Preparada para lo peor quedará la nueva sede de la embajada de España en Caracas cuando el proyecto de la edificación culmine con el levantamiento de los muros resistentes al fuego durante dos horas, la instalación del circuito cerrado de televisión y sistemas anti-intrusión, la construcción de garitas de vigilancia en todo el perímetro y la adaptación de un equipo electrógeno propio para sortear los habituales cortes de luz en Venezuela, así como la disposición de una sala de crisis.
Es un blindaje que le costará al Ministerio de Asuntos Exteriores tres millones de euros aparte de los seis millones de euros que ya pagó por la compra de la antigua sede del Banco Nacional de Crédito (BCN), presidido por el empresario catalán José María Nogueroles, en la zona de Altamira, en Caracas.
Pero nada del proyecto avanza como se estimó. Según el expediente tramitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la obra de reforma del inmueble se inició el 23 de julio de 2019 y debió concluir el 23 de mayo de 2020, según divulga Ok Diario.
La historia es otra. Once meses de retraso acumulan los trabajos en la embajada de España en Caracas y la demora enloda la gestión del Ministerio de Asuntos a Exteriores, despacho que habría incumplido el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que le permitió adjudicar la obra a dedo y se verá obligado a rescindir el contrato para adjudicar los trabajos ahora mediante un concurso público.
Dimisión en medio de las irregularidades
A las irregularidades del proceso se pliega la renuncia de la subdirectora general de Asuntos Patrimoniales del ministerio, la arquitecta Isabel Cabrera-Kabana Sartorios, condesa de Asmir, quien tenía la responsabilidad de la gestión del patrimonio inmobiliario de España en el exterior, así como la compra de inmuebles, ya sean de nueva construcción o rehabilitados.
Sus funciones que también incluían los proyectos, la ejecución de las obras y su mantenimiento, las abandonó de forma irrevocable en noviembre de 2018. Esa es su coartada.
Se centra en que el Ministerio compró el edificio para la nueva sede de la Embajada en Caracas días después de su salida, el 17 de diciembre, porque “habían cambiado mucho las cosas y no tenía ningún sentido seguir en Asuntos Exteriores”.
Incremento de presupuesto
El proyecto arquitectónico de Sánchez en la embajada en Caracas es amplio. El plan incluye la elevación del inmueble en una planta para ubicar el Consulado y la transformación de un sótano y el semisótano en un área de atención al público.
En ese mismo lugar se acondicionará una sala que albergará los tomos del Registro Civil del Consulado General y se levantará un muro perimetral, con varias garitas de vigilancia.
La constructora venezolana que ejecuta las obras es Inversiones YC CA, representada por el arquitecto Eric Yáñez, quien solicitó en junio un incremento del presupuesto, por importe de 396.564 euros, para “atender nuevas necesidades que se habían detectado durante el desarrollo de los trabajos”, según el informe elaborado por la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales del Ministerio de Asuntos Exteriores, citado por el medio español.
Por su lado, el Consejo de Ministros autorizó en diciembre adquirir un grupo electrógeno (por 52800 dólares) que permita a los ocupantes de la sede consular enfrentar los cortes de luz que sufre el país, mientras que el el suministro de agua se garantizará con un pozo de almacenamiento que contará con un sistema hidroneumático de bombeo para la evacuación de aguas negras.
Encuentro estratégico
En medio de la controversia por el manejo en la adquisición de bienes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, su secretaria de Estado de Exteriores, Cristina Gallach, aterrizó en Caracas de forma imprevista, desviando su gira de Centroamérica a Venezuela.
El encargado de recibirla fue el vicecanciller para Europa, Yván Gil, porque el arribo se consideró una “visita oficial” que alcanzó hasta para reuniones con la vicepresidente del régimen chavista, Delcy Rodríguez.
Desviar el trasfondo del encuentro era inocultable. La aerolínea Plus Ultra reanudó vuelos con Venezuela este 24 de marzo convirtiéndose en la única empresa que recibe autorización de Nicolás Maduro para volar en medio de la pandemia, luego de la recomendación por parte del Gobierno español ante el régimen para dejar fuera de circulación a Iberia y Air Europa.
Un hecho que deja atrás los arranques de Nicolás Maduro contra la ministra Arancha González Laya, por su visita a la frontera con Cúcuta, Colombia, hace un mes por “el apoyo a la política xenofóbica de Colombia y en contra de Venezuela».
«¡Fuera de América Latina, canciller de España, basta de humillaciones contra Venezuela» vociferó. Todo aquello quedó bajo la alfombra.
Fuente: PanamPost