¿De dónde salieron las armas de alto calibre y los fusiles empleados por francotiradores para asesinar a más de 300 manifestantes durante el estallido social de abril de 2018 en Nicaragua? Esa es una pregunta aún sin respuesta que los nicaragüenses exigen conocer.
Los indicios apuntarían al Ejército que se ha plegado al régimen sandinista de Daniel Ortega debido a que el armamento es de uso exclusivo de esa institución.
Esas muertes que han sido catalogadas como crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos, exigen una investigación sobre el origen del armamento y la participación de militares en la represión como el caso del oficial del Ejército Álvaro Joel Cruz Bermúdez, cuyas fotografías indican su participación en la represión vestido con uniforme de Policía.
El mayor del Ejército en retiro, Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica, dijo al periodista Gerald Chávez, que en todos los lugares donde el régimen ordenó la operación limpieza “nos dimos cuenta de la participación de oficiales, clases, incluso soldados que andaban con uniformes de la Policía, andaban de civil, y de exaltos oficiales en retiro que participaron”.
Las evidencias documentales que posee la periodista Gemma Serrano, exiliada en Guatemala, indican la participación de militares activos y en retiro. La comunicadora apoyó las protestas y participó en uno de los tranques en la ciudad de Jinotepe.
“La participación del Ejército en operaciones limpieza fue más que evidente, se desplegó armamento únicamente en posesión del ejército, pues la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) y (los agentes de línea de la) policía no tienen autorizado la utilización de ese tipo de armas y no figuran dentro de su inventario, por ejemplo: la (ametralladora rusa) PKM recuperada en el sector del CSE de Jinotepe el 8 de julio (2018), es un arma de guerra únicamente en posesión del ejército, y por lo tanto su utilización, tenía que ser a manos de alguien entrenado para su portación”.
En esa misma línea se refirió a los cohetes RPG, utilizado en contra de una barricada haciendo temblar la tierra, los fusiles de francotirador Dragunov, fusiles AK, Galil y algunos portaban Garand, este último en desuso, utilizado por la antigua guardia de Somoza, que el ejército posee en resguardo”, afirmó la periodista.
Organismos de derechos humanos poseen fotografías de hombres de complexión fuerte vestidos con uniformes negros de la DOEP, en medio de la represión portando armas de alto calibre y cohetes antitanque RPG-7, cuyo uso es exclusivo del Ejército.
“Pero no solo eso, pudimos ver también armas nuevas, relucientes que quizás pertenezcan a las nuevas adquisiciones que el Ejército ha hecho a Rusia. Muchos de los que estuvimos de frente a las barricadas podemos dar testimonio del armamento, el despliegue (tácticas de combate urbano) y personas con facciones ajenas al nicaragüense, que portaban uniformes de la DOEP”.
¿Complicidad?
Para Samcam, el régimen de Ortega no pudo haber formado un ejército paralelo de paramilitares sin la organización, el apoyo, la convivencia y la complicidad del Ejército. Se trata del uso de armas de guerra contra la población que no estaban dentro de los almacenes de la Policía sandinista.
El consultor jurídico Oscar Carrión, dijo que existen muchos indicios que apuntan a que el Ejército no actuó conforme a Ley. “El Ejército de Nicaragua omitió su deber constitucional de impedir que grupos armados que no fueran de las fuerzas armadas o de la policía arrasaran en los pueblos y ciudades asesinando a hermanos nicaragüenses. El artículo 95 de la Constitución determina quienes tienen la exclusividad de ser órganos armados de la República por consiguiente el Ejército tiene responsabilidades por omisión”.
Asimismo, dijo que el Ejército debe investigar y aclarar respecto al uso de armas de alto calibre, de guerra entre los paramilitares que cometieron crímenes y delitos de lesa humanidad “siendo que este armamento pesado supone ser de exclusivo manejo del Ejército”.
Por otra parte, Carrión sostiene que el Ejército debe aclarar por qué salió a las calles de Estelí en abril 2018, y por qué según testimonios de expresos políticos, participó en la captura de éstos cuando cruzaban la frontera hacia o desde fuera del país.
“Y finalmente el Ejército debe aclarar por qué siendo que, resguardada las instalaciones de la Alcaldía de Managua donde se reconcentraban, según denuncias, más de 3.000 paramilitares fuertemente armados, nunca hizo nada para desarmarlos y denunciarlos. El jefe del Ejército (Julio Avilés) debe tener la hidalguía de negarse a participar en actos públicos donde ondea la bandera del frente sandinista que es la bandera partidaria y no la bandera patria y debe aclarar en qué términos y alcances Avilés refiere un supuesto golpe de estado cuando pronunció que lo instigaban a esto por parte de algunas organizaciones y personas”.
Para el experto, el jefe militar debe responder a los señalamientos que le hacen los directivos del movimiento Campesino respecto al asesinato de varios de sus miembros.
El Movimiento Campesino ha denunciado que más de 100 residentes de la población rural han sido ejecutados por la fuerza armada nicaragüense desde octubre de 2018 a la fecha por el hecho de ser opositores a la dictadura.
El exoficial del Ejército, Manuel Antonio Ruíz, dijo que perteneció a las tropas especiales COE (Compañía de Operaciones Especiales), y que los crímenes contra campesino no es un tema después de abril de 2018.
“A los nuevos ingresos nos mandaban a misiones, nos decían que íbamos a detener a gente rearmada de la contra, que se organizaban para robar ganado, secuestrar gente y eso era falso. Nos decían eso porque éramos jóvenes y ocurrió cuando el actual jefe del Ejército tenía un año de estar como jefe”.
“Nunca les encontramos armas, lo que ellos andaban eran armas blancas que era su machete y que era su herramienta de trabajo. A algunos que capturábamos se los entregamos a la Policía, pero no daban rastro de ellos posteriormente”.
Ruíz solo estuvo dos años en el Ejército, no compartía la persecución a campesinos.
DIARIO LAS AMERICAS entrevistó en julio de 2018, a un exoficial del Ejército, médico especialista del hospital militar Alejandro Dávila Bolaños, que grabó el 30 de mayo, el día más fuerte de la represión, el ingreso de paramilitares en camionetas Hilux, a esa unidad para abastecerse de municiones durante los días más fuertes de la represión ejecutada por el gobierno sandinista en contra de la población civil.
El video al que tuvo acceso DIARIO LAS AMÉRICAS fue filmado desde la primera planta del establecimiento médico, en donde está el área de Cuidados Intensivos, el día que ocurrió una de las peores masacres ejecutadas por las fuerzas policiales y paramilitares del Gobierno, que se lleva la vida de 18 personas y deja 218 lesionados. Once de los asesinatos ocurrieron en Managua, por disparos de francotiradores.
“Tuve la oportunidad de ver y grabar ese hecho. Estaban entrando camionetas con paramilitares al hospital y lamentablemente el hospital estaba proporcionando municiones a los paramilitares que salían por el estacionamiento subterráneo que tiene ese lugar, que es exclusivo para los jefes y para la contrainteligencia [del Ejército]. Ahí no tiene acceso ninguna otra persona. Es por ahí que entraban y salían para que los trabajadores y las personas que están en el hospital no se dieran cuenta”, reveló el exmilitar.
“La misma gente del barrio donde se encuentra el hospital estaban eufóricos y fueron testigos de cómo camionetas con paramilitares estaban entrando al hospital y la gente estaba enardecida porque escuchaban las noticias de la masacre que se estaba dando en los alrededores de carretera a Masaya y Metrocentro”, aseguró.
Fuente: Diario las Américas
Esas muertes que han sido catalogadas como crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos, exigen una investigación sobre el origen del armamento y la participación de militares en la represión como el caso del oficial del Ejército Álvaro Joel Cruz Bermúdez, cuyas fotografías indican su participación en la represión vestido con uniforme de Policía.
El mayor del Ejército en retiro, Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica, dijo al periodista Gerald Chávez, que en todos los lugares donde el régimen ordenó la operación limpieza “nos dimos cuenta de la participación de oficiales, clases, incluso soldados que andaban con uniformes de la Policía, andaban de civil, y de exaltos oficiales en retiro que participaron”.
Las evidencias documentales que posee la periodista Gemma Serrano, exiliada en Guatemala, indican la participación de militares activos y en retiro. La comunicadora apoyó las protestas y participó en uno de los tranques en la ciudad de Jinotepe.
“La participación del Ejército en operaciones limpieza fue más que evidente, se desplegó armamento únicamente en posesión del ejército, pues la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) y (los agentes de línea de la) policía no tienen autorizado la utilización de ese tipo de armas y no figuran dentro de su inventario, por ejemplo: la (ametralladora rusa) PKM recuperada en el sector del CSE de Jinotepe el 8 de julio (2018), es un arma de guerra únicamente en posesión del ejército, y por lo tanto su utilización, tenía que ser a manos de alguien entrenado para su portación”.
En esa misma línea se refirió a los cohetes RPG, utilizado en contra de una barricada haciendo temblar la tierra, los fusiles de francotirador Dragunov, fusiles AK, Galil y algunos portaban Garand, este último en desuso, utilizado por la antigua guardia de Somoza, que el ejército posee en resguardo”, afirmó la periodista.
Organismos de derechos humanos poseen fotografías de hombres de complexión fuerte vestidos con uniformes negros de la DOEP, en medio de la represión portando armas de alto calibre y cohetes antitanque RPG-7, cuyo uso es exclusivo del Ejército.
“Pero no solo eso, pudimos ver también armas nuevas, relucientes que quizás pertenezcan a las nuevas adquisiciones que el Ejército ha hecho a Rusia. Muchos de los que estuvimos de frente a las barricadas podemos dar testimonio del armamento, el despliegue (tácticas de combate urbano) y personas con facciones ajenas al nicaragüense, que portaban uniformes de la DOEP”.
¿Complicidad?
Para Samcam, el régimen de Ortega no pudo haber formado un ejército paralelo de paramilitares sin la organización, el apoyo, la convivencia y la complicidad del Ejército. Se trata del uso de armas de guerra contra la población que no estaban dentro de los almacenes de la Policía sandinista.
El consultor jurídico Oscar Carrión, dijo que existen muchos indicios que apuntan a que el Ejército no actuó conforme a Ley. “El Ejército de Nicaragua omitió su deber constitucional de impedir que grupos armados que no fueran de las fuerzas armadas o de la policía arrasaran en los pueblos y ciudades asesinando a hermanos nicaragüenses. El artículo 95 de la Constitución determina quienes tienen la exclusividad de ser órganos armados de la República por consiguiente el Ejército tiene responsabilidades por omisión”.
Asimismo, dijo que el Ejército debe investigar y aclarar respecto al uso de armas de alto calibre, de guerra entre los paramilitares que cometieron crímenes y delitos de lesa humanidad “siendo que este armamento pesado supone ser de exclusivo manejo del Ejército”.
Por otra parte, Carrión sostiene que el Ejército debe aclarar por qué salió a las calles de Estelí en abril 2018, y por qué según testimonios de expresos políticos, participó en la captura de éstos cuando cruzaban la frontera hacia o desde fuera del país.
“Y finalmente el Ejército debe aclarar por qué siendo que, resguardada las instalaciones de la Alcaldía de Managua donde se reconcentraban, según denuncias, más de 3.000 paramilitares fuertemente armados, nunca hizo nada para desarmarlos y denunciarlos. El jefe del Ejército (Julio Avilés) debe tener la hidalguía de negarse a participar en actos públicos donde ondea la bandera del frente sandinista que es la bandera partidaria y no la bandera patria y debe aclarar en qué términos y alcances Avilés refiere un supuesto golpe de estado cuando pronunció que lo instigaban a esto por parte de algunas organizaciones y personas”.
Para el experto, el jefe militar debe responder a los señalamientos que le hacen los directivos del movimiento Campesino respecto al asesinato de varios de sus miembros.
El Movimiento Campesino ha denunciado que más de 100 residentes de la población rural han sido ejecutados por la fuerza armada nicaragüense desde octubre de 2018 a la fecha por el hecho de ser opositores a la dictadura.
El exoficial del Ejército, Manuel Antonio Ruíz, dijo que perteneció a las tropas especiales COE (Compañía de Operaciones Especiales), y que los crímenes contra campesino no es un tema después de abril de 2018.
“A los nuevos ingresos nos mandaban a misiones, nos decían que íbamos a detener a gente rearmada de la contra, que se organizaban para robar ganado, secuestrar gente y eso era falso. Nos decían eso porque éramos jóvenes y ocurrió cuando el actual jefe del Ejército tenía un año de estar como jefe”.
“Nunca les encontramos armas, lo que ellos andaban eran armas blancas que era su machete y que era su herramienta de trabajo. A algunos que capturábamos se los entregamos a la Policía, pero no daban rastro de ellos posteriormente”.
Ruíz solo estuvo dos años en el Ejército, no compartía la persecución a campesinos.
DIARIO LAS AMERICAS entrevistó en julio de 2018, a un exoficial del Ejército, médico especialista del hospital militar Alejandro Dávila Bolaños, que grabó el 30 de mayo, el día más fuerte de la represión, el ingreso de paramilitares en camionetas Hilux, a esa unidad para abastecerse de municiones durante los días más fuertes de la represión ejecutada por el gobierno sandinista en contra de la población civil.
El video al que tuvo acceso DIARIO LAS AMÉRICAS fue filmado desde la primera planta del establecimiento médico, en donde está el área de Cuidados Intensivos, el día que ocurrió una de las peores masacres ejecutadas por las fuerzas policiales y paramilitares del Gobierno, que se lleva la vida de 18 personas y deja 218 lesionados. Once de los asesinatos ocurrieron en Managua, por disparos de francotiradores.
“Tuve la oportunidad de ver y grabar ese hecho. Estaban entrando camionetas con paramilitares al hospital y lamentablemente el hospital estaba proporcionando municiones a los paramilitares que salían por el estacionamiento subterráneo que tiene ese lugar, que es exclusivo para los jefes y para la contrainteligencia [del Ejército]. Ahí no tiene acceso ninguna otra persona. Es por ahí que entraban y salían para que los trabajadores y las personas que están en el hospital no se dieran cuenta”, reveló el exmilitar.
“La misma gente del barrio donde se encuentra el hospital estaban eufóricos y fueron testigos de cómo camionetas con paramilitares estaban entrando al hospital y la gente estaba enardecida porque escuchaban las noticias de la masacre que se estaba dando en los alrededores de carretera a Masaya y Metrocentro”, aseguró.
Fuente: Diario las Américas