Este lunes Gustavo Petro cumplió su primer año al frente del Gobierno en Colombia. Asediado recientemente por un escándalo que involucra a su hijo Nicolás, en el que supuestamente se habría manejado dinero del narcotráfico para financiar su campaña presidencial el año pasado, el mandatario ha vivido de todo menos un cuento de hadas durante estos 365 días en la Casa de Nariño.
Los sondeos de popularidad son elocuentes. Tras el primer mes de gestión, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) le dio a Petro un 69% de aprobación de la sociedad colombiana. Sin embargo, con el paso de los meses todo aquello se desplomó como un castillo de naipes.
Para el cierre de 2022, según la firma Invamer, el presidente registró un respaldo menor al 50%. Con el correr de 2023 ya el desgaste se ha hecho evidente, al punto de que el estudio de finales de junio sólo le da a Petro un 33% de respaldo popular.
Es entonces cuando comienzan las preguntas. ¿Por qué un presidente que contó con tal popularidad ha decaído de esa manera? ¿Cómo Petro termina señalado por buena parte de la sociedad colombiana cuando hasta hace poco buena parte de los partidos, medios y organizaciones civiles del país le habían arrimado el hombro?
Unas reformas congeladas
Probablemente lo que está en desarrollo es la muestra más clara de la inviabilidad del proyecto petrista, basado esencialmente en una promesa de cambios profundos que pretendían acometerse a través de reformas en salud, educación, impuestos, pensiones, régimen laboral, entre otras.
Al día de hoy la reforma sanitaria, la de pensiones y la del trabajo están prácticamente estancadas en el Parlamento colombiano, debido al distanciamiento del Ejecutivo que han puesto en marcha los dos partidos históricos del país, el Liberal y el Conservador, además de que el Partido de la U ha hecho lo propio.
Al Petro quedarse sin los votos seguros de estas formaciones en la Cámara de Representantes y eventualmente en el Senado, su margen de maniobra en el Gobierno ha quedado restringido severamente, con lo que su promesa de una transformación radical ha quedado, en el mejor de los casos, postergada.
Los rasgos autoritarios de Petro
Otro de los asuntos que definitivamente ha dinamitado la popularidad del líder izquierdista probablemente tiene que ver con la raigambre autoritaria que ha exhibido en ciertas ocasiones.
El caso más palpable en este sentido se dejó entrever en el enfrentamiento sostenido con el fiscal general del país, Francisco Barbosa, con quien Petro inició una polémica pública al sugerirle que el presidente tenía la potestad de dictar órdenes a la Fiscalía.
Este hecho, que claramente remite a una posible situación de invasión y extralimitación de poder, en modo alguno envía una señal positiva a la sociedad colombiana. Especialmente en un contexto en el que buena parte de ella está al tanto de cómo la vecina Venezuela vio destruirse su tejido institucional al dejar a Hugo Chávez avanzar en la imposición de sus caprichos a todos los poderes públicos.
Los escándalos de corrupción
Sin embargo, seguramente el factor que más ha resquebrajado el apoyo a la gestión de Petro es el vinculado a los escándalos de corrupción que han surgido en su entorno y que han llegado a salpicar a miembros de su familia.
Hace unos meses su embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y su jefa de gabinete, Laura Sarabia, protagonizaron una pugna que derivó en la revelación de unos chats y audios de Whatsapp. En los mismos Benedetti fue bastante explícito al asomar métodos reprobables de financiamiento de la campaña petrista, además de señalar que varios miembros del Gobierno son activos consumidores de drogas.
Esto generó una minicrisis en el Ejecutivo izquierdista, dado que Sarabia y Benedetti formaban, hasta ese entonces, parte del círculo más íntimo del presidente. A ello habría que unir otros señalamientos de presuntos malos manejos de recursos públicos, como los que se han asomado en el caso de la vicepresidente de Petro, Francia Márquez, y el uso de un helicóptero de las Fuerzas Armadas para desplazarse cotidianamente hacia su casa en la localidad de Dapa, al centro del país.
Sin embargo, es indudable que el mayor bochorno que ha sufrido Petro en este primer año de Gobierno ha venido directamente de sus familiares. No en vano a finales de la semana pasada su propio hijo, Nicolás Petro Burgos, afirmó en una audiencia judicial que su padre estaba en pleno conocimiento de la entrada de dinero presuntamente proveniente del narcotráfico en su campaña presidencial el año pasado. En estos hechos también sale salpicado Juan Fernando, el hermano de Gustavo Petro.
Las próximas semanas serán decisivas para el mandatario colombiano, cuya presunta responsabilidad en estos hechos ya está siendo investigada por una comisión de la Cámara de Representantes.