SONIA SCHOTT,
Si no, que lo diga el propio presidente Joe Biden, cuyo índice de aprobación en las encuestas a comienzo de 2023 mostraban un ligero aumento en la proporción de estadounidenses que lo aprueban.
Una reciente encuesta de Rasmussen Reports mostraba a Biden disfrutando de una aprobación del 47% contra un 52 por ciento de desaprobación.
Antes del sondeo, la aprobación de Biden era de un 46%, mientras que la desaprobación estaba en el 52%.
Ciertamente, los hechos de la semana pasada dañaron lo que parecía ser un creciente impulso político positivo para el mandatario estadounidense, mientras continuaba hablando con su familia sobre presentarse a las elecciones de 2024 por la Casa Blanca.
El tema fue delicado: el descubrimiento de documentos clasificados en las oficinas de su antiguo instituto en Washington DC, y más archivos secretos, encontrados almacenados en el garaje de su casa en Wilmington, Delaware, donde también guarda su preciado auto deportivo Corvette Stingray, de 1967.
El destape ha sido doblemente vergonzoso debido a las aparentes similitudes con los archivos clasificados encontrados en la residencia de Mar-a-Lago en Florida, de su antecesor en el cargo, Donald Trump.
Trump es investigado por posible incumplimiento de la Ley de Espionaje de 1917 que, entre otras cosas, prohíbe la retención no autorizada de documentos clasificados que puedan poner en riesgo la seguridad nacional.
Biden en su momento, dijo que la conservación indebida de cientos de documentos clasificados, en la residencia de Trump en Florida, era “irresponsable”.
Aun cuando, las circunstancias vinculadas para ambos rivales políticos varían en gravedad, el que estos archivos clasificados estuvieran en poder de Biden fue sin duda un regalo político para Trump.
El expresidente desafió públicamente al FBI para que procedan a allanar la casa de Biden como hicieron en su residencia en Palm Beach, donde decenas de agentes irrumpieron para incautar cajas de documentos.
Tanto la Casa Blanca como el abogado de Biden, buscando limitar el daño político, enfatizaron que tan pronto como se encontraron los documentos en las oficinas del Centro Penn-Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, así como en el garaje de la residencia privada en Wilmington, fueron entregados al Archivo de la Nación.
El abogado de Biden, Richard Sauber, aseguró la plena cooperación del Presidente, destacando que Trump, por el contrario, tuvo que recibir una citación para la devolución de los documentos sustraídos de la Casa Blanca después de perder las elecciones en 2020.
La extrema importancia quedó en evidencia, cuando el fiscal general, Merrick Garland, anunció que nombraría un abogado especial para investigar los pormenores.
En realidad, Garland tenía pocas opciones. Había designado un fiscal especial para el caso de Trump, entonces debía hacer lo mismo con Biden.
Ahora bien, según la Constitución de Estados Unidos de América, un presidente en ejercicio no puede ser acusado de un delito penal, pero Trump, como expresidente, si puede enfrentar cargos.
La posibilidad de que el magnate fuera acusado de violar la Ley de Espionaje parecía remota. Ahora, parece aún menos probable.
Pero hay un tema de fondo en todo esto.
Si los presidentes, tanto el actual como el anterior, retuvieron documentos clasificados en contra de lo que dice la ley, ¿cuántos otros archivos secretos se almacenan ilegalmente en garajes del país? Si los presidentes lo hacen, ¿qué pasa con otros funcionarios con autorización de seguridad? ¿Qué tan seguros están los secretos nacionales?
Más de un millón de personas en Estados Unidos tienen autorización de alta seguridad y todos se rigen por las mismas reglas: Está prohibido llevarse documentos clasificados a casa, así como enviar información clasificada por correo electrónico o texto usando servidores personales.
Cuando Hillary Clinton rompió esa regla como secretaria de Estado creó una gran controversia política mientras hacía campaña para la presidencia en 2016.
Por una parte, debería haber más control sobre quién y cómo se manipulan los secretos gubernamentales y, por otro lado, ¿puede esto afectar a los votantes de cara a las elecciones de 2024?