La explotación sexual infantil en Chile ha dejado de ser simplemente un fenómeno para convertirse en una práctica arraigada, orquestada por redes criminales que atacan y captan a niños y adolescentes con total impunidad, aprovechando la supuesta protección del Estado. Este delito se ha enraizado profundamente. Anuar Quesille, defensor de la niñez en el país austral, asumió el cargo hace dos meses con el desafío no solo de prevenir el aumento de víctimas, sino también de identificar a los responsables y lograr su enjuiciamiento.
En una entrevista reciente con la cadena BioBío, Quesille reconoció que la situación es preocupante, especialmente a la luz del último informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que revela que los casos de abuso y explotación sexual a niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado son reiterados y tienen una larga data en el sistema.
Según las pesquisas de la comisión, las redes “ven en los centros de protección un blanco fácil para su acción, lo que transforma a las residencias de protección en espacios de riesgo de vulneraciones más graves, y no espacios seguros de protección como debería ser”.
Residencias del terror
La data de los casos reporta a 115 menores de edad bajo la tutela del Estado en las residencias de Mejor Niñez como posibles víctimas de explotación sexual comercial. Sus casos están relatados en 98 querellas interpuestas por el Programa Mi Abogado, de la Corporación de Asistencia Judicial pero sólo hay un formalizado.
El número es peor. La cantidad trepa hasta a 545 víctimas al sumar los delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil. Respecto a esta última cifra, más del 90 % de las víctimas (494) corresponden a niñas, la mayor parte de ellas entre 13 y 16 años.
Sin embargo, la situación se complica, considerando que la Fiscalía registra, en general, un aumento de 289 % de los casos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad en la nación al contabilizar más 300.000 denuncias en medio de una crisis fronteriza que abre espacios al ingreso de estructuras delictuales.
De acuerdo con la Fundación Amparo y Justicia existen 350.591 denuncias acumuladas por delitos van desde promover o facilitar prostitución de menores, lesiones, abuso hasta secuestro, robo y homicidio con violación entre 2006 y 2022 pero hay alarmas surgieron luego de las denuncias aumentar 42 %, al pasar de 28056 casos en 2021 a 39933 en 2022.
Drama sin solución institucional
El panorama está lejos de acabar cuando en Chile el delito de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes no está contemplado como en el Código Penal sino la promoción o facilitación de prostitución infantil, cuya probación es compleja, disminuyendo las probabilidades de éxito del Ministerio Público.
A ello se suma que el Ministerio Público carece de una basa de datos permita dimensionar el problema porque el Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), fuente primaria de datos del Ministerio Público, impide obtener un registro específico sobre si la la víctima se encontraba bajo la protección del Estado cuando se produjo el delito.
La debilidad institucional es una realidad difícil de ocultar. El defensor de la niñez lo reconoce al afirmar que la Defensoría de la Niñez está presente en siete regiones de las 16 que componen al país y ninguna de ellas corresponde a la Metropolitana. Un panorama que dista de los pasos dados por otros países.
La meta de Quesille es dejar su cargo en noviembre del año 2028 con la Defensoría de la Niñez posicionada como un “organismo particular, con una diferencia sustancial entre recurrir a la Defensoría de la Niñez y la institucionalidad ya existente. Hay que marcar una diferencia, y esa diferencia no se da solamente con un foco en lo judicial”.