinería.
El Gobierno interino de Juan Guaidó trató de frenar el juego del régimen venezolano para obtener fondos a expensas de Citgo. Con este fallo judicial, en cierto modo, esos intentos fueron infructuosos. Sin embargo, Estados Unidos se ha encargado de proteger a la empresa a través de un dictamen que la aleja de los acreedores al menos hasta julio de este año.
Fuente: PanamPost