Estados Unidos afianzará sus estrategias para llevar a cabo la extradición del colombiano Álex Saab, a quien señalan como testaferro de Nicolás Maduro, y hoy se encuentra detenido en Cabo Verde, África, por su presunta participación en una trama de corrupción que abarca Venezuela, México y Estados Unidos. Estas operaciones habrían permitido el lavado de al menos 350 millones de dólares, mediante una red de abastecimiento de alimentos.
Juan González, asesor del presidente Joe Biden y director senior para el Hemisferio Occidental, anunció en entrevista con la emisora La W que el caso del empresario barranquillero a quien detuvieron el 12 de junio del año pasado en el país africano, luego de que hiciera una escala cuando se dirigía a Teherán, está en la agenda de la Casa Blanca.
En el contacto, reconoció que es un “caso bastante fuerte” pero que “el señor debe ser extraditado”. También adelantó que “hay una decisión que se hará en las próximas semanas con base en la ley”, lo cual dejaría sin efecto las apelaciones y los recursos a los que acudió la defensa de Saab para impedir el traslado de su cliente a suelo estadounidense.
La postura cómplice de la ONU —con antecedentes que restan credibilidad a sus llamados, entre ellos, la asignación de un puesto a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, un régimen al que se le acusa de crímenes de lesa humanidad, así como también Irán, China, Rusia y Corea del Norte— ya tiene consecuencias: la pérdida de su confiabilidad en esta institución.
Tampoco logró incidencia la mediación del fiscal chavista, Tarek William Saab, quien después de un año en silencio atribuyó a “saña e infamia” la detención del barranquillero, para “atacar a la institucionalidad venezolana”.
A juicio, del funcionario, “pretenden presentarlo como el trofeo de una guerra, ya no de cuarta, sino de quinta o sexta generación, en donde a personas que pudieran ser de una manera se presentan de otra para criminalizarlas”, en alusión directa a Estados Unidos, sin mencionarlo.
Incluso, sobre el proceso judicial en Cabo Verde, el fiscal Saab considera que las autoridades africanas «violan el derecho a la defensa y al debido proceso», una postura que contrasta con la medida cautelar que permitió al presunto testaferro de Maduro cumplir con prisión domiciliaria en un resort playero llamado Vila Verde, rodeado de villas, luego de seis meses de reclusión en el penitenciario Terra Boa, reseña Infobae.
Fuente: PanamPost