El nuevo Gobierno sueco ha escenificado su cambio de dirección en la presentación de los Presupuestos Generales para 2023. La ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson, presentó el pasado 8 de noviembre las cuentas acordadas por la coalición de Gobierno formada por el Partido Moderado, Demócratas Cristianos y Liberales, y que depende del apoyo de Demócratas por Suecia (segunda fuerza parlamentaria con 73 escaños de 349 y más del 20% de los votos).
Así, el Presupuesto presentado por el nuevo Ejecutivo liderado por Ulf Kristersson marca una agenda conservadora, en contraposición a las agendas globalistas seguidoras de la Agenda 2030 que siguen la mayoría de países de Europa, que prioriza las necesidades económicas y sociales de los suecos a la lucha contra el cambio climático –de cuyo fanatismo conocemos hoy sus consecuencias.
El nuevo Ejecutivo quiere ayudar a los particulares en el contexto actual de crisis energética. Por ello, la mayor inversión se destina a reducir el precio de los carburantes y también se decanta por la energía nuclear, al contrario que el anterior Ejecutivo socialdemócrata. El Gobierno de Kristersson ya anunció hace unas semanas que se construirán nuevas centrales atómicas, aunque no especificó cuántas ni dónde. El país nórdico ya es el segundo miembro de la Unión Europea con más plantas nucleares: ocho, solo por detrás de Francia.
Suecia, que durante años había abanderado la «lucha contra el cambio climático», admite ahora que no se podrán cumplir algunos de los compromisos establecidos en esta materia para 2030. El primer ministro ya anunció en octubre que suprimiría el Ministerio de Medio Ambiente, presente en Suecia desde los años setenta, y que sus competencias recaerían en el de Energía y el de Empresas e Industria.
Por otro lado, y como prometió en campaña, el Gobierno sueco pone el foco en la criminalidad. Así, destinará unos 500 millones de euros durante los próximos años para reforzar a la Policía –la cifra de agentes se incrementará de los 32.000 actuales a 39.000. «Esta es la mayor ofensiva contra el crimen organizado en la historia de Suecia», destacó el ministro de Justicia, Gunnar Strommer, al presentar las cifras.
Asimismo, además del gasto para reducir el precio de la gasolina y el diésel, el Gobierno sueco fija el objetivo de gasto del 2% del PIB en Defensa para 2026 y aumenta en unos 500 millones de euros la inversión destinado a este sector.
En cuanto a la inmigración, el nuevo Ejecutivo sigue el cambio de postura que el anterior Gobierno ya planteó cuando en el mes de mayo la entonces primera ministra, Magdalena Andersson, reconoció que la integración de los inmigrantes había fallado creando «sociedades paralelas». Ahora, el proyecto acordado reduce la cifra de refugiados que el país nórdico está dispuesto a recibir cada año de 5.000 a 900.
El país escandinavo aumentará el próximo año en 40.400 millones de coronas suecas (3.700 millones de euros) el gasto público. «No podemos alimentar la inflación, y necesitamos tener margen de maniobra para el futuro», argumentó Svantesson. El Gobierno prevé que la economía se contraiga un 0,4% en 2023. Aun así, Suecia tiene uno de los niveles de deuda pública más bajos de toda la UE, por lo que Estocolmo todavía tiene capacidad para elevar más el gasto.