Formato del Futuro…
Egildo Luján Navas,
Sí, es imposible que suceda así. Pero sucede. Además, es humanamente repugnante tratar de entenderlo, y tener que aceptar el hecho a partir de la apreciación relacionada con el hecho de que no haya voluntad apreciable para que entiendan en qué consiste la obligación de condolerse ante la muerte de un niño por motivo de hambre.
De igual manera, por lo que significa saber que una madre, un padre o unos abuelos han debido someterse a la violencia existencial de lo que traduce la inevitable obligación de apreciar la agonía de la criatura, hasta que se produce su fallecimiento por falta de atención. O de ver a una maestra en una escuela, en la que tiene que sacrificar parte de su mísero sueldo, luego de llevar y de repartir pedazos de pan duro entre sus harapientos y pequeños alumnos, y que, de paso, reciben enseñanza entre la ausencia del necesario desayuno, como de servicios de agua o de electricidad, por citar esa otra escasez cuando se acude a clases.
Tal realidad, sobrecargada de dichas dramáticas escenas, y, por más inverosímiles que parezcan, suceden a diario en Venezuela. Y esa, entre otras, desde luego, es la razón por la que el conglomerado docente, respaldado por padres y representantes, está en las calles del país, protestando y reclamando justicia social en voz de los maestros y de los profesores, centenares de mayores ya jubilados, como de médicos, enfermeras y empleados públicos. Todos, desde luego, sobrecargados de promesas, además de ofertas incumplidas que, al final, terminan convertidas en una cartelera histórica de mentiras, como de burlas.
Con relación a esta triste y lamentable situación, los hechos antes citados ratifican que el pueblo de Venezuela, en todas sus latitudes, se encuentra en la calle protestando y reclamando justicia social. Que, desde luego no es otra cosa que la recuperación de salarios dignos, como de pensiones justas para los jubilados y acordes con los precios de la canasta básica. Sí, de la misma que ya ronda alrededor de los US$500, y no los míseros US$7 mensuales que reciben por su desempeño profesional.
De igual manera, reclamando la prestación de servicios de agua, electricidad, asistencia médica y de medicinas, como de escuelas dignas, transportes públicos. En fin, de lo básico para tener algo de calidad de vida, y no tener que vivir en el ya formal malabarismo subsistencial, cargado de peligros, de sufrimientos, como de dolor.
Llama la atención el hecho de que, como si fuera irrelevante lo antes descrito, también se hace presente lo realmente insólito y vergonzoso que significa el que, en las protestas, la misma sociedad civil se niega a recibir o a ser acompañados por los partidos representativos de la oposición. Es decir, quienes deberían ser los principales aliados en contra de los responsables del desastre económico y social del país, sin embargo, por su conducta, pérdida de popularidad y credibilidad, ya no cuentan con el respeto del pueblo.
En otras palabras, los mismos que se han venido autocalificando de «OPOSICIÓN» durante los últimos 23 años, y que han prometido recuperar al país, únicamente han demostrado su capacidad para cultivar auto descalificaciones, además de impulsar la malversación de fondos, como de luchas extremas por el control del poder, sin desestimar adicionalmente «la presencia de traiciones y de intrigas».
Por la lastimosa situación y triste imagen de un pueblo tan sufrido y disminuido ante la diáspora más numerosa del mundo, se han causado problemas de recepción en muchos países, y se han sufrido condiciones lamentables. Pero, además, se consiguió la aceptación, como el apoyo internacional para desconocer al régimen y reconocer a un Presidente Interino de Venezuela.
Sin embargo, tal hecho se tradujo en que dicha figura, y procedimiento, quedaron sujetos a la voluntad de cuatro partidos políticos (G4). Y así, con ese apoyo, lograron posicionarse, captar fondos para funcionar y nombrar administradores con gente de esos partidos en empresas del Estado (Monómeros Colombo-Venezolano, Citgo, entre otras). Pero, lejos de que tal ejercicio de seria fuerza política pudiera responder al hecho ventajoso del respaldo social, lejos de lograr una sana administración y su recuperación, todo se tradujo, penosamente, en una competencia para rendirle culto a los dimes y los diretes, como de dejar una inaceptable estela de dudas y de corrupción.
Obviamente, la consecuencia no podía ser otra que lo que hoy aprecia el país con disgusto y frustración. Porque, los llamados a liderar cambios, transformaciones, demostraciones de voluntad nacionalista, terminaron «su» particular voluntad de defenestrar al Presidente Interino, como que si fuese el único responsable de los eventuales desafueros. Además de que fue convertido en excusa para promover la creación de un INCONSTITUCIONAL GOBIERNO PARLAMENTARIO, cargado de incertidumbre, como de incógnitas.
El pueblo ha clamado una y otra vez por un cambio de Gobierno, como por su refundación. Pero eso no va a ser posible teniéndose de aliado al régimen comunista, ni tampoco a los descalificados partidos políticos de la oposición. Es decir, a quienes pretenden y proponen ir a unas elecciones primarias entre ellos, es decir, en quien nadie cree.
Hay que tener pundonor, porque no es hora de partidos. Llegó la hora del auténtico patriotismo y de dar demostraciones de amor por la Patria.
En la sociedad civil, hay venezolanos capacitados y honorables, absolutamente desvinculados de las actuales franquicias partidistas. Y se trata de personas que podrían conformar un equipo gubernamental para recuperar al país, «REFUNDARLO»; de la manera como lo sugirió la Iglesia Católica en su momento, conjuntamente con la Sociedad Civil. Y si hay que ir a una elección como lo establece la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el paso que debería darse es el de seleccionar a un candidato entre personalidades dignas, preparadas, con experiencia, pero sin obligaciones partidistas.
Desde luego, sería una modalidad funcional para ir a unas elecciones no sujetas a la voluntad del DESPRESTIGIADO CNE, pero sí debidamente supervisadas por organismos internacionales, como es el caso de la ONU, de la OEA, como de la Comunidad Europea, y en el que puedan participar -porque es su derecho- todos los venezolanos mayores de 18 años y debidamente inscritos para tal fin. Es decir, tanto los que viven en Venezuela, como los que lo hacen en el exterior.