Desde hace 10 meses están suspendidas las negociaciones entre el régimen que encabeza Nicolás Maduro y los integrantes de la Plataforma Unitaria Venezuela, que agrupa a los principales partidos de oposición y al Gobierno encargado de Juan Guaidó. No obstante, a pesar de las concesiones unilaterales de EEUU al régimen venezolano, la reanudación del proceso aún parece distante.
Durante los dos meses que duraron las conversaciones entre los representantes de Maduro y la oposición venezolana solo se lograron firmar dos resoluciones con relativa importancia: El «Acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba» y el «Acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano».
En relación con este segundo pacto, los partes -según explicaron los facilitadores del reino de Noruega- “acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia por COVID-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales a los que tenga derecho la República».
De acuerdo con lo previsto en un memorando de entendimiento firmado el 13 de agosto de 2021, en estos diálogos se abordaría una amplia agenda que incluirá la definición de garantías electorales y un cronograma para elecciones observables; el levantamiento de las sanciones aplicadas por Washington; la restauración de derechos a activos; el respeto al Estado constitucional; la convivencia política y social; la renuncia a la violencia; la reparación a las víctimas de la violencia y la protección de la economía y la población.
No obstante, cuando las conversaciones entrarían en la etapa más compleja porque se trataría de abordar sobre “el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución”, el respeto a los DDHH y las condiciones de la próxima elección presidencial los encuentros se suspendieron indefinidamente. En esa ocasión, el detonante de la posposición fue la extradición a EEUU de Alex Saab, principal contratista del gobierno de Nicolás Maduro, para afrontar el juicio que se le sigue por lavado de dinero.
Siete años y seis diálogos
Aunque la negociación con Maduro está congelada desde hace 10 meses, en realidad los intentos para acercarse a él y lograr la gobernabilidad del país comenzarán en 2014. Desde ese momento se han realizado siete procesos de negociación, la mayoría sin el resultado esperado.
En abril de 2014 la oposición, en ese momento representada por la Mesa de la Unidad Democrática, participó en las negociaciones promovidas por el Vaticano para intentar contener las protestas en las calles. En ese proceso, además de la Santa Sede, estuvieron como facilitadores de buena fe los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil, como actores de buena fe.
Sin embargo, la falta de compromiso de Maduro para honrar los acuerdos alcanzados provocó que la iniciativa se desmontará en julio de 2014.
En octubre de 2016 las partes volvieron a negociar. El Vaticano volvió a convertirse en el facilitador del proceso, después del ambiente de conflictividad provocado por las decisiones que eliminaban buena parte de las competencias de la Asamblea Nacional (controlada desde 2015 por la oposición) y la anulación del referendo revocatorio presidencial en contra de Maduro.
En este proceso, junto al Vaticano, participaron la UNASUR —representada por el expresidente de Colombia Ernesto Samper—el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).
Los acuerdos alcanzados no fueron cumplidos por Maduro, al extremo que el Vaticano reclamó públicamente al régimen venezolano la falta de compromiso con los pactos.
En diciembre de 2017 se insistió con la negociación. República Dominicana fue la sede de este nuevo intento que contó con la participación de los cancilleres de México, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente. En este proceso también participó el expresidente español Rodríguez Zapatero.
Aunque este es el intento de negociación que ha estado más cerca de concretar acuerdos definitivos, la firma de estos pactos fue pospuesta. Tanto la oposición (representado por la MUD) y el gobierno de Maduro se han acusado mutuamente de sabotear la firma de estos memorandos. La ruptura de las negociaciones provocó el adelanto de las elecciones presidenciales para el mes de abril de 2018. En este proceso, la mayoría de la oposición declinó participar.