BOGOTÁ.- En una sorpresiva declaración, el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, David Racero, anunció el bloqueo del debate sobre las reformas políticas del Gobierno, debido a los polémicos audios filtrados del exembajador en Caracas, Armando Benedetti. Estos audios ponen en tela de juicio el origen de la financiación de la campaña electoral del presidente del país, Gustavo Petro.
Racero afirmó que «se congelan las discusiones de las reformas hasta que podamos no solamente dialogar y reconstruir la coalición del Gobierno, sino para darles el trámite debido. Discusiones tan importantes como estas, que proyectan la transformación de agendas cruciales para el país, no pueden ser medidas por factores externos».
La Cámara de Representantes, encargada de analizar y aprobar las reformas propuestas por el Gobierno de Petro en materia social, laboral, de salud y de pensiones, se encuentra actualmente inmersa en el proceso legislativo. Sin embargo, las tensiones generadas anteriormente en el seno del Ejecutivo y de la coalición que lo apoya han dificultado su avance.
El caso de los audios filtrados de Benedetti ha provocado un nuevo terremoto en la política interna colombiana, ya que plantea interrogantes sobre la financiación de la campaña electoral de Petro. El presidente ha salido al paso de estas acusaciones, defendiendo la legalidad de su campaña y argumentando que la mayoría de los fondos fueron obtenidos a través de préstamos bancarios.
En los mencionados audios, el exembajador colombiano en Caracas asegura haber celebrado un centenar de reuniones y haber recaudado hasta 15.000 millones de pesos para respaldar la campaña de Petro. Además, Benedetti critica al mandatario por no haberse reunido con él y amenaza con revelar información comprometedora.
El escándalo ha tomado un giro aún más complicado con la renuncia tanto de Benedetti como de la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia. Ambos se vieron supuestamente involucrados en presiones ilegales, incluyendo escuchas telefónicas, hacia la niñera de Sarabia, Marelbys Meza, a quien se acusó de robar aproximadamente 6.500 euros.
Según las denuncias, Sarabia habría utilizado agentes de las fuerzas de seguridad para llevar a Meza a una sala ubicada en un edificio adscrito a la Presidencia, donde supuestamente fue sometida a una prueba del polígrafo para determinar su responsabilidad en un robo de 31.000 euros, una cifra casi cinco veces mayor a la denunciada inicialmente.
Este nuevo escándalo ha desatado una crisis política de proporciones significativas en Colombia, generando incertidumbre sobre el futuro de las reformas propuestas por el Gobierno y planteando dudas sobre la transparencia en la financiación de las campañas electorales en el país. El país se encuentra a la espera de nuevos acontecimientos y decisiones que puedan esclarecer los hechos y restablecer la confianza en el sistema político.