QUITO.- Los decretos de estados de excepción firmados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, han surgido como respuesta a la criminalidad que se vive en el país y que ha tenido un espiral importante en el último año.
El 2 de julio, Noboa anunció un nuevo decreto para algunas provincias. La declaratoria de estados de excepción se dio luego de que la Corte Constitucional rechazó dos medidas previas por considerar que no estaban suficientemente argumentadas.
“La consolidación de los grupos criminales, así como la intensidad y la magnitud de la situación actual han excedido las capacidades del Estado de otorgar una respuesta a través de sus actuaciones ordinarias”, argumentó el mandatario.
A principios de 2024, la Corte ecuatoriana validó el primer estado de excepción en medio de un espiral de violencia de las bandas criminales, pero los siguientes decretos fueron revocados. “Por sus importantes implicaciones jurídicas, tanto la jurisprudencia reiterada de esta Corte como el derecho internacional, han establecido que para que se configure la causal de conflicto armado interno se deben considerar dos parámetros que atienden a la gravedad de la situación de violencia», dijo la Corte Constitucional.
De acuerdo con la información oficial, el nuevo decreto tiene una vigencia de 60 días y aplica para seis de las 24 provincias de Ecuador: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez.
A Noboa, quien asumió el poder en noviembre de 2023, lo persiguen los conflictos. En junio de este año, debió sortear una supuesta tentativa de un proceso para declarar su incapacidad mental.
Sobre el nuevo decreto de estado de excepción, Paúl Córdova, profesor de derecho constitucional en la Universidad Internacional SEK Ecuador, señala que la Corte Constitucional de Ecuador ha sido muy exigente con el Presidente sobre los decretos por considerar que la motivación no ha sido lo suficientemente clara.
“La Corte establece parámetros y la Constitución fija criterios para que se revise la constitucionalidad de los decretos, pero lamentablemente ha sido permanente la falta de justificación. El presidente puede señalar que estamos en un conflicto armado no internacional, pero si los criterios que utiliza no tienen correspondencia con el derecho internacional público, no está haciendo un uso razonado y motivado”, indica.
Córdova sostiene que cuando se emiten esos decretos, el mandatario tiene la potestad única de restringir ciertos derechos constitucionales.
“A partir de esto, el presidente Noboa puede limitar derechos como la inviolabilidad del domicilio, de correspondencia, la libertad de tránsito, de asociación, reunión y la libertad de información. Por esta razón, no puede abusar del decreto de estado de excepción”, explica.
El constitucionalista señala que no solamente Noboa, también lo hicieron Guillermo Lasso y Lenin Moreno en su momento, creen que al emitir estos decretos se actúa con contundencia para enfrentar problemas como la delincuencia.
“Pero, el problema de fondo es que los decretos de estados de excepción no son la salida suficiente ni el único medio para enfrentar de manera adecuada los problemas de inseguridad y de delincuencia”, explica.
Política de Noboa
Paul Córdova puntualiza que en Ecuador hace falta una política sostenida de seguridad democrática y una política integral penitenciaria para atender los centros de reclusión. Añade que hasta ahora los decretos de estados de excepción se han dado de forma focalizada. “Son respuestas parches o coyunturales a problemas estructurales”, afirma.
Por su parte, el consultor político David Rico señala que Noboa ha decretado tres estados de excepción y el resultado ha sido el mismo: “Lejos de disminuir la inseguridad, lo único que hace es atrincherar a los delincuentes por el tiempo en que se desarrolla el estado de excepción. Y, en muchos casos, lo que hacen es esperar que se acabe el estado de excepción para seguir actuando de la misma manera”, asevera.
En este sentido, el analista destaca que no ha habido una solución real a los problemas de inseguridad porque “no se persigue de manera efectiva a los delincuentes”. Señala que la medida ha provocado que, cada día, haya menos miedo hacia los estados de excepción.
“Seguir promoviendo estas medidas sin que exista un verdadero plan para combatir la inseguridad, sin que existan medidas a mediano y largo plazo que, de verdad, empiecen a dar frutos y a provocar una reducción real de la inseguridad, no van a tener ningún efecto”, asegura Rico.
Estado mental de Daniel Noboa
El mes pasado, la polémica envolvió a Daniel Noboa desde la Asamblea Nacional. El jueves 20 de junio, la legisladora oficialista Valentina Centeno, dijo que presuntamente se pretendía declarar “loco” a Noboa.
De acuerdo con Centeno, representante del partido Acción Democrática Nacional (ADN), la bancada de la Revolución Ciudadana en el Parlamento planteó un cambio en el orden del día para que se debatiera las declaraciones del presidente Daniel Noboa en una entrevista con la revista The New Yorker, en las cuales se abordaban los riesgos de Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo.
En la entrevista, el mandatario también se refirió a cómo esta lucha había incidido sobre su vida personal y emitió juicios sobre varios presidentes de la región, entre ellos: Gustavo Petro de Colombia, Nayid Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina.
“La vieja política y la troncha que se encuentra en el Pleno de la Asamblea quieren llevar el debate y la discusión a una supuesta inhabilidad mental del presidente; es decir, quieren declararlo loco aquí en el Pleno de la Asamblea”, aseguró la legisladora Centeno.
Sin embargo, desde el Legislativo ecuatoriano se consideró que se trata de un plan “inventado”. El argumento de la incapacidad mental sirvió en 1997 para destituir a Abdalá Bucaram, entonces presidente ecuatoriano, pero bajo el régimen de la anterior Constitución del país.
De hecho, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, afirmó que los legisladores pretendían registrar la “vieja confiable” de la incapacidad mental.El consultor político David Rico asevera que no existe manera real de investigar al presidente Noboa por incapacidad mental.
“De hecho, ya la Asamblea Nacional ha dicho que es improbable que eso vaya a ocurrir. Lo mencionaron dos asambleístas, medio hicieron la mención al respecto, pero quien más se ha hecho eco de esto es el propio presidente, quien, en una alocución, lo señaló en varias oportunidades. Sin embargo, el ambiente político no está para la incapacidad por algún problema mental”, asevera.
El 21 de junio, durante el inicio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad, en Santa Elena, el presidente Noboa ironizó: “Soy loco por impedir que continúe la corrupción en Ecuador. Soy loco porque quiero darle oportunidad a nuestros jóvenes que están desempleados y que están sin oportunidad de estudiar».
El consultor Rico señala que el gobierno de Noboa tiene poco tiempo en el poder y recibió “las malas gestiones” de los expresidentes Guillermo Lasso, Lenin Moreno y del correísmo.
“Es evidente que los pocos meses de Noboa no son suficientes para resolver los grandes problemas. También es cierto que se ha metido en algunos problemas en la política interna como su enfrentamiento con la vicepresidenta Verónica Abad, su enfrentamiento directo con la oposición, que no le ha permitido negociar de ninguna manera”, asevera el consultor político.
Añade que hay una falta del control real de la Asamblea Nacional para “poder ejecutar algunas normas, leyes, que le permitirían gobernar con naturalidad”.
El proceso legal
El profesor Paúl Córdova explica que, en caso de investigaciones sobre la capacidad mental del presidente, debe darse una certificación de un Comité de Médicos que son elegidos por ternas de tres entidades: el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, al Ministerio de Salud y a la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas y de la Salud del Ecuador.
Indica que este comité, cuando se dan estas solicitudes, “emite un certificado en el que se declara o no la incapacidad legalmente comprobada para con eso provocar una cesación presidencial”.
El abogado constitucionalista añade que, de eventualmente darse una investigación sobre la situación mental de Noboa, el informe no solo determina la incapacidad mental, sino también si se trata de un estado permanente o no. “Si no es permanente, no estaríamos frente a un caso de cesación, sino de ausencia temporal y de otra causa que impida transitoriamente ejercer el cargo”, acota.
Cuando hay voluntad política para investigaciones de este tipo, indica el constitucionalista, los asambleístas deben presentar la solicitud en el Consejo de Administración Legislativa para que se pueda dar trámite.