Madrid, 18 jul (EFE).- La Audiencia Nacional española ordenó a Interpol la entrega “inmediata” a Estados Unidos (EEUU) del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que declaró infundada la demanda que éste presentó para evitar su entrega.
Fuentes policiales indicaron a EFE este martes que aún no se ha determinado una fecha concreta para ejecutar la entrega.
Una vez levantada la medida cautelar que había acordado el Tribunal Europeo mientras resolvía la demanda, la Sección Tercera de lo Penal insta a Interpol a la entrega del reclamado, en ejecución de lo acordado por el Pleno de la Sala de lo Penal el 8 de noviembre de 2019, así como en los autos de 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2021.
La Sala ordena que se comunique esta resolución a la embajada de Estados Unidos en España y al director del centro penitenciario donde el reclamado se encuentra interno.
El tribunal con sede en Estrasburgo rechazó todos los argumentos con los que el que fuese jefe del contraespionaje venezolano durante el mandato de Hugo Chávez pretendía paralizar su entrega a Estados Unidos, como lleva haciendo desde hace años.
Allí la Justicia le reclama por delitos equivalentes en España a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas.
Según la reclamación de Estados Unidos, Carvajal integraba una organización dedicada al narcotráfico y relacionada con las FARC, tanto en Venezuela como en Colombia, y con destino a EE. UU. Se le acusa de participar junto con otros miembros del conocido como cártel de los Soles en actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación con las FARC durante 20 años.
La demanda ante el tribunal de Estrasburgo mantenía paralizada la entrega y, una vez que ésta ha sido desestimada, la Audiencia Nacional la reactiva.
En octubre de 2021, cuando la extradición tenía ya fecha, la Audiencia Nacional se vio obligada a suspenderla a petición de la defensa, que acabó recurriendo al TEDH para paralizarla.
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesto por una veintena de magistrados, dio luz verde a la entrega en 2019 tras revocar la decisión de la sección tercera de rechazarla, lo que le permitió salir de prisión, por lo que se encontraba en libertad cuando se conoció la decisión definitiva.
De este modo, cuando la Sala ordenó a la Policía localizar al reclamado, este estaba ya en paradero desconocido y no pudo ser detenido hasta casi dos años de después de darse a la fuga.
Fue encontrado en un apartamento en Madrid en el que se ocultaba y que la Policía española localizó con la ayuda de la DEA estadounidense.
Tras esa nueva detención ingresó en la prisión de Estremera (Madrid) a la espera de ser extraditado y desde entonces ha tratado de evitar su entrega a EE. UU. por todos los medios, incluido el de desvelar presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con exdirigentes políticos de la formación española de izquierdas Podemos.
Cuando se produjo la detención y se dictó su ingreso en prisión provisional, los magistrados acordaron paralizar la entrega al no haberse resuelto una primera petición de asilo, que finalmente le fue denegada.
Su abogada formuló acto seguido una segunda petición de asilo, que pese a haber sido rechazada de nuevo por Interior continúa su recorrido por la vía de los recursos, si bien no es óbice para ejecutar la entrega.
Al volver a prisión, comenzó su ofensiva judicial, que, aparte de la batería de recursos, también pasó por ofrecerse a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, cuyo juzgado tramitó la petición de extradición.
En esas confesiones apuntó a Podemos por haberse supuestamente beneficiado de dinero de las arcas venezolanas para su financiación, lo que llevó al juez Manuel García Castellón a abrir una investigación que finalmente tuvo que archivar por orden de la Sala de lo Penal.
No obstante, su juzgado mantiene abierta una causa al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo y falsedad documental derivada de las manifestaciones que hizo Carvajal y otros testigos protegidos que él propuso citar a declarar.