Cambiar presos políticos por territorio colombiano. Esa sería la posibilidad que maneja el gobierno de Gustavo Petro mientras envía emisarios al país centroamericano con el objetivo de conseguir la liberación de 14 personas encarceladas por el régimen de Daniel Ortega. El escenario, a pesar de no estar confirmado, ya está generando reacciones por el riesgo de violación a la Constitución colombiana y a la soberanía.
La tesis sobre esta presunta negociación entre Colombia y Nicaragua salió del periodista afín al sandinismo, William Grigsby Vado. Citado por el portal Confidencial, dijo que la negociación propuesta por Petro reconocería el fallo de La Haya de 2012 a cambio de que le entreguen a «los tranqueros», calificativo que usó para referirse a los presos políticos que están recluidos en la cárcel El Chipote.
«Primero, no estamos pidiendo nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal del planeta”, dijo Grigsby. Y es que el país gobernado por Ortega presiona a favor del fallo de hace 10 años, cuando la Corte Internacional de Justicia recortó unos 80000 kilómetros cuadrados de área marítima a Colombia.
Entonces, la posible decisión de Petro no sería otra cosa que entregar la soberanía del país. Según el artículo 101 de la Constitución colombiana, los límites «son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales».
Sospechosa ausencia en sesión de la OEA
No solo el entonces gobierno de Juan Manuel Santos rechazó la decisión de La Haya. Expertos citaron en su momento que «no es posible que una decisión de un tribunal internacional modifique los límites territoriales, porque la Constitución no lo prevé». El expresidente Iván Duque secunda esos argumentos. Los límites de Colombia solo se pueden modificar a través de un tratado ratificado por el Congreso. Así lo expresó este miércoles en su cuenta de Twitter, a propósito del presunto acuerdo que estarían negociando Petro y Ortega.
Pero también hay otro punto importante. De ser ciertas las intenciones de negociación entre Colombia y Nicaragua, el gobierno izquierdista de Gustavo Petro estaría cayendo en el mismo error que ya repitieron otros gobiernos frente a dictaduras como las de Venezuela y Cuba. Por más mesas de negociaciones o flexibilizaciones económicas y políticas, estas tiranías siguen cercenando derechos humanos. Tal como lo han denunciado una y otra vez organizaciones independientes defensoras de los centenares de presos políticos en estos países.
Ingenuidad o complicidad. Sea cual sea el motivo, la posición de Colombia frente al régimen de Nicaragua quedó en evidencia durante una sesión de la OEA a mediados de agosto en la que se votó para condenar las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosa Murillo. El gobierno petrista fue el único que se ausentó y no votó.
Papa Francisco y Cuba son mediadores
A propósito de la ausencia, el canciller Álvaro Leyva admitió a finales de agosto que se debió «tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas». Otra tesis que surgió es que dicha falta se debió al desarrollo de las negociaciones. Sin embargo, Ortega ha seguido encarcelando a curas en el marco de su arremetida contra miembros de la Iglesia.
El periodista colombiano Daniel Coronell —quien también respalda la tesis de que Petro podría ceder al fallo de La Haya— publicó una columna en la que asegura que, irónicamente, Cuba es mediador y que el papa Francisco estaría al tanto de las negociaciones. Eso explicaría por qué la autoridad religiosa guarda silencio ante los abusos del sandinismo.
En paralelo, Nicaragua se afinca en su exigencia para tomar territorio colombiano, amparándose en el fallo de La Haya y usando a los presos políticos como fichas de canje.