David Ruíz Gualo,
Es cierta la frase, atribuida a Bismarck, en la que decía que “España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido”.
Si bien es verdad, también, que podríamos preguntarnos qué clase de español, de bien, quiere destruir su propia nación. Sólo cabe una respuesta, los traidores. Traidores desde el momento en el que España le ha dado todo, y posteriormente utilizan ese todo para destruir su propia nación.
Los actores principales que rigen la actualidad política y social en España, socialistas, comunistas e independentistas, son los mismos que tiempo atrás, en el siglo XX, pactaban, actuaban, asesinaban, violaban, quemaban y legislaban para destruir España.
Nunca ha sido por España, siempre ha sido por ellos, así podemos entender como en 1934 dieron un golpe de estado en España -iniciado en Asturias y Cataluña- socialistas, comunistas e independentistas, que fue el germen de lo que posteriormente tuvo lugar en 1936, la guerra civil.
Socialistas, comunistas e independentistas, entre los que se encontraban ERC y PNV, con ideales diferentes, incluso contrapuestos, pero con un nexo en común muy fuerte: la destrucción de España. Así podemos explicar, como socialistas y comunistas podían entenderse con un partido tan de derechas como el PNV. Les unía el odio a España.
Es más, tras ser sofocado el golpe de Estado, sus propulsores, entre los que se encontraban Luis Companys, quien promulgase en 1934, en ese golpe de Estado, la independencia de Cataluña. Fueron 30.000 los amnistiados, de los cuales unos 8.000 políticos golpistas no sólo fueron amnistiados, sino repuestos en el cargo, vitoreados, volviendo a las andadas tras las fraudulentas elecciones de 1936, donde el Frente Popular se otorgó vencedor, llevando a España al enfrentamiento civil.
Parece que la historia se repite y sabemos que mismos actos tienen mismas consecuencias. Sólo hace falta conocer el pasado. En este caso parecemos abocados al enfrentamiento civil, y todo, por no conocer nuestra historia.
Y es que, socialistas y comunistas, desde su fundación en España, tienen claro su objetivo, su “España”, donde sólo caben ellos, de ahí su historial de asesinatos contra la iglesia, civiles y políticos – como Eduardo Dato, José Calvo Sotelo o Carrero Blanco-. Se apoderan del poder, hacen suya la democracia y a partir de ahí, ninguna institución está libre de sus garras.
Desde 1975 hemos permitido que los mismos que lo intentaron –romper España-, lo vuelvan a intentar, infiltrándose en las instituciones y utilizando las reglas del juego para su uso particular. Mucha culpa de lo que hoy estamos viviendo, tiene su origen en la Constitución de 1978, donde se les permitió pasar por demócratas a socialistas, comunistas e independentistas, lo que, cuando a todas luces, no lo son.
Desde entonces, la unidad y la soberanía de España se han visto mermadas, tanto por actores internos – pactos de los gobiernos de turno, a cambio de unos votos, con independentistas -, como por actores externos – desde Europa -.
Una Constitución que es el punto de inicio de nuestros males, gracias a la configuración de España, como una estructura autonómica que nos hace diferentes, que nos hace desiguales en función del lugar de nacimiento. Una Constitución con una ley electoral – Ley de D´Hondt – que nuevamente nos hace diferentes a los españoles en función del lugar de residencia, puesto que no todos los votos tienen en el mismo valor. Una ley que permite, desde su implantación que la gobernabilidad de España esté condicionada por un puñado de votos, independentistas, que están sobrerreprentados en el Congreso de los Diputados.
A partir de ahí, hoy cobra protagonismo otro de los males que recoge la Constitución, me refiero a la separación de poderes. Una separación de poderes que hoy, especialmente, brilla por su ausencia, cuando vemos que los jueces son elegidos y repartidos entre los partidos políticos, hablando, por tanto, de jueces conservadores o jueces progresistas.
Por lo tanto, cuando vemos que los partidos políticos se reparten los jueces y pugnan por tener su mayoría, y vemos que la gobernabilidad de España recae en los mismos actores del Frente Popular – socialistas, comunistas, independentistas -, cabría preguntarse si el punto de partida de los males que sufrimos hoy en día, los podemos ubicar desde 1975 y más concretamente desde la firma de la Constitución.
Así nos encontramos en el contexto de:
Un golde de Estado, como el vivido en 1934.
Un gobierno que representa al Frente Popular con la firme voluntad de firmar una amnistía a los promotores y ejecutores del golpe de Estado, y devolverlos a la vida política y social.
Y lo peor de todo, todo “conforme” a la ley, todo “conforme” a la Constitución. No es que lo diga yo, es que quien controla el Tribunal Constitucional, es decir el Frente Popular, es quien controla lo que es constitucional o no. Todo ello, desde luego edulcorado por las correas de transmisión de los medios de comunicación – parte fundamental -.
Una vez más, la izquierda utiliza el sistema, se aprovecha del sistema, para conseguir sus fines, que no son otros que romper todo el sistema, en este caso España.
Lo que nos han puesto encima de la mesa, es una amnistía y posteriormente un referéndum para la intendencia de Cataluña, y aún quedan las exigencias de los demás integrantes del Frente Popular, entre ellos, los herederos de la banda terrorista ETA – Bildu -, responsables de 853 asesinatos, 3.500 atentados y miles de víctimas directas o indirectas. Unas exigencias que únicamente se están haciendo esperar por el devenir de la amnistía. Una vez oficializada la amnistía, serán ellos los que la pidan y se les sea otorgada.
Y que no os queda la menos duda que la amnistía se llevará a cabo con el acuerdo y beneficio del Frente Popular, con la aprobación del Tribunal Constitucional, por mucha reunión solicitada por parte de 8 vocales del CGPJ aludiendo al fin del estado de derecho en España- hay que recordar que se trata de 8 vocales que hablan por la boca del Partido Popular, al ser elegidos por ellos-, con la colaboración e inacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado – que debe velar por proteger los derechos, libertad y seguridad de los españoles-, así como con la complicidad y seguidismo del Jefe de Estado – el cual representa nada más y nada menos que la unidad de España, garante del buen funcionamiento de las instituciones-.
Todo este corporativismo, cada uno en su papel, unos por acción y otros por omisión, ha quedado de manifiesto en el juramento de la Constitución por parte de la Princesa Leonor. Acto institucional nuevamente mancillado por el gobierno del Frente Popular donde la presidente del Congreso, Francisca Armengol – recordemos que durante su responsabilidad como presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares se saltó el confinamiento, exigido por ellos mismos, para salir de copas, así como también menores tuteladas por su Administración fueron prostituidas – puso por encima de todo, su discurso ideológico, hablando de crisis climática, ideología de género, distribución de la riqueza, empleos dignos, que nada tenían que ver con el acto en sí. Un trágala al que nadie se opuso.
Entonces, en todo este contexto, ¿por qué nos empeñamos en convocar manifestaciones en defensa de la Constitución?. ¿No sería más efectivo y más real, salir en defensa de la unidad de España, que al fin y al cabo es lo que está seriamente amenazada?
¿Cuál es el último resorte de España? El pueblo.
La cuestión es ¿estamos dispuestos a salvar España? La historia nos dice que siempre han existido un puñado de españoles dispuestos a hacerlo. Aprendamos de la historia.