Un grupo que reúne a 41 organizaciones humanitarias exigió este jueves a la Asamblea Legislativa de El Salvador que acelere el estudio y apruebe una ley de protección para defensores de derechos humanos propuesta en septiembre de 2018.
Las organizaciones, que reúnen a una amalgama de grupos ambientalistas, feministas y de memoria histórica, mostraron su preocupación porque la actual legislatura está por terminar sin que la comisión responsable se encuentre estudiando la propuesta.
También señalaron que la iniciativa «ya fue debatida en una mesa técnica creada para tal fin» y que se «presentaron observaciones por diferentes organizaciones y colectivos de derechos humanos», además se dieron aportes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
«Consideramos que no existe ninguna razón válida que justifique que la Asamblea Legislativa, especialmente la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, prolongue esta deuda del Estado salvadoreño», señalaron en un comunicado.
Los activistas de derechos humanos agregaron que «dejar este tema para la próxima legislatura es una grave irresponsabilidad por parte de los actuales diputados».
También pidieron al presidente, Nayib Bukele, que en caso de aprobarse la ley en el Congreso, «dé muestras de su compromiso con los derechos humanos y con quienes procuran su vigencia plena» y mande a publicar el decreto en el Diario Oficial para su entrada en vigencia.
En abril de 2018, las organizaciones denunciaron públicamente la «criminalización» de su trabajo de defensa de los derechos humanos por instancias estatales, incluidas las autoridades de seguridad.
Entre los defensores de derechos humanos asesinados en El Salvador se encuentran cuatro ambientalistas que se oponían principalmente a proyectos de explotación minera.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, se sumó al llamado de las organizaciones sociales para que se apruebe la referida ley.
Además, lamentó que, a su juicio, desde el Ejecutivo no se advierte «un compromiso real en la promoción y defensa de los derechos humanos».
Se prevé que en las elecciones del 28 de febrero el partido Nuevas Ideas, fundado por un movimiento de Bukele y dirigido por un primo suyo, logre la mayoría de diputados.
El mandatario ha criticado en más de una ocasión a las organizaciones sociales que se han mostrado en contra de algunas de sus decisiones, especialmente a las que acompañan a las víctimas de la masacre que cometió el Ejército y que acabó con la vida de 1.000 campesinos en El Mozote (1981).
Respecto a este caso, el presidente respaldó el año pasado un bloqueo del Ejército a una serie de inspecciones judiciales ordenadas en el proceso penal que investigaba la masacre. En ese contexto anunció la «desclasificación» de archivos, pero únicamente entregó fotocopias de informes presentados por anteriores gobiernos al juez del proceso, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.
El fantasma de la violencia política ha empañado la campaña política en El Salvador de cara a los comicios del 28 de febrero tras un ataque armado, hasta ahora confuso, perpetrado en contra de simpatizantes del partido opositor izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se saldó con dos personas asesinadas y que generó múltiples reacciones de condena.
Fuente: Swissinfo
Exigen al Congreso salvadoreño aprobar ley de protección a defensores de DDHH
