La promesa populista de abastecer de gas natural a Perú a bajo costo ha encendido las alarmas de los inversores en el país inca. En principio, esto ocurre debido a las fricciones que se detectaron dentro del Ejecutivo por los diversos abordajes al tema. Estas situaciones asustan a un mercado sensible por la inestabilidad política y también fractura al gabinete de Castillo. Esto, se presume, sería solo el inicio de una ola de tácticas que, en mayor o menor forma, van hacia un solo objetivo: las expropiaciones de empresas privadas.
El lío que inició con la amenaza de una nacionalización al yacimiento de gas Camisea, ubicado en la región de Cusco —si la empresa concesionaria no renegocia el reparto de utilidades a favor del Estado— va más allá de contradicciones públicas sobre cómo cumplir con el compromiso de campaña que hizo en su momento Pedro Castillo. Hoy este tema se torna en una división interna entre el mandatario izquierdista y el partido Perú Libre, que lo llevó al poder de la mano de Vladimir Cerrón, fundador de esta tolda que tensa con sus propuestas radicales la frágil gestión del mandatario izquierdista.
Por un lado, Cerrón azuza la postura de Bellido de ir detrás de las utilidades del conglomerado para favorecer al Estado. Mientras ello ocurre, también el representante de Perú Libre siembra duda sobre las capacidades de Castillo para pactar. Lo hace, principalmente, cuando señala que “el gobierno debería tener a la mano los informes de los delitos tributarios, ambientales y laborales de las transnacionales, sobre los cuales debe renegociar en mejores términos para el pueblo”.
Esto ha desencadenado un conflicto en el Gabinete. Por un lado, están los fieles a Bellido que apoya dicha moción. Entre ellos figura el ministro de Energía y Minas, Iván Merino; de Ambiente, Rubén Ramírez, y de Defensa, Walter Ayala. En el bando opuesto figuran Pedro Francke de Economía; Hernando Cevallos, de Salud; Aníbal Torres, de Justicia; Óscar Maúrtua, de Exteriores, y Dina Boluarte, de la cartera de Desarrollo.
Sin embargo, del lado de la indefinición respecto de este tema, también están el ministro del Trabajo, Iber Maraví; de Cultura, Ciro Gálvez; así como el de Transporte, Juan Silva; de la Mujer, Anahí Durand; y de Turismo, Roberto Sánchez.
Un conflicto favorable
Con la tensión en ascenso dentro del gabinete, el Congreso evalúa censurar a Bellido —funcionario que mantiene un proceso penal abierto por presunta “apología al terrorismo”— si Castillo no lo destituye. Asimismo, tienen como objetivo interpelarle para que responda sobre sus mensajes relacionados con la nacionalización de Camisea.
Este conflicto favorece a los intereses de Castillo, quien estaría dispuesto a desertar de Perú Libre con una renuncia irrevocable al partido, ante “las crisis constante que vive por las confrontaciones de Bellido con el gabinete y otras entidades, además de las declaraciones de Vladimir Cerrón”.
Según Infobae, Castillo formalizará una tolda propia, llamada Partido Magisterial y Popular (PMP) para incorporar a miembros de la Federación Nacional de Trabajadores del Perú (Fenate), sindicato que fundó luego de liderar la huelga nacional de maestros en el año 2017. Camisea sirve de excusa, considerando que durante la campaña, Castillo vociferó su deseo de nacionalizarlo.
Idea del partido
Aún sin tener certeza de lo que buscará renegociar Castillo con el Consorcio, el ideario de Perú Libre ofrece pistas. El documento señala que el «verdadero impuesto anual» entre canon, regalías e impuesto a la renta que debe pagar el operador sería de 23000 millones de dólares. Sin embargo, hoy paga 1135 millones.
El problema es “la proyección de ingresos toma marcadores internacionales máximos de un momento coyuntural, por tanto el cálculo de Perú Libre es con base en una cuenta mal hecha”. ¿Qué va a renegociar una empresa que entrega el 65 % de sus utilidades al Estado peruano? “Todo este show organizado por Vladimir Cerrón demuestra que hay un presidente que no gobierna”, indicó La República.
El detalle es que la propuesta de Bellido la impulsa el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien promueve la “nacionalización de los recursos naturales”, a pesar de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que el país no tiene cómo abastecer el mercado interno y externo —Argentina y Brasil— de gas natural.
Del mismo modo, su radicalidad con las trasnacionales pierde fuerza cuando el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, revela que hay disposición a renegociar. Castillo está enterado y ya hay una comisión de especialistas que se encargará de definir los lineamientos.
Un pronóstico reservado
Mantener el discurso de confrontación en redes sociales será determinante. Especialmente porque de este modo la renegociación requiere del apoyo unánime de Pluspetrol (operador), Sonatrach, SK, Repsol, Tecpetrol y Hunt Oil, los miembros del Consorcio Camisea.
Quizá por ello, Castillo en su cuenta en Twitter se declara “comprometido con llevar gas barato a todos los peruanos” y “cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor”.
Su mensaje no dispersa las dudas. Al contrario, “el futuro del país parece oscurecerse”, porque “la amenaza de nacionalizar el proyecto Camisea no solo es inconstitucional, sino además pone en grave riesgo la matriz energética del Perú”, advirtió Perú21.
¿En qué quedan ahora los discursos de Pedro Castillo en su reciente gira por México y Estados Unidos, donde llamó a los empresarios a invertir con confianza en el Perú? Porque una renegociación de contratos siempre es posible, pero otra cosa es si se comienza con una amenaza sobre la mesa. Esta es una interrogante que plantea el medio en su editorial. Allí avizora que “el país seguirá precipitándose hacia el desempleo masivo, la depreciación de la moneda y alza en los precios de la canasta familiar, mientras los demagogos del gobierno siguen jugando con fuego y con la economía de los peruanos”.
Fuente: PanamPost