Un juez amplió el sábado la detención preventiva por otros cinco meses de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, detenida desde el mes de marzo por presuntos cargos de conspiración, terrorismo y sedición. La defensa de Áñez había pedido que ella fuera puesta en libertad alegando problemas de salud.
Sin embargo, en una audiencia virtual en la que examinó la solicitud, el juez Armando Zeballos dispuso que Añez siga detenida, explicó el abogado defensor Luis Guillén.
“He sido valorada por mi nutricionista con un diagnóstico de anorexia nerviosa, diagnóstico que sin duda agrava mi cuadro de desnutrición”, dijo Áñez en su audiencia el viernes. El abogado defensor tildó la decisión del juez de “arbitraria e irregular. “Es cuestionable que no se tome en cuenta el estado de salud de la exmandataria”, aseguró Guillén.
Con Áñez suman más de 40 detenidos de forma preventiva, entre los cuales figuran dos exministros, así como exfuncionarios, militares y policías por el estallido social de noviembre de 2019. El reclamo de la población llevó a renunciar al entonces presidente Evo Morales, quien había iniciado su cuarto período constitucional luego de celebrar unas elecciones catalogadas como amañadas y fraudulentas. El partido de gobierno sostiene que se trató de un supuesto “golpe de Estado”.
Durante las protestas callejeras murieron 37 personas. Una investigación internacional determinó que una veintena de ellas perdió la vida por la represión violenta de las fuerzas del orden, cuando Áñez asumió interinamente le poder con la misión de pacificar el país y llamar a nuevos comicios, que fueron ganados por el actual presidente Luis Arce en octubre de 2020.
Sobre el mismo caso, la Fiscalía citó recientemente a varios líderes opositores. La oposición acusa al gobierno de haber desatado una “persecución judicial”.
Fuente: Diario las Américas
Con Áñez suman más de 40 detenidos de forma preventiva, entre los cuales figuran dos exministros, así como exfuncionarios, militares y policías por el estallido social de noviembre de 2019. El reclamo de la población llevó a renunciar al entonces presidente Evo Morales, quien había iniciado su cuarto período constitucional luego de celebrar unas elecciones catalogadas como amañadas y fraudulentas. El partido de gobierno sostiene que se trató de un supuesto “golpe de Estado”.
Durante las protestas callejeras murieron 37 personas. Una investigación internacional determinó que una veintena de ellas perdió la vida por la represión violenta de las fuerzas del orden, cuando Áñez asumió interinamente le poder con la misión de pacificar el país y llamar a nuevos comicios, que fueron ganados por el actual presidente Luis Arce en octubre de 2020.
Sobre el mismo caso, la Fiscalía citó recientemente a varios líderes opositores. La oposición acusa al gobierno de haber desatado una “persecución judicial”.
Fuente: Diario las Américas