El gobierno de Estados Unidos sancionó a 16 altos funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro y los responsabilizó por su participación en el fraude electoral y la represión tras las elecciones del 28 de julio. Entre los sancionados se encuentran magistrados, militares, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, a quienes se les señala por contribuir al deterioro de la democracia en Venezuela.
Uno de los nombres más destacados es el de Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien participó en la revisión técnica que convalidó el fraude electoral orquestado por Maduro y el Consejo Nacional Electoral (CNE). También sobresale Malaquias Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ, conocido por confirmar la “inhabilitación” de la principal figura de la oposición, María Corina Machado.
A la lista se suma Juan Carlos Hidalgo Pandares, quien también funge como vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ, así como también Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidente del TSJ desde enero de 2024 y líder de la Sala Electoral, acusada de validar el fraude electoral. Junto a los mencionados también Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidente del TSJ, quien estuvo involucrada en los procedimientos técnicos para asegurar la continuidad del régimen.
La rectora del Consejo Nacional Electoral Rosalba Gil Pacheco; el secretario general del CNE, Antonio José Meneses Rodríguez; y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional chavista son otros de los señalados.
¿Quiénes están detrás de la represión y la persecución política?
La represión también jugó un papel crucial en las sanciones. Domingo Antonio Hernández Larez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), encabezó operativos represivos que incluyeron detenciones arbitrarias y amenazas a manifestantes pacíficos. Asimismo, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Elio Ramón Estrada Paredes, ha sido sancionado por dirigir operaciones de inteligencia y hostigamiento a opositores.
Por otro lado, el juez Edward Miguel Briceño Cisneros, así como los fiscales Luis Ernesto Duenez Reyes y Dinorah Yoselin Bustamante Puerta fueron sancionados por perseguir y emitir órdenes de captura contra líderes opositores como Edmundo González, mientras que la rectora chavista del CNE, Rosalba Gil Pacheco, jugó un papel clave en la manipulación electoral.
De la misma manera, Johan Alexander Hernández Larez, comandante de la REDI Capital de la GNB; Asdrúbal José Brito Hernández, Director de Investigaciones Criminales de la DGCIM; y Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), también fueron alcanzados por las sanciones.
Estas sanciones son un golpe más al régimen de Maduro, quien enfrenta creciente presión internacional debido a sus prácticas antidemocráticas y la violación de los derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos continúa liderando los esfuerzos internacionales para responsabilizar a los altos funcionarios del régimen y aumentar el aislamiento diplomático y económico de Caracas.
De acuerdo con Infobae, el Departamento de Estado también impuso nuevas restricciones de visas a funcionarios alineados con Maduro y, con esta medida, son casi 2000 personas en total han sido sujetas a restricciones de visas “por su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos”.