Editorial La Gaceta de la Iberosfera,
Los medios de comunicación y por desgracia, los periodistas que en ellos trabajan, sufren —sufrimos— desde comienzos del siglo XXI una crisis de reputación formidable. La implosión del modelo de negocio tradicional de la Prensa ha llevado a las empresas editoras a abandonar su benéfica independencia y a entregarse en manos del poder político con el objetivo —a veces desesperado— de sobrevivir a base de favores, subvenciones y compras masivas pagadas con el dinero de nuestros impuestos. Esto es un hecho desgraciado y no una opinión.
Entre todas las herramientas que ha encontrado este nuevo tipo de periodismo de supervivencia, el uso masivo de las encuestas demoscópicas como factor decisivo de influencia sobre la creación de una opinión pública es la más relevante. Desde el nacimiento de las encuestas, los sociólogos han ido estudiando y aprendiendo los efectos que determinadas fotos fijas causaban. Y en vez de buscar alternativas para corregirlos, los han aprovechado en favor de determinadas opciones políticas. En concreto, en favor de los partidos que, con el uso ilegítimo del dinero de nuestros impuestos, manejan los medios en crisis.
Podemos (con perdón), citar tres de esos efectos. A saber. En primer lugar, la movilización en favor del partido ganador. Segundo, la agitación del voto útil. Y en tercer lugar, generar una percepción de voto inútil hacia los partidos que las empresas demoscópicas presentan como débiles.
Como decimos, estos tres efectos (que no se excluyen entre sí, sino que pueden coincidir en el espacio y en tiempo), deberían ser indeseables en una democracia participativa de corte liberal. Una democracia para la que sólo el acceso libre a información relevante y objetiva sobre los programas electorales de los partidos puede lograr que el ideal de la representatividad fiel sea real.
Y sin embargo, son esos tres efectos los que las empresas demoscópicas, al servicio de los medios dirigidos por el poder, buscan con desesperación. Para muestra, España, sus medios, sus partidos y sus encuestadoras.
Lo que vemos día tras día en la mayoría de la encuestas publicadas en los medios españoles es pura corrupción. Al menos, de corrupción de la realidad. Las empresas demoscópicas, que en su práctica totalidad han fracasado en el pasado de manera estrepitosa a la hora de medir el apoyo real a los nuevos partidos, continúan arriesgando la poca reputación que les pueda quedar para servir a sus amos.
Que no acierten jamás en sus predicciones iniciales no desmiente el hecho de que tienen una gran influencia en esa parte indecisa, y no pequeña, del electorado a la hora de corregir su voto, sobre todo en esa parte de la población que abandonando todo principio, busca la seguridad que le proporciona subirse al carro ganador.
Esto, como decimos y mantenemos, es corrupción. En principio, no delictiva, sino en lo que se refiere tanto al deterioro de los valores democráticos como al uso ilícito de las funciones de determinados organismos públicos que no hace falta citar.
Por fortuna, la crisis de reputación en la que malviven los medios también afecta a las empresas demoscópicas que los sirven. Su activismo político en apoyo de la gran operación de apuntalamiento del bipartidismo es grosero y acentúa su descrédito. Su persistencia, sin embargo, nos obliga a preguntarnos qué recompensa esperan conseguir a cambio de la destrucción total de su prestigio. He ahí, de nuevo, la corrupción.