El crimen organizado en Venezuela ha ganado espacio no solo por las acciones delictivas sino porque cada vez más se presenta un mayor control territorial, haciendo que en muchos casos la población se vea sometida bajo las órdenes de estas bandas, tal como sucedía en la Cota 905.
En esa zona popular de Caracas, el famoso Carlos Luis Revete, el Koki, dominaba e imponía su poderío señalado de robo, homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. Pero, en 2021, tras varios días de operaciones policiales, el delincuente huyó y hasta ahora se desconoce su paradero.
Las armas usadas por su organización eran de mayor calibre que las portadas por los cuerpos de seguridad oficiales, y eso provocó que grupos como el del Koki fueran denominados como megabandas, que, se estima, son unas 50 las que operan en el país, eso sin incluir a los grupos irregulares colombianos que también tienen presencia en territorio venezolano.
“Para que un grupo delictivo se considere una megabanda debe estar integrado por más de 40 individuos, poseer armas de guerra, controlar un territorio y tener una jerarquía”, explica a El Tiempo Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Izquiel, también autor del libro Revolución de la muerte: 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela, puntualiza que si bien hay grupos pequeños operando, no todos tienen las características antes descritas y otras agrupaciones no son tan conocidas.
Las principales megabandas que operan en Venezuela serían las siguientes:
En Caracas: el Wilexis, el Mayeya; en Aragua: el Tren de Aragua, que se ha extendido hasta la frontera con Colombia e incluso a países como Perú; Monagas y Sindicato de Barrancas; en Lara: el Santanita; en Yaracuy: el Bachiller; en Zulia: los Meleán, los Leal, Adriancito, Yeico Masacre, el Patrón y la Zona; en Trujillo: el Patrón; en Miranda: los 300, Eduardo Delicia, Carlos Capa y los Orejones; en Apure: Tren de Aragua; en Sucre: el Tren de los Llanos, Toto y Sacarías; en Bolívar: Toto y Sacarías y el Tren de Guayana; en Falcón: el Cartel de Paraguaná; en Carabobo: el Richardi; en Guárico: el Tren del Llano; en Delta Amacuro: el Sindicato de Barrancas; en Táchira: la Línea, los Rastrojos, los Urabeños. Y en Barinas, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).
“En estados como Táchira, Barinas y Mérida existen otras expresiones delictivas conocidas como colectivos, además de los grupos irregulares colombianos”, explica Izquiel, resaltando que en los estados fronterizos e incluso orientales, como Monagas, se producen enfrentamientos entre el ELN y estas bandas, en especial por el control de los negocios ilícitos.
Según el reporte de 2021 de criminalidad elaborado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el año pasado cerró con 11.081 asesinatos en el país, es decir, una tasa de 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes, siendo Caracas la ciudad más violenta.
Ante esto, Izquiel advierte que “muchos venezolanos se acostumbraron a vivir bajo el gobierno de la delincuencia” y que, por lo mismo, se hace complejo cambiar las dinámicas internas.
Otras fuerzas criminales que operan en Venezuela
Además de estos grupos, en 19 estados del país, según un reporte de 2021 de la organización Fundaredes, operan las disidencias de las FARC, el EPL, ELN, FBL. Se espera que, próximamente, Fundaredes exponga su nuevo informe actualizando la información sobre la presencia de los grupos y de las bandas criminales, tal como confirmaron a este diario.
La presencia de los grupos colombianos en territorio venezolano marcó el 2021 por cuenta de los enfrentamientos en Apure, frontera con Arauca.
Los combates dejaron al menos 23 muertos y unas 7 bajas del Ejército venezolano, el cual se vio disminuido ante la actuación del Frente 10 de las disidencias de las FARC. Eso sumado a que en este enero se contabilizan al menos siete muertos en Barrancas del Orinoco, en medio de la disputa entre el ELN y el sindicato de Barrancas.
El sur de Venezuela es el más azotado. Bandas y guerrillas se disputan el control del territorio, las rutas del narcotráfico y la extracción del oro en el estado Bolívar. El exdiputado Américo de Grazia, quien ha denunciado en varias oportunidades la presencia de las mafias que controlan el oro, aseguró que son más bandas criminales las que operan en esa zona y que además arremeten contra los pueblos indígenas.
Si bien los expertos coinciden en que el Estado tiene la capacidad para erradicar estas bandas, se necesita voluntad política.
Ejemplo claro de esto, para Izquiel, es cómo fue expulsado el Koki y que desembocó en el desmantelamiento de otras organizaciones. “Por sí solas las policías municipales no tienen la capacidad, pero cuando se suman todos los organismos, sí. El Estado, aun con la precariedad, tendría la fuerza para desplazarlos y reducirlos”, aclara el experto.
Según el último reporte de la ONG Acceso a la Justicia, entre 2000 y 2018 Venezuela aumentó en número de funcionarios policiales, pero esto no significó una disminución de la delincuencia. En 2006 se contabilizaban 114.463 funcionarios policiales y en 2017 se llegó a la cifra de 175.000.
“Esto implica que se incrementó la tasa de encuadramiento policial 128 puntos más, para llegar a 557 policías por 100.000 habitantes, 207 puntos por encima del estándar internacional”, detalla el informe al insistir en la hipertrofia policial en Venezuela.
Lamentablemente, dice Izquiel, “la pobreza, la deserción escolar, las adicciones, crecer en barrios dominados por criminales y los ingresos económicos que se perciben en los grupos delincuenciales, hacen que los jóvenes se arrastren a integrar las megabandas, que obtienen en muchos casos las armas de los mismos policías y cuerpos de seguridad prestos a la corrupción”.
El gobierno venezolano se ha limitado a hablar de la presencia de la guerrilla colombiana y se refieren a otra denominación, a los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol) que, según Nicolás Maduro, han “venido infiltrándose en territorio venezolano” y están compuestos por hasta 100 personas, «y los meten en la frontera para diezmar la seguridad interna, traficar cocaína y preparar ataques”.
Sin embargo, Fundaredes solo ha insistido en la presencia de los grupos guerrilleros La Nueva Marquetalia, de Iván Márquez, y el frente 10, que se disputan el territorio al menos en el estado Apure. Justamente, por estas denuncias fue arrestado el coordinador de Fundaredes, Javier Tarazona, quien lleva seis meses preso.
Esta misma organización reportó el año pasado que, según los datos que manejaban, hasta 2018 se sabía que el ELN y las FARC habían invertido en 214 escuelas de los estados Táchira, Apure y Amazonas y para 2019 la cifra era de 325.
Estas organizaciones se encargan de censar a los niños, entregarles útiles, comida e impartir cursos de ideología. Lastimosamente, en muchos casos, los menores terminan reclutados por razones económicas o por obligación.
Fuente: El Nacional