Joe Biden se tragará sus críticas a Donald Trump por las restricciones que impuso el republicano durante su mandato a la migración irregular. También engullirá sus excusas por derogar los decretos que controlaban la entrada de migrantes por la frontera sur y garantizaba el funcionamiento del sistema migratorio, ya que ahora, el primer mandatario demócrata deberá acatar la orden de la Corte Suprema estadounidense de reactivar el programa “Quédate en México” que obliga a los solicitantes de asilo a esperar respuesta del lado mexicano.
“El fallo llega en medio de una fuerte crecida del flujo de migrantes y con una complicada negociación ya abierta entre ambos países para definir un plan conjunto en Centroamérica”, apunta El País, que destaca además que la situación “añade más presión diplomática” frente al aumento de los cruces irregulares que alcanzaron el pico más alto en 21 años con 212.672 registros al cierre de julio, de acuerdo con el balance de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés).
Es un aumento desproporcionado si se toma en cuenta que en enero de este año —cuando Joe Biden asumió el poder— el número de migrantes ilegales que cruzó la frontera se ubicaba en apenas 78417. El mandatario atribuyó los primeros picos a un tema «estacional». En marzo pasado dijo que esto «sucede todos los años», desestimando cifras que alarmaban a la Patrulla Fronteriza y a congresistas republicanos.
Reunión decisiva
Los números llevaron a los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador a pautar una reunión para el próximo jueves 9 de septiembre en Washington, en lo que se considera una cita de “alto nivel”.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, participarán en esta cita que significará el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y la Casa Blanca.
Asuntos comerciales, económicos pero sobre todo migratorios estarán sobre la mesa porque el Supremo norteamericano incluye explícitamente a México en su decisión al reconocer que se trata de un plan binacional que no puede ser aplicado unilateralmente por Estados Unidos y necesita de la colaboración del vecino del sur.
Entre dudas y estrategias
La primera respuesta de México ante la reactivación del programa es ambigua. Por un lado, López Obrador parecía apostar por plegarse a la decisión al declarar que “siempre” procurará tener una “muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos”. Por otro lado, la Cancillería emitió un comunicado subrayando que “una decisión judicial de ese tipo no obliga a México, y que la política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”.
La posición de Exteriores se basa en el hecho de que México celebró en junio el desmantelamiento del programa, que simbolizó un giro en el abordaje de la migración en sintonía con la postura de México que apela a “la cooperación internacional con programas sociales en los países de origen”.
Pero esto es sólo parte del discurso. Puertas adentro, la realidad es otra. El pronóstico de esta reunión apunta a que México continuará con la política migratoria priorizando el control de fronteras y la seguridad más allá de los problemas humanitarios. Tiene pocos incentivos para hacerlo. Las críticas de la sociedad civil apenas suponen costos políticos. México optará por facilitarle las cosas a Estados Unidos a cambio de contraprestaciones.
La abogada y directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Gretchen Kuhner, cree que “la prioridad de México por razones económicas es la reapertura de la frontera que lleva cerrada por vía terrestre más de un año, salvo para residentes o casos especiales y la entrega de vacunas. Por eso va a hacer lo que sea en cuanto a contención a cambio de conseguir sus objetivos”.
Escenario con restricciones
Desde el día siguiente al fallo del Supremo estadounidense, el 24 de agosto, comenzaron de nuevo las trabas en la frontera cuando se declaró que se suspendían nuevos ingresos y se paralizaban las solicitudes de asilo ya en marcha. En paralelo, Washington decidió a principios de agosto extender indefinidamente el llamado Título 42, una excepción que por razones sanitarias permite la deportación inmediata de migrantes sin trámite alguno.
Organizaciones como Human Rights Watch han constatado abusos sistemáticos por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos contra los más de 7000 solicitantes de asilo enviados a México desde enero de 2019. Del total de solicitudes, tan solo 1 % han sido admitidas por Estados Unidos.
La alta comisionada de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Gillian Triggs, denunció una “presión sin precedentes” sobre los migrantes. Unas declaraciones que coincidieron con los videos de funcionarios mexicanos arrinconando y maltratando a los miembros de la enésima caravana que trataba de avanzar hacia el norte desde Chiapas.
Unas imágenes que contradicen los discursos y los planes sociales del gobierno mexicano, que arrancó lanzando un histórico programa de permisos temporales de trabajo y residencia para los migrantes.
Fuente: PanamPost